En un escenario escandaloso, con dictamen de mayoría que se ocultó hasta el momento de firmarlo, finalmente el gobierno consiguió que su Ley Bases vaya al recinto de Diputados el lunes 29, luego de varios meses de fracasos y crisis. La llamada “oposición dialoguista” integrada por radicales, peronistas disidentes, la Coalición Cívica y otros, confluyeron en un frente común con libertarios y macristas cuyo eje central es la agenda de la burguesía contra las masas.

Como planteó la diputada Romina Del Plá en el plenario de comisiones, “este maridaje de La Libertad Avanza y la oposición colaboracionista está alumbrando la legislación más antiobrera y antipopular de la que haya memoria. Si antes dijimos que el Pacto de Mayo eran los diez mandamientos del gran capital, esta es la Biblia de las patronales, que son los que se llevan todos los beneficios”.

Romina definió al paquete fiscal como “festival de beneficios” solo para los empresarios, quienes podrán condonar deudas y blanquear dinero fugado, y para quienes establece un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con ventajas impositivas fenomenales; al punto que el Gafi, máxima autoridad financiera global, advierte que Argentina se convertiría en un paraíso fiscal para el lavado de dinero narco. Todo, mientras la población trabajadora seguirá sufriendo el yugo del IVA, del regresado impuesto al salario y de los tarifazos a repetición.

Como contrapartida, más allá de los recortes que sufrió el capitulo de “modernización laboral”, lo central del ataque a la clase obrera queda en pié. Las patronales festejan la anulación de multas por trabajo no registrado, la extensión del período de prueba hasta  8 meses (un año para las empresas pequeñas) si los sindicatos lo habilitan y seis meses como mínimo, se habilita el sistema Uocra para las indemnizaciones (para acordarlo, decidieron no tocar ninguna caja de la burocracia sindical). lo cual elimina todo vestigio de estabilidad laboral, y aunque se incorpore en los convenios para nuevos trabajadores va a producir una sangría de despidos y falsos retiros para emplear trabajadores sin estabilidad. Para los empleados estatales de planta permanente se eliminan derechos en función de que sean declarados sobrantes. Se legaliza lo que hasta ahora es el fraude laboral del monotributo y los contratos de trabajadores con la figura del “colaborador” en empresas de hasta 5 trabajadores, un retorno al siglo XIX dando un enorme salto en la precarización laboral mediante estos mecanismos. Además, terrible golpe a la Anses porque todo eso es sin los aportes de seguridad social de ley.

Para los jubilados, víctimas principales de la licuadora libertaria, se suma el remate buitre del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se priva de la moratoria a millones de trabajadores que venían pagando lo que sus empleadores no aportaron a las cajas -a quienes sí se los exonera de toda deuda.

No es un reforma light. En un clima convulsionado por la gigantesca movilización en apoyo a la educación de las 48 horas previas y con una agenda de lucha que incluye el 1° de mayo, el paro de la CGT a la que ahora se le agrega la convocatoria este lunes 29 de todos los sectores en lucha para impedir que el dictamen se transforme en ley en el recinto, han dejado de lado algunos artículos del nefasto proyecto radical que reproducía el mega DNU. Pero se ataca de lleno la reinstalación de aquellos despidos de delegados o activistas que constituyen persecución patronal lo cual es un ataque vertebral a las organizaciones obreras y en particular a la organización fabril y de los lugares de trabajo.

En el contexto de una fuerte movilización de los trabajadores del Banco Nación en la puerta del Congreso, repentinamente se excluyó a la entidad bancaria de la lista de empresas a privatizar -aunque dejando la puerta abierta para ello. Algo similar ocurrió con el capítulo que contenía la esencialidad antihuelga en educación y en casi cualquier actividad productiva y de servicios. Pero esto no justifica pasividad alguna de las centrales, al contrario, la CGT y las CTAs deberían estar convocando un paro activo y rodear el Congreso contra esta ley que ataca de lleno a los trabajadores.

El “éxito” libertario quiere ser presentado como un síntoma de fortalecimiento de Milei. Ante todo parece un salvavidas que le tira la clase capitalista a un gobierno cada vez más jaqueado por la lucha popular. La multitudinaria marcha educativa aceleró los tiempos y postergó las divergencias que habían hecho naufragar la Ley Ómnibus.

Es bueno recordar que con la movilización popular hemos hecho fracasar otros acuerdos antiobrero, como sucedió con la reforma laboral de Macri luego del masivo rechazo al robo a los jubilados en diciembre de 2017. Fue el principio del fin para el macrismo, como resultado de la movilización de 300 mil personas reprimidas por las tropas de Bullrich.

Crecen las adhesiones de los movimientos de lucha piqueteros, de los sindicatos e internas combativas, de los movimientos de jubilados, de estudiantes y docentes a movilizarse para impedir este ataque histórico a los trabajadores.

Todos al Congreso el 29.

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