El ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra de gira por Nueva York y Washington. El motivo principal del viaje es reunirse con las autoridades del Fondo Monetario, en medio de una estrategia sinuosa de postergar la firma de un acuerdo para después de las elecciones, para encarar la campaña con algo más de holgura de la que permitirían los estrechos márgenes de un programa fondomonetarista. Para ello debería, sin embargo, pagar los vencimientos de este año con el Club de París y el propio FMI, que suman unos 7.000 millones de dólares. El gobierno no tiene esas divisas.

Incluso con el viento favorable de los altos precios internacionales de la soja, las reservas del Banco Central siguen estancadas por el suelo. De las compras que la entidad monetaria hizo este año, apoyado por la liquidación récord de las exportaciones agrarias, apenas uno de cada cinco dólares quedó en las arcas; la mayor parte se consumió en pagos de deuda y en operaciones leoninas de venta y recompra de bonos para sostener estable la brecha cambiaria con los dólares financieros. La pax cambiaria tiene entonces un precio altísimo, insostenible en el tiempo, que devora toda la ansiada bonanza de la cosecha.

Esta situación no podía dejar de dominar la agenda de Guzmán en Estados Unidos. No fue bien recibido por los grandes fondos de inversión que ingresaron al canje de deuda externa hace seis meses, cuando esos bonos cotizan a niveles de default y reflejan un 90% de probabilidades de una nueva cesación de pagos. Como esto excluye a la Argentina del mercado de crédito internacional, el ministro se reunirá con funcionarios del Banco Mundial en busca de nuevos préstamos, que sumados a los 3.500 millones de dólares extra que desembolsaría el FMI (por los Derechos Especiales de Giro) permitan pagar los vencimientos del resto del año.

Toda esta ingeniería que pretende pilotear la precariedad de las cuentas nacionales revela una cuestión clave: que la política económica del gobierno dejará al final del camino una hipoteca mayor. De hecho, con canje y todo, en poco más de un año de mandato la deuda pública creció en más de 20.000 millones de dólares. La única garantía que puede ofrecer es un sendero de ajuste fiscal, como quedó explícito en el planteo de Economía de fijar un tarifazo del 30% en el gas.

Insalubre

Este es el trasfondo de la negativa oficial a adoptar cualquier medida de prevención para reducir los contagios de coronavirus, cuando el propio presidente reconoció por cadena nacional la proximidad de la segunda ola de la pandemia, y que las vacunas tardarán en llegar. El compromiso de Guzmán de alcanzar un déficit fiscal menor al presupuestado descarta todo gasto extra, sea para mayores partidas en Salud o para asistencia social aunque sea con un magro IFE. El ministro Matías Kulfas y el jefe de gabinete Santiago Cafiero aseguraron en reuniones con la UIA y la Cámara de la Construcción que descartan cualquier cierre de actividades productivas. La situación sanitaria de Brasil y Paraguay advierte las consecuencias letales que puede tener esta política.

Este sombrío panorama evidencia que, incluso en el caso de que el gobierno logre surfear la crisis financiera y patear para fin de año un acuerdo con el FMI, el ajuste regirá toda la política económica. No habrá recomposición alguna de los ingresos de los trabajadores, como promete Alberto Fernández, cuando siguen los naftazos, se vienen los tarifazos en la luz y el gas, y los relevamientos privados dan que en marzo la inflación rondará el 4%. Ya en febrero, según el Indec, la variación de precios mayoristas fue del 6,1%, lo cual augura mayores subas a futuro. La aceleración inflacionaria, a su vez, suma presión por una mayor devaluación del peso.

Estamos entonces ante un gobierno empantanado. La precariedad de la estabilidad cambiaria alcanzada tras la corrida de octubre, y en general las contradicciones de toda la política económica, reforzarán aún más las condiciones del FMI por imponer en la renegociación un programa con estrictas metas de ajuste fiscal y “reformas estructurales” como la que ya se ejecuta contra los jubilados -mientras Alberto Fernández anuncia reducciones en los aportes patronales al sistema previsional.

El repudio a este rescate usurario de la deuda externa tendrá un lugar en las grandes movilizaciones que se preparan para este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida que inició una hipoteca fraudulenta que seguimos pagando hasta el día de hoy, cinco reestructuraciones mediante. Es un testimonio de la continuidad de un régimen del saqueo, que explica la decadencia sostenida de la economía Argentina. El rechazo al pacto que el gobierno negocia con el FMI condensa así la pelea por dar una salida al quebranto nacional, una tarea que solo puede emprender la clase obrera.

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