Políticas
24/10/2024
Del desastre de la privatización ferroviaria de los ’90 al vaciamiento de los gobiernos
Milei anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas. La experiencia demuestra que estas medidas han significado un retroceso para el país.
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Trenes Argentinos.
El gobierno de Milei anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas, empresa estatal de servicios de carga que atraviesa 16 provincias y está vinculada a tres líneas ferroviarias. 600 km de vías serían concesionadas a privados, en lo que es un principio de privatización de Trenes Argentinos en su totalidad. Desde la Casa Rosada dijeron que se trata de un plan distinto al que implementó Carlos Menem en los años 90, pero lo cierto es que representa una política para continuar con el desguace del sistema ferroviario argentino.
Belgrano Cargas se fundó en 2013 con el objetivo de unificar las principales líneas ferroviarias de carga (la troncha angosta del Ferrocarril Belgrano, la troncha ancha del San Martín y la troncha media del Urquiza). Tiene una extensión total de 7.600 kilómetros (cruza las principales zonas de producción agrícola del norte del país y une los puertos exportadores del Paraná con grandes centros de consumo) y 4.429 personas empleadas. Sobre sus vías se transportan productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales y productos varios.
La experiencia en Argentina refuta categóricamente el planteo de Milei y Sturzenegger de que la privatización significará una mejora de las condiciones de vida del pueblo.
La privatización del servicio impulsada por el ídolo de Milei, el peronista Carlos Menem, fue un fracaso estrepitoso. Su implementación trajo consigo el despido de aproximadamente 80 mil trabajadores y la reducción de los kilómetros de las vías (pasaron de 35.000 a solo 11.000). Algunos pueblos quedaron aislados; se cerraron los talleres, las escuelas de oficio y el Policlínico Ferroviario Central de Retiro; y los vagones, las locomotoras y los rieles fueron vendidos como si no valieran nada.
Hubo huelgas y luchas heroicas contra la política del gobierno menemista, que finalmente fueron derrotadas; Menem, al igual que Milei, tenía en la burocracia sindical amigos y colaboradores. De ese proceso privatista se beneficiaron grupos capitalistas importantes como Techint, que hoy tiene funcionarios en el gobierno de Milei; en ese entonces, el grupo de Paolo Rocca se quedó con el Ferroexpreso Pampeano.
Entre el 200 y el 2010, el Estado recobró el “control” de varias de esas líneas, pero continuó primando el parasitismo capitalista. Es que la estatización asoció al aparato gubernamental con grupos empresariales (Romero, los Roggio, Cirigliano) que explotaron los servicios de las líneas de trenes San Martín, Roca y Belgrano Sur. De ese negoción participó la burocracia de la Unión Ferroviaria. En 2006, Néstor Kirchner le entregó lo que más tarde sería el Belgrano Cargas a Franco Macri, que lideraba un consorcio chino-argentino.
Los capitalistas, asociados con el Estado, llevaron adelante una política criminal. Se estructuró un gran negociado con la tercerización laboral, contra la cual los ferroviarios lucharon. El gobierno K, la burocracia sindical y las empresas defendieron hasta el final ese régimen de enriquecimiento a favor de funcionarios, burócratas y capitalistas; para ello no tuvieron ningún problema en mandar a asesinar a Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero que acompañó la pelea de los ferroviarios y fue baleado por una patota de la UF vinculada a las patronales y al gobierno K.
Por otro lado, se impulsó un fuerte vaciamiento que terminó derivando en la Masacre de Once en 2012. El hecho puso de manifiesto un enorme esquema de sobreprecios, negociados y entramados mafiosos que era la otra cara de la moneda del proceso de desguace. Los K, sus funcionarios (entre ellos Julio De Vido) y Cirigliano fueron los organizadores de ese siniestro.
La medida anunciada por el gobierno libertario forma parte de su plan de vaciamiento del sistema ferroviario. Milei despidió trabajadores de la administración central (Decahf), promueve retiro voluntarios en todos los ferrocarriles y ajustó el presupuesto ferroviario. A la par que impulsa esta política, que tiene consecuencias devastadoras como lo demostró el accidente en el ferrocarril San Martín en mayo pasado, desenvuelve una política de tarifazos contra la población que naturalmente no redundó (ni lo hará) en una mejora del servicio.
Milei explota el fracaso del estatismo burgués para proponer medidas que no resolverán la crisis del sistema ferroviario; más bien apunta a abrir algún nicho de negocios para empresarios amigos. Para mejorar el servicio de transporte, las frecuencias y terminar con los curros de las privatizadas y los funcionarios del Estado, tenemos que pelear por la apertura de los libros y un control del sistema por parte de los trabajadores y usuarios.
Ni la Unión Ferroviaria ni La Fraternidad, en línea con la política de colaboración de la CGT y el peronismo, anunciaron un plan de lucha para derrotar la política privatista de Milei. Hay que organizar la pelea para evitar más despidos, reincorporar a los cesanteados y frenar un mayor vaciamiento del sistema ferroviario.
