A pesar de la enorme cantidad de aumentos aplicados por las empresas de medicinas prepaga, los centros privados bajan la cantidad de servicios y prorrogan los pagos al personal médico. Así lo denuncian diferentes usuarios que se han encontrado con guardias reducidas, suspensiones de servicios, falta de personal y copagos de hasta $10.000 por una consulta. La desregulación del mercado que impulsa el gobierno, lejos de promover la mejora de los servicios privados, le otorga vía libre a las empresas para que abaraten costos indiscriminadamente mientras extorsionan a los usuarios con sobreprecios.

En La Plata ya se vio lo del Código Rojo (es decir que solo se atiende riesgo de muerte) en los hospitales Rossi y Español. El Sanatorio Argentino no tuvo guardia días atrás, o el Ipensa tampoco tenía para chicos. La situación se repite en zonas del Gran Buenos Aires (sanatorios importantes de San Isidro están sin doctores para cubrir todas las operaciones). Y también en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mayor inconveniente es la falta de suficiente personal. El problema se agudiza pasadas las 22 horas, sobre todo los fines de semana (Tiempo Argentino, 13/01/2024).

A su vez, los aumentos en las prepagas no se traducen en aumentos de salario. Al contrario, los médicos denuncian que la regla es la informalidad laboral, muchas veces camuflada por detrás de fraudes como el monotributo, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires donde el 90% del plantel está en negro, y que se valen de la superexplotación de los residentes para cubrir el faltante de personal, implementado para abaratar costos: “faltan cubrir vacantes en algunos centros, no están cubriendo las licencias por vacaciones. Es una realidad que cuesta conseguir personal médico por las malas condiciones de trabajo y la precarización y banalización que las empresas de salud hacen para con el profesional médico. Otro tema para abordar es que utilizan a los residentes (médicos en formación) para cubrir esos espacios, a costos bajos, mano de obra barata. Venimos tratando de que se comprenda que el residente es un trabajador más y debe tener los derechos como tal” (Idem).

Incluso muchos médicos denuncian que se les paga de manera diferida, a veces se estira hasta los 5 meses (como es el caso del Sanatorio Guemes o Swiss Medical) y muchas veces el pago es por paciente, lo que quiere decir que si el paciente no asiste, los profesionales no cobran. Hay prepagas que hasta le cobran alquiler a los médicos, como también es el caso de Swiss Medical, que en la sede de Santa Fe y Pueyrredón puede llegar a llevarse más de la mitad de los 5.000 pesos que se le paga al médico la consulta, en concepto de alquiler. En Galeno no cobran alquiler, pero tienen prestadores monotributistas.

Esta situación genera expulsión de los usuarios de prepaga que van a parar al sistema público, por lo cual es bastante probable que este eventualmente se vea colapsado. A este cuadro también se agrega el incremento exponencial en el precio de los medicamentos, lo que también contribuye a restringir el acceso a la salud para la población.

De aprobarse el DNU y la Ley Ómnibus, todo tenderá a agravarse. La ley de la selva que promueve Milei para el mercado, luego de la devaluación aplicada por Caputo y en medio de una estampida inflacionaria, solo promete terminar de liquidar los ingresos de la población, mientras ésta se ve privada cada vez más del acceso a sus necesidades básicas elementales, como es comer o requerir atención médica.

La única manera de defender nuestros ingresos y terminar con este plan de ofensiva del gobierno es en la calle. Para eso hay que tomar en nuestras manos el paro del 24 convocado por la CGT y garantizar una movilización histórica que levante las banderas de los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen.

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