Hace más de cien años, un 26 de septiembre de 1889, se produjo la primera huelga de los maquinistas y foguistas organizados en La Fraternidad que cubrían el trayecto de Buenos Aires a Rosario. La huelga produjo una paralización progresiva en todo el tránsito ferroviario del país, dado que la suspensión de este servicio dificultaba el funcionamiento de otras líneas como El Andino, el Central Argentino y el Central Norte.

 

¿Cuál era el reclamo? La libertad de un compañero que había sido detenido tras un accidente ferroviario.

 

En 1910, un folleto de La Fraternidad recordaba que esta primera huelga se había producido por “la severidad con que el maquinista fue tratado, su prisión en inmundos calabozos y la certeza de que la justicia lo iba a condenar como si se tratara de un criminal vulgar”, todo lo cual “agitó de inmediato al personal de ese ferrocarril”.

 

Luego de varios días de huelga, un juez de La Plata terminó resolviendo la libertad y el sobreseimiento del maquinista detenido, en un trámite acelerado impuesto por la huelga de sus compañeros de trabajo.

 

 

El recordatorio viene a cuento por la condena al maquinista de Castelar.

 

La línea oficial del gobierno y de la Justicia que, curiosamente, en este punto no tiene fisuras es la victimización del trabajador. Una tendencia de alcances internacionales, desde el momento que el capital necesita ocultar sus tropelías para continuar con su “buen nombre y honor”. En el caso de España, del accidente de 2013, se reveló que los gobiernos habían ordenado hacer la mínima inversión en el tren siniestrado y que las garantías máximas de seguridad estaban reservadas sólo para los trenes de alta gama -una política común del Partido Popular y de los “socialistas” del PSOE. Después del accidente, se resolvió instalar un sistema de seguridad “como el que días después de la catástrofe evitó en Santiago un descarrilamiento a 180 por hora. El sistema trocea el tramo en tres distancias en las que se reduce la velocidad de 160 kilómetros por hora hasta 30, con un límite de carácter informativo a 60 desde 3.000 metros antes de la curva” (El País, 10/8/13).

Finalmente, en tiempos de GPS e ingeniería robótica no hay argumento que pueda sostener que un tren que supera los 200 kilómetros por hora deba depender del control personal de un operario. Pero allí también se intentó victimizar al trabajador.

 

En el caso de la Argentina, la situación es patética, si se hace el inventario de negociados y operaciones de vaciamiento producidos durante “la década ganada”.

 

Lo notable es que La Fraternidad, salvo un comentario de circunstancia, no ha hecho absolutamente nada. Es decir, deja correr el enjuiciamiento y el operativo político que, en el fondo, trata de desviar la atención sobre la catástrofe que el gobierno “nacional y popular” ha consumado en materia ferroviaria. No debe esperarse un silencio tan o más audible de la oposición PRO o del candidato a presidente de “la provincia” desde el momento que son agentes de la “patria concesionaria”, que ha sido la gran beneficiaria de la destrucción del ferrocarril y viene de votar la ley de reprivatización del gobierno CFK (mal llamada de “estatización”). 

 

Fraternales: hay que hacer honor a la historia de aquellos pioneros.