Las empresas de telecomunicaciones anunciaron a sus usuarios un aumento del 10% para el mes de noviembre sin autorización del Ente Nacional de Comunicaciones, encargado de regular las subas desde la publicación del DNU 690 en agosto de 2021. Este se sumará a los aumentos de hasta el 49% anual a septiembre para telefonía fija y móvil, TV paga e internet, superando en casi un 30% lo autorizado por el Enacom.

A través de un decreto emitido en plena cuarentena -cuando las telecomunicaciones se volvieron sumamente necesarias y, a su vez, una importante porción de la población perdió sus ingresos- el presidente declaró a las telecomunicaciones como un “servicio público en competencia” y se definió que los aumentos pasen a ser regulados por un ente estatal, el Enacom. La intención del gobierno fue la de acordar un tarifazo “negociado”, de manera que se autorizó un 21% de aumento como tope en las tarifas de dichos servicios.

Sin embargo, hasta el momento las empresas llevan entre 45 y 49% para el servicio pospago, 36 y 50% para el servicio prepago, 33 y 41% para el mixto, 27 y 44% para los servicios de telefonía y 41 y 43% para el internet del hogar (wifi). Lo establecido por el Enacom está entre un 16 y 21%, por lo que todos ellos se ubican 30 puntos por encima del límite. Se amparan en la judicialización del Grupo Clarín del decreto del gobierno, argumentando que es anticonstitucional y que la Corte aún tiene que expedirse. Estos, sumados a otros aumentos que se darán en noviembre como el de las prepagas y el gas natural vehicular (GNC), alejan cada vez más a la población trabajadora de poder acceder a servicios básicos y prometen disparar nuevamente la inflación.

Las empresas justifican los aumentos aduciendo supuestas pérdidas en 2020 debido al congelamiento de tarifas que el gobierno extendió desde julio hasta diciembre de dicho año. Todo indica, sin embargo, que las empresas de telecomunicaciones fueron una de las grandes ganadoras durante la pandemia, ya que la virtualidad forzó el pase de millones de trabajadores al home office, quienes tuvieron que pagar de su propio bolsillo la conectividad, y de la población en general, que utilizó las plataformas virtuales para comunicarse, estudiar, entretenerse y acceder a servicios de salud e información. Sin levantar el secreto comercial y abrir los libros de las empresas al control obrero es incomprobable su real estado financiero y los verdaderos costos del servicios que brindan, pero el gobierno no tiene intenciones de meterse en ese terreno. Simplemente intenta armonizar el negocio en un cuadro de inflación fuera de control y presión sobre las tarifas de todos los servicios públicos.

A su vez, el servicio que brindan es cada vez más precario. Esto se debe a la falta de inversión en el adecuamiento de las redes a través de la instalación de fibra óptica -solo el 30% de las 2.618 localidades que tienen internet cuentan con ella- o de mantenimiento de las instalaciones, del cableado y de las plantas. Todo ello se agudizó con la virtualidad, ya que fueron miles los usuarios que multiplicaron su uso. No invirtieron lo acumulado durante la pandemia en mejorar el servicio, sino que condenaron al conjunto de la población a tener una peor conexión cuando por momentos era la única forma de comunicación.

Otra porción del “ahorro” de las telecomunicaciones proviene de la flexibilización de sus trabajadores, el cierre de salarios a la baja y el vaciamiento de los puestos laborales, ofensivas que se profundizaron durante la pandemia.

Esta nueva suba confirma el fracaso del gobierno en su intento de regularizar los precios y su permeabilidad a la presión ejercida por los grupos que monopolizan las telecomunicaciones. El DNU no sirvió para armonizar las subas de los servicios, ni hablar de garantizar conectividad a la población. El gobierno tampoco obliga a las empresas a cumplir con la Prestación Básica Universal, un miserable plan que amplía su universo sumando algunos más económicos y con menos banda ancha destinados a quienes no pueden pagar un plan mensual de precios clásicos.

Hay que rechazar profundamente este nuevo aumento y plantear la apertura de los libros de las empresas para evaluar sus costos y ganancias y fijar un precio acorde a ello a través de la discusión entre la clase obrera. Además, la nacionalización de las telecomunicaciones bajo gestión de sus trabajadores y la inversión en el sector para la planificación y creación de una red de internet fija y móvil que pueda llegar a toda la población. Pase a planta permanente de todos sus trabajadores, salario mínimo de $100 mil, paritarias indexadas a la inflación y contratación de más personal.