El operativo de desalojo en la Casa de Santa Cruz, dictaminado por el gobierno para dejar sin techo a 110 familias y que fue frenado gracias a la lucha popular, dejó al descubierto a un régimen capitalista corrupto que se llena los bolsillos a costa de la necesidad de vivienda de miles de familias pobres. Se conoció que Leonardo Ratuschny, empresario conocido por gerenciar hoteles familiares que alojan a personas en situación de vulnerabilidad y dueño del edificio en cuestión, opera en el mercado inmobiliario comprando inmuebles enormes y a un costo mínimo irrisorio por estar próximos a ser desalojados, haciendo un negocio redondo.

El mismo consiste en que Ratuschny percibe un subsidio por parte del Estado por cada persona que habita el inmueble, pese a que fue denunciado por “inflar” la cifra de alojados. Según testimonios de los residentes, este propietario intentó cobrarles un alquiler a las familias, luego les ofreció venderles la torre en un valor veinte veces mayor al cual había adquirido el lugar y, finalmente, eligió avanzar con el inicio de una demanda por desalojo ante el Juzgado en lo Civil 60, donde quedó radicado el caso hasta la actualidad (Télam, 31/10/2023). Esta operación parece que es sistemática en los negocios de Ratuschny ya que aparece como demandante en múltiples juicios por desalojo.

El negocio no termina ahí, una vez liberadas las propiedades son puestas a disposición del gobierno de la Ciudad para los programas habitacionales, lo que desnuda que el entramado corrupto se articula fundamentalmente bajo la connivencia e injerencia plena del poder político.

Así, los capitalistas se llenan los bolsillos a costa de los sin techo, mientras extorsionan a familias pobres valiéndose de sus necesidad de vivienda y los terminan dejando en la calle gracias a la complicidad estatal. Esta última está motorizada por la especulación inmobiliaria, en detrimento de las necesidades de la población, con un código urbanístico a medida de las constructoras, la privatización de las tierras e inmuebles públicos, que incluyó la entrega de tierras a la empresa IRSA para establecer un megaemprendimiento de torres de lujo y shoppings(en complicidad con el peronismo), el impulso a Airbnb y el alquiler temporario.

Es por esta orientación que los desalojos son moneda corriente en la Ciudad. En medio de una crisis habitacional, el PRO aplica una política expulsiva contra los trabajadores que solo beneficia a sus amigos empresarios. Seguiremos luchando por el derecho a la vivienda y en defensa de la permanencia de las 110 familias de la Casa de Santa Cruz. Exigimos el tratamiento del proyecto presentado por las familias que habitan el edificio, y acompañado por Gabriel Solano, legislador por el Frente de Izquierda Unidad, en la Legislatura porteña, para garantizarle un techo a las familias trabajadoras.

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