Nuestra provincia ha llegado a los 4.000 contagios diarios de coronavirus y nos encontramos al borde del colapso sanitario, que desembocara en un crecimiento sostenidos de las muertes. Mientras tanto la vacuna llega a cuentagotas y además las demoras que ya se están produciendo con la segunda dosis indican que se demorará meses en obtener la inmunidad. El confinamiento limitado a algunos días sin ningún sustento epidemiológico, tardío y sin asistencia social; decretado en el orden nacional y al que ha adherido la provincia, es una improvisación que no resuelve el desmadre en el que nos metieron.

El gobierno de Schiaretti se niega a establecer medidas efectivas para detener la expansión de la pandemia, porque privilegia los intereses de la clase capitalista en mantener abierta toda la industria y el comercio. Incluso las clases presenciales son una exigencia de las empresas para que los padres y madres no soliciten licencias de cuidado. Tampoco el gobierno quiere destinar ni un peso a programas sociales necesarios para cualquier aislamiento. Es una política que comparte con el gobierno nacional del PJ-kirchnerismo. Para proceder de esa manera, el gobierno provincial fue aduciendo que el sistema sanitario se encontraba “controlado”, con una supuesta ocupación del 40% de las camas críticas. Se trata de una completa mentira, pues existe una ocupación superior al 90% de las camas, contando Covid y otras enfermedades.

La mentira viene desde el principio, porque en abril de 2020, el ministro de Salud, Cardozo, informaba que Córdoba tendría unas 1.600 camas con respirador, lo que nunca sucedió. Además, el gobierno está despidiendo a trabajadores de salud. En esta política criminal, coincide la oposición derechista enrolada en el macrismo. Negri, Mestre, Juez, Baldassi y todos los referentes macristas fueron los que más promovieron las bases de esta situación lamentable, como se vio en la cuestión de las clases presenciales sin respetar el semáforo epidemiológico.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda planteamos la necesidad de establecer la centralización del sistema sanitario, para avanzar en un plan de atención unificado, disponiendo de la totalidad de los recursos. Asimismo, planteamos que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience, donde se produce la vacuna de AstraZeneca, y que el gobierno asegure la continuidad de la producción, para proveer de vacunas para toda la población. La salud y las vacunas deben dejar de ser el gran negocio de los capitalistas.

A la par de la crisis sanitaria crece fuertemente la crisis social. Según la última medición del Indec la pobreza alcanza al 41% de la población de Córdoba, y la indigencia el 7%. Una actualización de la UCA refiere que la pobreza habría crecido al 45%. Entre las causas del ascenso de la miseria, se encuentran la desocupación y la precariedad laboral. En el Gran Córdoba, si sumamos a desocupados, subocupados y ocupados demandantes de trabajo, tenemos una masa de 342 mil trabajadores con graves problemas laborales.

Además, un 35% de asalariados se encuentra en negro. En materia salarial la cuestión es peor. El promedio salarial en la provincia asciende a solo a $30.500, cayendo ese promedio a $18.906 entre cuentapropistas y no registrados. Si bien el retroceso salarial ha sido una política de las patronales de todo color y pelaje en los últimos años, lo que hizo perder el 15% de su poder adquisitivo a las y los trabajadores, el gobierno de Schiaretti se puso al frente de esa política con respecto a los asalariados provinciales; y también en contra de los jubilados produciendo el robo más grande la historia de la caja de jubilaciones de Córdoba.

La confiscación a jubilados y los ataques al salario es una de las grandes demandas del FMI que los gobiernos nacional y el provincial llevan adelante. La pobreza afecta de un modo más intenso a las mujeres, que registran un mayor porcentaje entre la población desocupada y tienen menores ingresos. Esta desigualdad se potenció con una mayor violencia de género y un crecimiento de los femicidios. Pero Schiaretti avanzó en el vaciamiento del Polo de la Mujer y despidió a sus trabajadoras. Mientras tanto la clase capitalista ha tenido ganancias extraordinarias. Los empresarios aumentan los precios en forma sostenida. Los bancos y sectores financieros se embolsan mes a mes unos $100.000 millones por intereses que le paga el Estado por las deudas que coloca mediante el Banco Central. En Córdoba, el capital agrario viene de realizar las cosechas más grandes de la historia de la provincia, superando los 40 millones de toneladas en las últimas campañas, con un valor de la cosecha anual de 14 mil millones de dólares.

Toda esta superexplotación del pueblo trabajador no se podría llevar adelante sin la complicidad de la burocracia sindical que garantiza la aplicación de los planes ajustadores, por medio de un “pacto social” no escrito. El papel nefasto y traidor de la burocracia, sin embargo, está siendo desafiado por un crecimiento de las luchas. Entre ellas se destacan las gigantescas movilizaciones del movimiento piquetero, que denuncian la política de hambre del gobierno y de todo el régimen, o la huelga triunfante de la salud neuquina.

La salida a la gravísima situación que enfrentamos no está en la derecha, de los Macri, Bullrich y Larreta. Ellos no defienden a los que quieren trabajar o estudiar. Defienden rabiosamente la “libertad” para los capitalistas de poder explotar a los trabajadores sin ninguna restricción, ni siquiera aquellas que están dictadas por los elementales cuidados que imponen una pandemia. Este sector ha ido evolucionando hacia posiciones negacionistas, como las que Bolsonaro aplica en Brasil o Trump aplicó en los EE.UU. El fracaso del gobierno de Macri, que concluyó su mandato en un cuadro de default y cepo cambiario, es el resultado de esta política en la etapa anterior.

Solo las y los trabajadores pueden establecer una verdadera salida popular a la crisis mortal que enfrentamos. Para ello es necesario la movilización de las masas trabajadoras y de la juventud. El camino que debemos recorrer lo marca Latinoamérica. En Colombia, Perú y Paraguay y muchos otros países hermanos se han desarrollado gigantes rebeliones populares para enfrentar al capitalismo decadente.

En Chile (donde hubo una rebelión popular hace menos de dos años), las elecciones a convencionales constituyentes han dejado como resultado la derrota política de las fuerzas burguesas que gobernaron en las últimas décadas y una victoria de las fuerzas independientes y de izquierda ligadas a la rebelión. Con esas conclusiones desde el Partido Obrero, que luchamos por un gobierno de trabajadores, llamamos a las organizaciones sindicales y populares a romper toda atadura con el gobierno y la clase capitalista y defender de modo consecuente los intereses populares.

La intervención política independiente es central en ese sentido. Está planteada la necesidad de un programa para enfrentar la situación de catástrofe sanitaria y social a la que nos llevan el gobierno nacional, el gobierno provincial y la derecha.

Planteamos:

1. Centralización del sistema de salud. Ampliación de las camas, disponiendo las partidas presupuestarias necesarias. Contratación de más personal y satisfacción inmediata de los reclamos de los trabajadores de la salud.

2. Intervención del laboratorio mAbxience y que el gobierno asegure la producción pública e integral de la vacuna en el país, para atender la demanda local y regional. Inmediata liberación de las patentes. Intervención bajo gestión obrera de todos los laboratorios que pueden participar de la fabricación de la vacuna e insumos.

3. Cese transitorio de las actividades no esenciales para reducir el crecimiento de los casos. Cobro del 100% del salario para todos las y los trabajadores. Apertura de los libros contables de las empresas para verificar si requieren o no colaboración del Estado para el pago de salarios. Protocolos higiene y seguridad bajo control obrero en lugares de trabajo.

4. Inmediato subsidio de $40.000 para todos los desocupados. Por un reforzamiento de la asistencia a los comedores populares. Acceso a la tierra y la vivienda para terminar con el hacinamiento.

5. Cese transitorio de la presencialidad escolar en todo el país. Determinar a través de un semáforo epidemiológico las condiciones para un regreso a las aulas. Plan para asegurar las condiciones de la virtualidad, mediante la entrega de dispositivos técnicos y conectividad para docentes y estudiantes. Licencias de cuidado para madres y padres con menores a cargo. Universalización del Paicor y Becas Progresar.

6. Por aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores, que compense lo perdido con la inflación. Escala móvil de salarios mensual. Salario mínimo superior a la canasta básica. 82% móvil para jubilados. Por la reposición de la movilidad jubilatoria sobre la base del aumento de precios. Jubilación mínima igual a la canasta de la tercera edad de $64.000. Reposición de los aportes patronales. Restitución de ley 8.024. Gestión y control de la Anses y la caja provincial por jubilados y trabajadores.

7. Apertura de los libros de las empresas en toda la cadena de valor para evitar nuevos aumentos de precios, que esconden ganancias monopólicas. Control obrero y popular independiente.

8. Basta de femicidios. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de precarización laboral. Acceso al aborto legal. ESI científica y laica. Por un Consejo Autónomo de Mujeres que ponga en pie la defensa integral de las trabajadoras.

9. Apoyo a las luchas ambientales en todo el país. No a la autovía de Punilla. Basta de terricidio, fumigaciones y agrotóxicos. Control obrero y popular sobre el acceso al agua y el uso y destino del suelo.

10. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI. Nacionalización del comercio exterior y de la banca, para transformar el ahorro nacional en un plan de inversión en infraestructura e industria e impedir la fuga de capitales. Impuestos progresivos al gran capital. Eliminación del impuesto al consumo y al salario.

Llamamos a las y los trabajadores activos y pasivos, ocupados y desocupados, a las mujeres, a la juventud a impulsar este programa, alrededor del cual proponemos al Frente de Izquierda-Unidad desarrollar un plan de acción político y de lucha sistemático, por medio de la convocatoria de un Congreso del FIT-U en Argentina y de una Segunda Conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos a nivel internacional.

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