Finalmente, el gobierno de los Fernández habría definido no continuar con la ley de promoción a la producción de biocombustibles. El lunes 22 el oficialismo convocó a la Comisión de Energía de Diputados, con la presencia del secretario Darío Martínez, en la cual si bien no se presento un proyecto oficial se hizo circular un borrador sin firma en el que se propone una nueva regulación. Esto puso en alarma al capital agrario y a su importante lobby sobre el Congreso y varios gobiernos provinciales.

En la reunión de comisión, Martínez expresó que “esta es una Argentina distinta de la de 2006. Y por eso el régimen tiene que tener en cuenta a la Argentina que tenemos en este momento. Si avanzamos en la misma norma, seguramente no tendremos en cuenta esta realidad”. Se trata de un giro total del gobierno, ya que el Senado había aprobado por unanimidad la prórroga del actual régimen de incentivos a los biocombustibles en octubre.

La cuestión principal es el enfrentamiento entre las petroleras y el capital agrario, en torno a los porcentajes de corte de los combustibles. La ley 26.093 votada en 2006, que vence el 12 de mayo, establece la obligación de que cada litro de nafta contenga un 12% de bioetanol (derivado de la caña de azúcar y del maíz), y en el gasoil un 10% de biodiesel (derivado de la soja). El gobierno pretende bajar esos porcentajes al 7,5% y al 5%, respectivamente, luego de una intensa presión de los pulpos de los hidrocarburos y en medio de naftazos sucesivos.

El lobby agrario necesitaría reunir a 129 diputados que den quorum para sancionar la prórroga ya votada en el Senado. Quienes se pusieron a la cabeza de esta cruzada han sido los diputados del bloque Federal, en primer lugar los diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti. Con ese objetivo han convocado a una sesión especial de Diputados para el próximo jueves, que contaría con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero sin votos del oficialismo no está el número necesario.

El gobierno ha reforzado la presión sobre su bloque para evitar divisiones, pero la situación es muy delicada en provincias como Tucumán y Santa Fe, donde hay grandes inversiones en biocombustibles y las empresas de la agroindustria amenazan con serias consecuencias si no continúan los beneficios. Como contrapeso actúan los gobernadores de las provincias petroleras; la diputada del neuquino MPN, Alma Sapag, alegó que “en un año el barril de petróleo cayó de 100 a 64 dólares, mientras la tonelada de soja creció de 326 a 520 dólares (…) Debemos ver el beneficio para todos los sectores del país”.

Habrá que seguir hasta dónde asciende la crisis, pero las bases para un mayor enfrentamiento ya están puestas. Cuando Néstor Kirchner impulsó la Ley de Promoción de Biocombustibles nos encontrábamos en una etapa de alza de los precios de los commodities. Luego Argentina llegó a exportar a Estados Unidos 1.200 millones de dólares anuales hasta que en 2017 Trump impuso aranceles del 57% a las exportaciones argentinas y las elevó luego al 130%, para quedar en 2020 establecidas en el 74%. Un informe muestra que en los últimos años la demanda interna se ha quedado con el 43% del biodiesel y la totalidad del bioetanol, ante lo cual la expectativa de los pulpos agrícolas estaba centrada en el aumento del porcentaje de corte.

Pero eso choca con la pretensión del gobierno de que las petroleras incrementen la producción de hidrocarburos, para achicar el déficit energético y evitar mayor fuga de divisas que consuma el superávit comercial. Para ello lanzó el Plan GasAr de subsidios millonarios a los pulpos, habilita naftazos permanentes y ahora quiere recortar el porcentaje de biocombustibles. Pero eso no revierte la huelga de inversiones, motivo por el cual se calcula traer del exterior el 26% de la demanda invernal de gas.

Esto cuando la caída de los precios internacionales del petróleo en los últimos años cuestiona la rentabilidad que esperaban las empresas del fracking en Vaca Muerta -cuyos costos son superiores a los de Estados Unidos. La crisis petrolera afecta de lleno a YPF, que acapara el 60% del mercado interno de Argentina y viene sufriendo pérdidas permanentes, lo cual se expresa en una cotización bursátil que se sitúa en el cuarto de lo que valía hace dos años y en una ruinosa renegociación de su deuda corporativa.

Esta disputa intercapitalista se descarga sobre la población trabajadora, mediante tarifazos e incesantes subas en los precios de los combustibles. Esto porque los pulpos petroleros y el capital agrario, y los gobiernos, abordan la cuestión energética como un gran negociado en manos de multinacionales y grandes empresas locales, que debe ser estimulada con paquetes de beneficios impositivos otorgados a libro cerrado, sin dimensión alguna de los costos de producción.

La única salida popular a esta crisis es la nacionalización integral de la industria energética, sin indemnizaciones a los vaciadores, y su puesta en funcionamiento bajo control obrero. Ello debe ser acompañado con otras medidas igualmente vitales como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para encarar un plan de desarrollo nacional.

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