Los roces entre el gobierno nacional y el capital agrario, en torno a la incidencia de los altos precios internacionales de las materias primas sobre los precios internos de los alimentos, expresan una contradicción de fondo de la política económica.

Alberto Fernández lo ilustró en una entrevista con las siguientes palabras: “el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales…” (Página 12, 7/2). Aseguró además que para evitarlo solo puede recurrir a una suba de las retenciones o a fijar un cupo a la exportación, pero que preferiría llegar a un acuerdo con las cámaras patronales del campo.

Ello desató una reacción furiosa de distintas entidades empresarias, y algunas como las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunciaron que si se adoptan esas medidas organizarían un cese de la comercialización. Un lock out del capital agrario golpearía en el corazón de la única vía de ingreso de divisas, cuando las reservas del Banco Central están agotadas. Habrá que seguir de cerca hasta dónde escala el conflicto. El gobierno ya reculó a principios de año con el cepo que había dispuesto a la exportación del maíz, y el año pasado retrocedió vergonzosamente con la intervención de Vicentin. Sin embargo, la carestía de los alimentos y su impacto sobre el espiral inflacionario se ubica entre las principales preocupaciones, porque hace trastabillar todo el esquema.

Tras un enero que dejó una inflación del 4% según las consultoras, luego de un año en que los alimentos crecieron por encima del IPC promedio, y cuando resta aún la definición de los montos de los tarifazos en los servicios públicos (en algunas provincias ya se anuncian del 30%), el incremento de materias primas que son utilizadas en la producción de alimentos como el trigo y el maíz echa leña al fuego. Medidas improvisadas como el hot sale de la carne -cuando relevamientos privados registraron subas del 6,4% promedio en el primer mes del año- carecen de impacto real en “la mesa de los argentinos”. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) las ventas minoristas cayeron un 5,8% interanual en enero, con caídas en todos los rubros incluidos los inelásticos como el de los alimentos (2,1%). Mientras tanto, el único ancla a la inflación se pone sobre los salarios a fuerza de techos paritarios del 29%.

La paradoja es que el alza de la cotización internacional de las commodities es la premisa fundamental del plan del gobierno para llegar a un acuerdo con el FMI para el repago de la deuda externa. Es por esto que la carestía es una de las consecuencias de la orientación fondomonetarista de toda la política económica, basada en garantizar los compromisos con el capital financiero internacional en base a la entrega de una porción de la renta agraria. Es la manifestación de un rumbo colonial.

Por eso el gobierno pasó de las reuniones con el Consejo Agroindustrial para acordar una ley de estímulos al sector a los choques actuales. Cuando toda la precaria pax cambiara se asienta en la expectativa del ingreso de los dólares de la cosecha gruesa desde marzo, el gran capital agrario mantiene todavía acopiados granos de la cosecha anterior equivalentes a 4.000 millones de dólares a la espera de una mayor devaluación (cuando el gobierno se comprometió a no dejar que se “atrase” el tipo de cambio por la inflación). El gobierno presiona por la liquidación de los agrodólares, pero es consciente de su dependencia.

Otra paradoja es que las patronales del campo señalan, en su defensa, un aspecto que no deja de ser verdad: en el precio de las góndolas inciden también otros factores, entre ellos los impuestos al consumo. Efectivamente, entre la improvisación del gobierno nacional ni siquiera se menciona la posibilidad de una reducción del IVA sobre los alimentos, lo cual aliviaría el impacto para las familias trabajadoras, que son las que cargan con el peso de la recaudación fiscal mientras se perpetúan las exenciones a los capitalistas. Al fin y al cabo, la esencia del acuerdo que se negocia con el Fondo es la reducción del déficit fiscal, a costa de la población. Por eso los ruralistas tampoco reclaman la reducción del IVA, sino mínimas compensaciones a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Un control real sobre la formación de precios requiere de la apertura de los libros de toda la cadena de valor a la fiscalización de los trabajadores del campo y la ciudad, para determinar los costos reales de producción y comercialización; desde el costo financiero de los bancos y precios de los proveedores, a las ganancias de los pooles de siembra, y hasta de las exportadoras y grandes cadenas comerciales. Así se sacaría a la luz que el problema real es el costo empresario, de las distintas ramas del capital que se reparten la ganancia a costa de los consumidores y de los pequeños productores. Es una medida que debe ir de la mano con la eliminación de los impuestos al consumo y su reemplazo por un gravamen progresivo a las grandes rentas y fortunas de los capitalistas.

La resolución de esta contradicción de fondo de toda la política económica pasa por romper el dominio de un puñado de pulpos sobre la viga maestra de toda la economía nacional, y lograr el “desacople” de los precios internacionales de las materias primas con los precios internos mediante una nacionalización del comercio exterior bajo control obrero. La inversión de la renta agraria en un desarrollo productivo y social del país exige a su vez la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa usuraria, condiciones para frenar la fuga de capitales. Son aristas de un programa de reorganización social de la Argentina sobre nuevas bases.

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