Aunque presentado como un “reordenamiento administrativo”, el decreto 721 firmado por Macri le otorga a las Fuerzas Armadas una gran autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían del Ministerio de Defensa. Otra delegación importante es la incorporación de personal retirado para la tarea “docente”, ya que por esa vía se han cobijado muchos militares acusados de ser parte del genocidio de la dictadura. A la luz de lo expuesto, la denuncia de que con este decreto se le otorga a las Fuerzas Armadas un “autogobierno”, no suena exagerada.

 

El decreto va en línea con el discurso pronunciado por Macri en el día del Ejército. Allí no sólo anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento. También planteó que el Ejército y el resto de las armas deben participar del “combate contra el terrorismo internacional”, el sambenito de los yanquis para controlar a las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y legalizar su participación en materia de seguridad interior. El general ‘nacional y popular’ César Milani, sentado en primera fila, aplaudió estas palabras de Macri.

 

Con el mismo sambenito de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, Patricia Bullrich acaba de suscribir acuerdos con el Estado de Israel en materia de seguridad. El sionismo hace lobby para asegurarle un mercado a sus empresas proveedoras de armamento y material de espionaje. Estos acuerdos comerciales fueron cerrados con el visto bueno de la DEA, a cuyos cuarteles centrales la ministra viajó ni bien asumió su cargo a buscar instrucciones.

 

Bajo la presión de la Triple Alianza Pentágono-DEA-sionismo, el Congreso ha votado nuevas leyes que refuerzan la capacidad represiva del Estado.

 

Una de ellas es la creación de la figura de “agente encubierto”, justificada también por la lucha contra ‘delitos complejos’. Así, se habilita el espionaje interno del personal policial o de los servicios de inteligencia.

 

El rechazo del kirchnerismo al decreto de Macri no pasa de un acto de hipocresía. Bajo su gobierno se aprobó la ley antiterrorista, que sirve como paraguas para todo el andamiaje represivo que está votando el macrismo. Igual que éste, se amparó en que se trataba de un reclamo internacional capitaneado por los Estados Unidos. Además, con la designación de Milani, el gobierno fue en rescate de las Fuerzas Armadas, fuertemente desprestigiadas por sus crímenes bajo la dictadura y la derrota de Malvinas, presentándolas como parte del proyecto “nacional y popular”. El ‘autogobierno’ que ahora les otorga Macri se inscribe en ese camino.

 

El control civil sobre las Fuerzas Armadas no fue obstáculo para que sigan en actividad quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad. Sólo en el Ejército se estima que son más de 3.000 los oficiales y suboficiales en actividad que provienen de la dictadura.

 

Denunciamos el decreto de Macri como un reforzamiento de la política represiva y de la penetración imperialista-sionista sobre el país.