A contramano de la situación que atraviesan los trabajadores y jubilados, cada vez más asediados por la pobreza, en el primer trimestre 2024 los bancos en Argentina acumularon ganancias récord. Obtuvieron los mejores balances de los últimos catorce años como consecuencia de un gobierno empeñado en beneficiarlos en desmedro del pueblo.

Según la consultora Econviews, las entidades financieras del país registraron ganancias por $2,42 billones en los primeros tres meses del año (calculado en pesos de marzo 2024). La política del oficialismo de reducir las tasas de interés fue decisiva en este resultado. Sucede que mientras los bancos siguen cobrando préstamos que fueron pactados a tasas más altas que las actuales, pagan por los plazos fijos intereses más bajos. Finalmente, Milei, lejos de destruir al Banco Central como vociferaba en campaña, se vale de esta entidad para regular las tasas de referencia en favor de los bancos.

Aquí tenemos, por un lado, usura contra quienes contrajeron un crédito para hacer arreglos en la casa, o bien, abrir algún emprendimiento, y, por el otro, licuación de los ahorros de aquellas familias trabajadoras que depositaron dinero en plazo fijo. Con la última reducción de tasas, el plazo fijo rinde 2,5% efectivo mensual como máximo, quedando por detrás de la inflación. Así, se deprecia el dinero de los depositantes, atrapados en el peso por el cepo cambiario. Como vemos, el gobierno de Milei, que enaltece el derecho a la propiedad privada por sobre todas las cosas, produce una enorme confiscación sobre la propiedad privada de los pequeños ahorristas para transferirle esos recursos a la banca.

Por otra parte, los bancos tienen en su poder al menos $54,5 billones en títulos del Tesoro (según el último dato disponible de febrero 2024) -el equivalente al 35,6% del total de sus activos-, y reciben por ellos rendimientos asombrosos, dado que la mayoría de esos bonos está indexado a la inflación o a la evolución del dólar. Sin ir más lejos, durante el primer cuatrimestre, el Estado gastó $511 mil millones en concepto de intereses de deuda pública nominada en moneda local, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Una bicicleta financiera que costeamos los trabajadores con nuestros impuestos, mientras se desenvuelve un feroz ajuste contra las jubilaciones, asistencia social, salud y educación. Es decir, estamos en presencia de una enorme transferencia de ingresos desde los bolsillos de los laburantes al de los especuladores.

Recordemos que el gobierno colabora en crear una montaña de deuda pública en pesos con costos usurarios para el país, desde el momento que incentiva a los bancos para que trasladen sus tenencias del Banco Central al Tesoro. Les ofrece para ello un seguro de liquidez del BCRA (puts), cuyo stock en manos de los bancos ya asciende a $20,5 billones. Por lo tanto, si deciden desprenderse de los bonos del Tesoro, la autoridad monetaria deberá recurrir a una emisión descomunal para recomprarlos, desatando una corrida cambiaria de enormes dimensiones, con consecuencias hiperinflacionarias que pagaremos los trabajadores.

A todas luces, el gobierno blinda a los bancos frente a cualquier eventualidad para garantizar que nunca salgan perjudicados: les otorga bonos duales que les brinda cobertura ante una devaluación o estampida inflacionaria; si el Tesoro defaultea su deuda, el Banco Central se compromete a pagarles emitiendo billetes. En cambio, desvaloriza de un plumazo los magros ahorros de la población trabajadora que tanto esfuerzo le costó reunir.

Es necesario nacionalizar bajo control obrero todo el sistema financiero, para que este recurso estratégico deje de estar al servicio del lucro de un puñado de parásitos y se oriente al desarrollo industrial del país y al beneficio de las mayorías populares.

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