EDITORIAL
Massa, empantanado; el ajuste en marcha
Los trabajadores ocupan la calle: es necesario el paro nacional
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Alberto Fernández y Sergio Massa
El crecimiento de la inflación, el deterioro de las condiciones de trabajo, los aumentos de tarifas y las evidencias de que estamos ante un régimen en descomposición están generando el repudio y hartazgo de la población, y también la necesidad de los trabajadores de salir a la lucha. El masivo acampe piquetero de dos días, el pasado 10 y 11, es una muestra de la vitalidad que tiene la organización independiente de los desocupados, nucleados en la Unidad Piquetera. En el movimiento obrero industrial se agudizó, con mucha firmeza y cohesión, la lucha de los trabajadores del neumático, que con la dirección combativa del Sutna a la cabeza y con paros, cortes y movilizaciones está defendiendo el aumento salarial por encima de la inflación y el pago al 200% de las horas trabajadas el domingo.
Sucede otro tanto entre los docentes de varias provincias, que reclaman aumentos salariales justo cuando el “plan” Massa contempla recortes a los fondos para las provincias. La dirección de Ctera se vio obligada a un paro nacional, el pasado 10, ante la evidencia que por abajo se están caldeando los ánimos.
La CGT y las CTA finalmente convocaron a la movilización del 17, que se caracteriza por no levantar ningún reclamo concreto de los trabajadores. La CGT se ha visto en la necesidad de no dejar la calle libre, que ocupa la lucha de los sectores combativos, como la Unidad Piquetera. Su convocatoria es parte de una maniobra. Ante la presión por el descontento de los trabajadores, se las ha ingeniado para hacer una marcha que no ataque al gobierno, tratando de contener con el planteo de la necesidad de “asegurar una política anti-inflacionaria con amplio consenso social” y a defender “la estabilidad”. Lo cual refleja la disposición a encontrar un punto de acuerdo ante la pretensión del gobierno de suspender las paritarias: desde una suma fija a cuenta de acuerdos salariales de los gremios, a porcentajes inferiores a la inflación o una combinación de ambos.
En contraposición a esta maniobra, el Plenario del Sindicalismo Combativo junto a organizaciones de la Unidad Piquetera hicieron su convocatoria en Plaza de Mayo contra la política del gobierno. Levantan un programa con las reivindicaciones que expresan las luchas y el planteo de un paro activo nacional y un plan de lucha. Allí convergieron los principales actores de las luchas populares en una clara delimitación de las maniobras de la burocracia, estableciendo una contraposición que repercutió en los medios.
Massa mediante, la crisis no afloja
Si tomamos los primeros veinte días de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el “operativo” para sacar de la crisis y relanzar al agotado gobierno del FdT no parece que vaya a ser cumplido.
El Banco Central sigue sin reservas. De los 5.000 millones de dólares que iban a ingresar los exportadores, solo aparecieron 350 del sector pesquero. Las reuniones con el capital agrario no arrojan resultados, el gobierno -según dicen desde la Mesa de Enlace- “está dilatando las decisiones”. De los 800 millones del BID ni noticias por ahora. Tampoco nada de los cuatro bancos que iban a aportar mediante el Repo. O sea, las arcas del Central siguen con números negativos (según algunos datos, más de 6.000 millones de dólares abajo), mientras las demandas de divisas para las importaciones (sobre todo de gas) se mantienen altas.
La inflación sigue en ascenso. El 7,4% de julio no es un techo, agosto promete ser más alto y la inflación anual, según los pronósticos, llegaría al 100%. El Central aumentó las tasas de interés, lo cual empuja la recesión, agrava la deuda pública en pesos y es un mazazo para los trabajadores que usan cada vez más las tarjetas de créditos para solventar los gastos corrientes (como las compras en el súper).
Hay un reclamo de los exportadores (que son los que tienen los dólares) para que se produzca una devaluación que termine con la brecha cambiaria, lo que tendría consecuencias devastadoras, ya que empujaría todos los costos (y con ello los precios) para arriba, por lo tanto dando rienda suelta a la inflación, que ya a esa altura entraría en el terreno de ser hiperinflación. Massa no se opone a devaluar, de hecho, se está haciendo con el oficial pero no al ritmo que requieren los que tienen dólares para desprenderse de ellos. Pero producir una devaluación como la requerida sin reservas a las cuales acudir es un salto al vacío que puede terminar con el propio gobierno. Massa quiere dólares para poder devaluar y los exportadores quieren que devalúe para venderlos. Un círculo vicioso del cual es imposible salir sin una crisis mayor. Mientras tanto, la falta de reservas se compensa metiendo la mano en los encajes de los bancos (es decir, la plata de los ahorristas), armando todas las condiciones para una corrida bancaria.
En lo que sí el gobierno avanzó es en el costo de los servicios que en promedio irán del 50 al 140%, vía la eliminación de subsidios, a través de la segmentación, y con “castigos” de acuerdo con el consumo. El gobierno presentó el aumento de tarifas como una “redistribución de los subsidios”, lo cierto es que a pesar del intrincado laberinto que expusieron los funcionarios del área, que impide saber a ciencia cierta cuánto se va a pagar, lo que se deduce es que se marcha a la “tarifa limpia” sin subsidios. Según los cálculos, esta medida aportará este año 55.000 millones de pesos al Tesoro y unos 500.000 millones cuando termine de concretarse en 2023. Los analistas económicos consideraron que el ahorro fiscal es “insignificante”. Según Clarín (17/8), “el cálculo de Pablo Repetto, director de Aurum, es que la segmentación anunciada ‘tiene poco efecto en 2022 y un efecto acotado en 2023, que podría ser de 0,5% del PBI, dependiendo de los precios internacionales de la energía, que están mucho peor que hace unos meses atrás’”. Para los bolsillos de los trabajadores, el aumento es más que significante.
La “reconversión” del kirchnerismo
El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, un hombre del riñón del kirchnerismo, quien aparecía como uno de los guardianes del “congelamiento tarifario”, fue uno de los informantes del tarifazo, luego aseguró que “jamás” se opuso al “uso eficiente de los subsidios”.
La “reconversión” de los kirchneristas no se queda en Bernal. El viceministro de Justicia, Mena, un cristinista puro, fue quien actuó de intermediario ante el juez que entiende en la causa del avión venezolano, para que el FBI pudiera allanarlo y recoger pruebas; uno de los actos de cipayismo más burdo que se haya conocido. Tampoco habría que cargar todas las tintas contra Mena, cuando la misma Cristina se vio dos veces en pocos días con el embajador yanqui en Argentina, Marc Stanley, y recibió a la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. La oposición del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo no pasaba de una cobertura de su propia disposición a sostenerlo cuando la situación lo requiriese, aunque esto signifique dejar en banda a aliados como Venezuela o edulcorar el ajuste que pagan los que menos tienen.
La gravedad de la crisis y la eventualidad de que se lleve puesto al gobierno han unido a Massa con CFK; y esto implica llevar adelante el plan acordado con el Fondo. Se trata de un acuerdo precario que es contra los trabajadores.
Un régimen en descomposición
El empantanamiento de Massa no está siendo aprovechado por la oposición de Juntos por el Cambio. Elisa Carrió salió con los tapones de punta contra miembros de la propia coalición, involucrando a dirigentes del PRO, como Vidal y Ritondo, y también de la UCR, como Morales, entre otros. Carrió decidió actuar, según ella, para impedir que a través de acuerdos con Massa se termine armando una coalición que incluya a miembros de ambos polos. Para quebrar esta posibilidad, Carrió salió a denunciar los negocios comunes que tienen los dirigentes de Juntos con Massa, es decir, hechos de corrupción, que incluyen vínculos con el narcotráfico.
El tenor de las acusaciones de Carrió dejó por un instante en segundo plano el juicio que se lleva por los negociados en Vialidad, donde están imputados desde la vicepresidenta y funcionarios de su gobierno hasta Lázaro Báez.
Que la lucha política se ventile en los tribunales o en las páginas policiales es una muestra de que estamos en un régimen dominado por la corrupción, el narcotráfico, entre otros crímenes; que esto incluya a los representantes de quienes gobiernan desde hace décadas demuestra que se trata de la pudrición de todo un régimen, que es el mismo que ha llevado a un retroceso en las condiciones de vida de millones de trabajadores y un derrumbe nacional.
Acabar con este régimen requiere de organizarse con independencia política y con las banderas propias de la clase obrera.