Luego de que se conociera que hay 18 millones y medio de pobres en el país, y que el gobierno reconoció que esto es producto de la inflación, arranca abril con todos los aumentos que habilitó el gobierno, lo cual desnuda que es el principal formador de precios. Entre ellos se encuentran las prepagas, transporte público y colegios privados. Además, continua la quita de subsidio a las tarifas de luz para los usuarios del AMBA, con el objetivo de avanzar en el ajuste fiscal que impone el FMI, y vencen acuerdos de Precios Justos, como el caso de las naftas. Continúan avanzando contra el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas de electricidad tendrán un doble aumento en el AMBA durante el mes de abril, puesto que la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, autorizó aumentos en el precio de distribución, para Edesur y Edenor, y continuará el esquema de quita de subsidios. Por lo tanto, las tarifas subirán alrededor de 35% a partir del consumo de abril. Todo esto cuando venimos de un marzo lleno de cortes y piquetes por el paupérrimo servicio de luz que dejó a miles y miles de usuarios sin suministro.

En tanto, el transporte público percibirá un aumento de 6,7% según la nueva fórmula de actualización mensual que regirá hasta junio y que se ajusta según el índice de inflación. Así el boleto mínimo de colectivo en el AMBA a partir del cuarto mes del año costará $39,58 y el del tren oscilará entre $19,22 y $24,88, según la línea. Los alquileres se renovarán con un aumento del 92,5%. Las prepagas, por su parte, percibirán un incremento del 2,36% para todos los afiliados y los colegios privados aumentarán su cuota en un 3,35%.

En paralelo, el gobierno estipuló el salario mínimo en $69.500, lo que lo mantiene por debajo de la línea de indigencia al igual que la jubilación mínima, la cual se ubica en $58.665. A su vez proyecta una inflación anual del 60% e impulsa topes paritarios en el mismo sentido, algo que la burocracia sindical cumple a rajatabla, cuando ya los índices inflacionarios desmienten esas proyecciones.

De esta manera la inflación continúa licuando los ingresos de la población, la cual ve cada vez más restringida su capacidad básica de consumo. Como consecuencia, muchas familias nisiquiera pueden abastecer la totalidad de sus necesidades básicas, puesto que a estos aumentos se agrega también la disparada en el precio de los alimentos, algo que muchos trabajadores tratan de combatir mediante el endeudamiento con tarjetas de crédito. Ahora además el gobierno va a anunciar un nuevo tipo de cambio diferencial para el agro que también va a repercutir en el precio de los alimentos.

Cabe destacar que la inflación también licúa los gastos fiscales y al mismo tiempo favorece la recaudación vía impuestos al consumo, una herramienta dispuesta al servicio del déficit fiscal que impone el Fondo Monetario. Este ajuste, entonces, se retroalimenta en perjuicio de los consumidores.

Las políticas inflacionarias del gobierno tiene a los trabajadores como sus principales víctimas. Hay que luchar por romper el techo salarial que Massa y la burocracia sindical están pactando, y por una recomposición general de los salarios que permita garantizar el acceso a todos los bienes y servicios necesarios para el bienestar de las familias obreras.

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