El comunicado oficial emitido tras el acuerdo alcanzado con el FMI da algunos indicios de cómo será el cuadro tarifario en 2022 y 2023. Los aumentos se diferenciarán según tres niveles, sin embargo, no hay precisiones sobre cuál es el grupo poblacional incluido en cada uno de ellos, con lo que la incertidumbre acerca de cuánto nos subirán los servicios es total.

Se confirmó finalmente la introducción de una fórmula para actualizar las tarifas basada en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, asegurando así que año a año tendremos nuevos aumentos. Atrás quedó la promesa gubernamental de fijar una suba generalizada del 20% para todo el año.

Los niveles mencionados en el comunicado son los siguientes: por un lado, el de aquellos usuarios con mayor poder adquisitivo que tendrán una quita completa de subsidios en su tarifa; allí los aumentos podrían rondar el 200% según algunos cálculos. En segundo lugar, el que contiene a los beneficiarios de la tarifa social quienes tendrán subas equivalentes al 40% del CVS, es decir, del 21,4%. Por último, el que afecta al resto de la población, con incrementos en la luz y en el gas por el 80% del CVS, o sea, del 42,7%. A su vez, el texto no brinda información alguna sobre cómo será el tarifazo sobre los usuarios no residenciales. Con este plan, el gobierno espera ahorrarse USD 3.000 millones en subsidios energéticos.

Ahora bien, el criterio para definir qué usuarios estarán comprendidos en cada uno de esos niveles lo resolverá la nueva audiencia pública convocada para abril, con lo cual, salvo las personas que están anotadas en la tarifa social, el resto no tiene forma de saber qué tipo de aumento le atañe. La segmentación por zonas geográficas presentada por el Enre apenas involucra algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires y solo se refiere a la electricidad, con lo que lejos está de ser el esquema definitivo.

Es importante mencionar que si un trabajador percibe un ingreso superior a $66.000 (dos salarios mínimos) no aplica para ser beneficiario de la tarifa social, a pesar de que la línea de pobreza se ubique en los $78.624. Entonces existen personas que aún siendo pobres deberán afrontar, en el mejor de los casos, aumentos del 42,7% en los servicios. Y no se descarta que pasen a abonar la tarifa “plena” (sin subsidios) de acuerdo a cómo se concrete la segmentación.

Para agregarle más preocupaciones a las familias trabajadoras, el gobierno no se priva de aclarar en el comunicado que en el futuro buscará “fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”, insinuando que a partir del 2024 se ampliará la cantidad de usuarios con quitas de subsidios en su factura. Sin lugar a dudas, las revisiones trimestrales del FMI sobre las cuentas públicas para medir la evolución del ajuste tendrán un papel determinante a la hora de “rediseñar” la segmentación tarifaria.

Así las cosas, la meta fondomonetarista de reducir los subsidios energéticos un 0,6% del PBI será costeada por los trabajadores a través de tarifazos. Como contrapartida, las petroleras y empresas de energía que se beneficiaron a partir de dichas transferencias estatales no se verán perjudicadas ya que los platos rotos lo pagarán los usuarios. Por el contrario, el texto oficial sobre el acuerdo con el Fondo habla de un “plan energético” para disminuir la importación de energía en un contexto de alza en los precios internacionales del gas acicateada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El mismo consiste en  “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable”. En pos de avanzar en esa dirección podemos adelantar que las prebendas hacia las patronales del sector estarán a la orden de día.

Debemos enfrentar este nuevo golpe al bolsillo popular y exigir la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales y constatar a dónde fueron a parar los subsidios millonarios recibidos todos estos años y las ganancias obtenidas para luego fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Mientras tanto, es preciso luchar por aumentos salariales indexados a la inflación y un salario mínimo de $130 mil. Lo anterior como medidas transitorias hacia la nacionalización bajo control obrero de la industria energética, en función de desarrollar país y dar respuestas a las demandas del pueblo. Derrotemos el acuerdo con el FMI, que solo traerá más privaciones a la población trabajadora.