El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, reunió al consejo provincial en su sede central de La Plata, en medio de las internas que sobrevuelan al gobierno y que tiene en la primera plana al “divorcio” entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que captó la atención fue la unánime asistencia a la reunión por parte de las distintas alas de la coalición oficial, y que en el reparto de cargos partidarios hubo lugar también para albertistas y los barones del conurbano. De esta manera el kirchnerismo, a pesar de que se esfuerza por desligarse del ajuste y la ruinosa política económica digitada por el FMI, muestra su rol de sostén de la política oficial.

Esta reunión “de unidad” del peronismo de cara al 2023 tuvo como catalizador el reparto de las 47 secretarías del PJ bonaerense, que culminó colocando como secretario general del partido al ministro albertista Gabriel Katopodis, exintendente de San Martín, y en otros puestos a personeros de ese palo como Victoria Tolosa Paz o el titular de Desarrollo Social y exjefe comunal de Hurlingham Juan Zabaleta. Entre otros intendentes del conurbano que cobraron estuvo el alcalde lomense y actual jefe de gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, y el matancero Fernando Espinoza, además de la camporista quilmeña Mayra Mendoza, entre otros funcionarios como la presidenta de Anses Fernanda Raverta. En conclusión, hubo lugar para todos.

Así Máximo Kirchner, en medio de la crisis interna del gobierno y luego de su renuncia a la presidencia del bloque en Diputados previo a tratarse el acuerdo con el Fondo, evidencia que por fuera de las maniobras para despegarse del costo político de ejecutar el ajuste no pretenden desplazar al presidente ni hacerse cargo del gobierno, sino que opera como muleta.

Más aún, el líder de La Cámpora que en abril durante el acampe piquetero frente a Desarrollo Social decía que “hay que dejar de quejarse si cortan una calle” porque “falta la comida en la mesa de los argentinos”, diferenciándose del ministro Zabaleta y su acusación de “extorsión” a las organizaciones de desocupados, insistió en “convertir los planes en trabajo”; y el secretario general de su partido, el “cuervo” Larroque, se prendió en los ataques arteros al Polo Obrero y la Unidad Piquetera para establecer una delimitación con los piqueteros y la izquierda.

No obstante, independientemente de esta foto de “unidad” y del intento por evitar una fractura definitiva del Frente de Todos, lo que potencia las divergencias políticas al interior del oficialismo es la aguda crisis económica y social que atraviesa el país, y el fracaso estrepitoso de toda la política guiada por el programa fondomonetarista. No hay que perder de vista que por estas horas persiste la corrida contra los bonos de deuda en pesos y la presión del mercado por acelerar la devaluación, mientras se constata una inflación que araña el 30% en los primeros cinco meses del año.

En efecto, los ataques al movimiento obrero combativo no solo buscan oponer a la población a las masivas acciones callejeras por trabajo genuino y asistencia social, sino que apuntan contra las perspectivas que ello abre a una mayor penetración de la izquierda revolucionaria en las barriadas obreras, como quedó expuesto en las elecciones legislativas de 2021 con el ingreso de concejales del FIT-U en varios distritos del conurbano.