Juntos por el Cambio quiere convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar la ley de alquileres, que rige desde el año 2020. Desde el Frente de Todos también se está confeccionando un nuevo proyecto. Con el pretexto de resolver la escasa oferta de alquileres y de los altos costos de los mismos, lo que se discute es cómo atender las exigencias de capital inmobiliario.

La Ley de Alquileres ha demostrado ser un completo fracaso, y es cuestionada tanto por los propietarios como por los inquilinos. Juntos por el Cambio busca derogar la ley para liberalizar el mercado de alquileres y que éste se “autoregule”, mientras el Frente de Todos busca algún punto medio para flexibilizar la ley actual, pero se frustró la mesa de negociación que convocó entre inquilinos y propietarios. Esto era lo esperable, de la misma forma que fracasó en el intento de conciliar los intereses entre precios y salarios. Lo que busca el gobierno es encubrir el lobby inmobiliario por la desregulación del mercado de alquileres.

Lo que vemos es un choque de intereses antagónicos e irreconciliables entre locadores y locatarios, que es una expresión más de la crisis económica en curso. Mientras los primeros demandan volver a acuerdos de locación bianuales, con aumentos semestrales, descontando tasas e impuestos y con mayores libertades, los segundos reclaman por mayor previsibilidad, oferta de inmuebles y regulación y control del mercado. Confrontan quienes defienden el lucro capitalista en materia de vivienda, y los inquilinos que reclaman un alquiler acorde a su nivel de ingresos.

La falta de oferta de propiedades en alquiler aumenta los precios a pagar por los mismos (que aún así no son suficientes para los propietarios). Si se analizan los incrementos interanuales, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aumentó 58,3%. En los departamentos de dos ambientes la suba fue de 60,7% y de 75% y en los de 3 ambientes. A esto se le suma la corrida inflacionaria, la caída abrupta del salario real y el ajuste que golpea cada uno de los bolsillos de las familias trabajadoras, y que ha hecho crecer aún más la crisis habitacional preexistente. Los propietarios, por otro lado, sacan sus inmuebles de la oferta porque alquilarlos no les resulta rentable, derivando en el pasaje de los inmuebles a la venta y achicando la oferta de inmuebles en alquiler, aumentando la presión sobre estos y por ende los precios.

Mientras el FMI reclama devaluaciones y el gobierno las utiliza para licuar los salarios y la deuda en pesos, la valuación en dólares de las propiedades va en franco descenso (producto también de la escasez de ventas). En este sentido, el capital inmobiliario se dedica a construir complejos lujosos, que en muchos casos quedan inhabitados, y funcionan únicamente como reserva de valor. Esta especulación eleva el precio del metro cuadrado, repercutiendo directamente en el precio que paga el inquilino. Por lo tanto, la propuesta de Juntos por el Cambio de derogar la ley (alegando falsamente que, de esta forma, habría más propiedades en venta) es una impostura. El capital inmobiliario seguirá especulando para resguardar el valor de sus propiedades, a la espera de futuras devaluaciones.

Es preciso organizarnos de manera independiente para luchar por el derecho a la vivienda y por una salida a la crisis habitacional, donde los contratos de locación deberán adecuarse a los ingresos familiares. Por un salario mínimo por encima de la canasta familiar y contra el pacto ajustador del gobierno con el FMI que va a acentuar el ajuste en materia de obra pública y vivienda. Debe desgravarse de todo impuesto a la vivienda única y los alquileres, y gravar la especulación inmobiliaria y la vivienda ociosa de forma progresiva y permanente. Que la crisis la paguen los capitalistas.

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