Políticas
19/8/2024
Los dislates en la disputa reprivatizadora de las hidroeléctricas del Comahue
Un tironeo entre entregadores.
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El negocio hidroeléctrico en Neuquén.
En la Legislatura de Neuquén se produjo un hecho muy curioso. El mismo día, con apenas horas de diferencia, se presentaron dos proyecto “opuestos”, que destilan un alto nivel de hipocresía, demagogia y especulación política, sobre los proyectos hídricos en la región.
Uno de parte del MPN saludando el acuerdo alcanzado por los gobernadores de Neuquén y Río Negro con el secretario de Energía de la Nación por el cual ambas provincias tendrían “una participación activa en el diseño del concurso que definirá el futuro de las represas en el río Limay”, y caracteriza a dicho acuerdo como un “paso adelante en la defensa de los recursos de los neuquinos” ya que garantiza participación provincial en la definición de “temas cruciales como el uso y plan de manejo del agua, las regalías, los aspectos ambientales, y la participación accionaria”.
Este proyecto del MPN reproduce casi textual el comunicado del gobierno neuquino publicado en el boletín de prensa oficial el 13 de agosto.
El otro proyecto dice exactamente lo contrario. Presentado por el bloque de UCR-JxC, afirma que “excluye a las provincias” y reclama que las mismas “no pueden ser convidados de piedra”, y refiere a que el decreto presidencial 718/2024 (publicado en el Boletín Oficial de Nación el 12 de agosto) deja a las provincias con la ñata contra el vidrio en cualquier cuestión sobre las hidroeléctricas.
El dominio originario
El proyecto del MPN festeja “la gestión de los recursos hídricos y energéticos” de parte de las provincias, y el de la UCR-JxC alude que no se respeta el “artículo 124 de la Constitución Nacional”.
¿Que sería la gestión de los recursos hídricos o energéticos para el MPN? En este sentido solo hay que recordar que fue en nombre de tal gestión soberana que el gobierno del MPN y la Legislatura de Neuquén, tras varias horas de represión que incluyó balas de plomo, impuso el mentado pacto secreto de YPF S.A. con Chevrón como la primera gran manifestación de la entrega de Vaca Muerta.
Y para la UCR-JxC, que integra el gobierno nacional, se debería respetar que “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio corresponde a las provincias” (art. 124º). Una demagogia constitucional que, por ejemplo, Néstor Kirchner colocó en la llamada “ley corta” de hidrocarburos, la N.º 26.197 (art. 2º).
Algo que no altera para nada que los hidrocarburos extraídos pertenecen real y legalmente al dominio de las empresas que lo extrajeron, y no a la Nación o las provincias (art. 6º ley madre de hidrocarburos, N.º 17.319).
Por lo tanto, ambos proyectos, aunque se contraponen entre sí, no tienen la menor oposición respecto a la política sobre los recursos energéticos (hídricos en este caso) que los Estados aplican desde siempre.
Milei deja a los gobernadores como cortesanos complacientes
Es que el decreto 718/2024 firmado por Milei, Francos y Caputo, que abre la reprivatización de las centrales hidroeléctricas, represas, embalses y obras anexas de Alicurá, Piedra del Aguila, Chocón-Arroyito sobre el río Limay y de Cerros Colorados sobre el río Neuquén, no deja el menor resquicio de alguna ingerencia de los estados provinciales en ese proceso de reprivatización y de relación con los futuros concesionarios.
El decreto mileísta trata de disimular, a través de un tortuoso mecanismo burocrático, que el concurso de reprivatización de las concesiones incluye la venta a los nuevos concesionarios del paquete mayoritario de las acciones sobre cada complejo hidroeléctrico concesionado.
El artículo 6º del decreto establece que la Secretaría de Energía “llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”, y menciona las cuatro sociedades anónimas estatales creadas como paso intermedio antes de la venta que establece el artículo 6º.
A través del concurso de otorgamiento de nuevas concesiones se incluye la venta del paquete accionario mayoritario sobre los bienes que administran estas sociedades anónimas estatales, que no son otros que las centrales, represas y todas las obras conexas.
Lo reitera en su artículo 8º cuando afirma que la Secretaría de Energía debe “fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, para la venta del paquete accionario mayoritario” de dichos emprendimientos, que incluye entre otros temas el esquema de remuneración de los concesionarios (regalías); el contrato de concesión; la política de seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; las normas de manejo de aguas, así como la protección del ambiente.
En cualquier variante del capitalismo, incluído el invento mileísta de su versión “anarquista”, una venta del paquete de acciones mayoritarias de una sociedad anónima (de cualquier tipo) a otra sociedad anónima, referida a los bienes, no es otra cosa que la venta de esos bienes (centrales, represas y demás).
Un comunicado del secretario de Energía de la Nación, Rodriguez Chirillo, emitido el 17 de agosto ante la queja de las provincias porque el decreto habla de “venta”, oscurece más de lo que aclara. Porque por un lado dice que “las Centrales hidroeléctricas (presa, turbinas, y todo lo que conforma el Complejo hidroeléctrico) son bienes de dominio público del Estado que, por tener tal condición, son intransferibles en su titularidad al sector privado”, pero por el otro afirma que “nunca hay privatización del recurso”, es decir, se refiere al agua (y lo aclara).
Entonces debe inferirse que como dominio público del Estado se refiere a las obras públicas realizadas (centrales, represas, etc.), tal como lo establece un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pero, si las obras ejecutadas sobre los ríos y cauces de los mismos son un bien del dominio público del Estado, ¿cómo se compatibiliza esta manda del Código Civil con la venta a privados de las acciones que tienen el dominio sobre esos bienes?
El zorro cuida el gallinero
Como remate de todo este tortuoso y privatista proceso, el artículo 17º fija que es “La Secretaría de Energía de la Nación la Autoridad de Aplicación de las concesiones” mencionadas. O sea que es el propio Rodríguez Chirillo, la autoridad de aplicación de ese proceso.
Las provincias recibirán unas monedas (como ahora), y es todo lo que van a recibir de este proceso de reprivatización.
El decreto mileísta-caputista deja pintada una ley provincial que se votó hace solo 60 días, pomposamente llamada “Creación del fondo de recaudación por el uso del agua para la generación de energía eléctrica”. En realidad se reduce al cobro de un canon por el uso del agua destinada a la generación de energía eléctrica. Una copia del canon que se cobra a las petroleras, que no impide ningún saqueo del recurso, pero que aporta unas chirolas más al fisco provincial.
A eso se reduce toda la cuestión de fondo de ambos proyectos presentados en la Legislatura de Neuquén.
El decreto presidencial ignoró por completo la carta del 31 de julio que el ministro de Infraestructura de Neuquén le envió al secretario de Energía de Nación, donde le recuerda que “se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión y/o medida en relación a los Aprovechamientos y Presas, sin antes dar participación en los procesos de toma de decisiones a la provincia y obtener la previa aprobación y/o acuerdo expreso de la provincia”. Finaliza diciendo que “se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales”. Una semana después se emite el decreto 718/2024 del Poder Ejecutivo Nacional.
El Rigi y la Ley Bases, y el consecuente apoyo del gobierno provincial de Neuquén a dichas normas, hace de los proyectos comentados todas cuestiones de menor rango. Por eso no estamos ante un reclamo de soberanía contra el centralismo, sino en una disputa por una moneda más o menos para entregar hasta el último recursos natural.
También el sector hidroeléctrico, como parte del complejo energético, debe ser nacionalizado y puesto a funcionar bajo control de sus trabajadores.
