Políticas
15/8/2024
Lo que no Sube, vuela: otro boletazo en el transporte público y negocios para Galperín “con la nuestra”
El gobierno liquida la Red SUBE y habilita el juego para los bancos y fintechs.
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Red SUBE.
El gobierno nacional informó que dejará de financiar el boleto integrado de la Red SUBE, a partir del mes de septiembre, para los colectivos que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y en CABA, trenes y Metrobus. La medida implica aumentos en las tarifas de transporte superiores al 40%, mientras se encuentra pendiente el impacto de otras subas, y se suma a la habilitación del negocio de pagos a bancos privados y fintech amigas, como Mercado Pago de Galperin.
La Red SUBE implica descuentos en el segundo y tercer boleto, del 50% (primero) y 75% (segundo), para quienes deben tomar dos o más transporte en el recorrido habitual a su lugar de trabajo o estudio, haciendo más “accesible” la movilidad de millones de trabajadores y estudiantes, ante las subas reiterativas e indiscriminadas en el transporte público.
El gobierno busca desentenderse del financiamiento de recursos por un total de $8.000 millones mensuales, sin tampoco auditar fehacientemente a las empresas de transporte público destinatarias de subsidios millonarios y un servicio cada vez más deficiente.
El transporte público se está convirtiendo en un servicio prohibitivo para los trabajadores. Solo el pasaje de colectivo aumentó un 600% en el Amba desde la asunción presidencial de Javier Mlei, mientras esperan por aplicarse aumentos postergados del orden del 32,5% (por actualización automática) debido al temor por un impacto negativo en el humor social.
La Red SUBE se mantendrá en un puñado de líneas pertenecientes a la jurisdicción nacional del Amba, aunque tampoco se descarta el impacto de otras subas en este sector, que se combinan con aumentos fuertes en el Subte y en los trenes.
Al tiempo que el gobierno de Javier Milei condena a los trabajadores a pagar un transporte cada vez más caro y deficiente, se habilita a los empresarios y banqueros a acceder al negocio de los pagos del transporte: un objetivo de algunos amigos de Milei , como el propio Marcos Galperin de Mercado Pago (Mercado Libre).
En este punto existe una disputa intercapitalista por la modalidad de la aplicación de pagos del transporte público alternativos a la Tarjeta SUBE, que podrían inclinar el dominio del sector para un u otro lado, dependiendo del uso de tarjetas o QR. Eso sí, todos los interesados señalan que la inversión para adaptar las unidades de transporte al nuevo sistema de pago debería hacerse desde el Estado… “con la nuestra”.
Para desentenderse de las consecuencias ruinosas de este nuevo ajuste sobre los trabajadores, el gobierno nacional insta a la provincia de Buenos Aires y a CABA a que estos se hagan cargo de financiar la Red SUBE. Algo que estos adelantaron que no harán. Más aún, desde Nación insisten en que CABA se haga cargo de la totalidad del subsidio para cubrir la diferencia entre el boleto actual y las pretensiones de las patronales del sector, lo que anticipa futuros aumentazos n la ciudad.
Cabe agregar que por más que la cuestión se circunscriba al territorio del Amba estamos hablando de un universo de 9 millones de viajes diarios, de los cuales más de 2 millones son afectados por el viaje integrado, ida y vuelta.
El gobierno avanza con este ajuste a pesar de que se trata de montos cubiertos por el presupuesto y sin realizar ningún tipo de auditoria sobre las empresas concesionarias del servicio público de transporte, lo que representa el apoyo a todas las maniobras patronales para aumentar sus ganancias contra los bolsillos de los trabajadores.
Cada vez son más los trabajadores que caminan decenas de cuadras para ahorrarse un boleto, se pasan a medios alternativos de transporte o reducen el ámbito territorial de sus búsquedas laborales por lo costoso del transporte. El gobierno, con cada medida, separa más y más a los trabajadores del trabajo, aumentando la pobreza y la desocupación.
Hay que enfrentar esta política de aumentazos partiendo de la intervención de toda la cadena de transporte público para determinar sus costos operativos reales y garantizar el transporte de millones de trabajadores, estudiantes y la población en general.
