Políticas

14/12/2021

La inflación sube un 2,5% y el gobierno “descongela” precios

Desmantelan el congelamiento de precios fallidos a cambio de un “consenso” con las patronales ajustadoras.

Con el dato oficial de la inflación de noviembre en 2,5% mensual, el año se apresta a cerrar con un alza de precios cercana al 50%, lejos de la previsión original del gobierno del 29% y de la posterior actualización del 45,1%. Con los salarios e ingresos populares entre los principales damnificados, el gobierno avanza en más ajuste de la mano del “descongelamiento” de precios y un nuevo presupuesto con pauta inflacionaria trucha.

Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, elaborado por el Indec, que dio cuenta de un aumento interanual de los precios del 51,2%, acumulando un 45,4% en lo que va del año. A pesar del supuesto congelamiento de precios instrumentado por el gobierno, el rubro de alimentos y bebidas registró una suba del 2,1% y fue el de mayor incidencia. Si algo evitó que la inflación suba más fue el escaso aumento de los productos estacionales (0,5%), aas a la baja de temporada de verduras, tubérculos y legumbres, entre otros.

Inflación caliente y descongelamiento de precios

En esta materia, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acaba de anunciar la temprana defunción del programa con el que asumió en sus funciones, luego de la salida de su antecesora Paula Español, y de que su “socia” en la defensa de dicho plan, Débora Giorgi, tirara la toalla ante la evidencia de un fracaso anunciado.

Feletti asegura que el programa de congelamiento de precios ha sido “exitoso” –aunque la evidencia no lo respalde-, pero que habría sido “afectado” anulado por la suba de la carne, y que caducará con su vencimiento el próximo 7 de enero para dar lugar a una nueva edición de Precios Cuidados: esquema más flexible, donde las patronales de la alimentación y el gobierno actúan por “consenso”. No se terminaría de entender por qué si es “exitoso” se lo daría por finalizado.

Donde manda la patronal, no manda el gobierno

Las patronales de la alimentación ya habían manifestado su desacuerdo con la medida compulsiva del gobierno, por medio de un duro comunicado oficial de la AmCham (representante de las multinacionales de consumo masivo). Ahora con los resultado fallidos en la mesa, en gran medida debidos al propio sabotaje y falta de control de lo resuelto por el gobierno, las patronales celebran el “tono amigable” de este nuevo acuerdo, en sintonía con las negociaciones con el FMI.

La actualización de Precios Cuidados incluiría 1.300 productos, ingresados “voluntariamente”, con una extensión anual “con una pauta de corrección mensual y revisiones trimestrales, tanto de precios como de los productos que conformen la canasta”. Es decir que seguirán los aumentos, solo que serán “consensuados” con las patronales… más de lo mismo.

En las tratativas con el gobierno, las patronales se niegan a informar respecto a sus costos de producción, alegando que eso vulneraría el secreto de industria y la competencia entre empresas. Además, agregan que los precios son fijados por “el mercado”, sin que los costos tengan relevancia en el asunto.

Expectativas fondomonetaristas

A todo esto, el gobierno proyecta para el 2022 una inflación del 33%, mientras el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central calcula un 51,8% y las estimaciones privadas pueden llegar hasta el 65%.

La subproyección oficial tiene por propósito reeditar un programa de ajuste contra los trabajadores. Guzmán informó ante el Congreso que espera repetir el “acuerdo de precios y salarios”, como parte del Plan Plurianual de Alberto Fernández, que tan perjudicial resultó para los trabajadores, con la burocracia sindical entregando paritaria por debajo de la inflación y las patronales remarcando precios.

El gobierno sigue la senda del ajuste por medio del recorte del gasto público y la liberación de precios, y pretende anclar los salarios por debajo de la inflación, abaratando aún más una mano de obra golpeada por el ajuste. Todo esto en miras del acuerdo con el FMI.

La salida de los trabajadores pasa por rechazar esta ofensiva, repudiando cualquier intento de acuerdo con el Fondo, e imponiendo un programa que incorpore la intervención y control obrero de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior, junto a una recomposición general de los salarios que alcance a cubrir la canasta familiar.