Políticas
9/10/2024
Córdoba
Mendiolaza: Adela Arning, ajuste y bicicleteo para los trabajadores e impuestazo para los vecinos
Que la intendencia rinda cuentas.
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Municipalidad de Mendiolaza.
Los trabajadores municipales de Mendiolaza recibieron el martes 8, con indignación, la noticia de que la planta política cobró sus sueldos con un reajuste salarial de dos meses, mientras que no hay ni noticias sobre el cobro de los sueldos de planta, de los contratados, ni para quienes prestan servicios municipales mediante un plan trabajar.
Con esto, la intendenta Adela Arning, del PRO, volvió a ratificar sus prioridades y su desprecio por los trabajadores a quienes viene sometiendo a un ajuste permanente desde el inicio de su gestión; ahora los quiere precarizar aún más mediante métodos extorsivos.
A pesar de que de los 217 trabajadores municipales solo 130 son de planta permanente, mientras que 80 cobran un plan trabajar y el resto son contratados, la intendenta planteó a fines de agosto que los trabajadores debían optar entre el congelamiento de los sueldos hasta marzo del 2025, una reducción de dos horas en la jornada laboral o el despido de 67 compañeros.
La extorsión fue rechazada por los trabajadores, que han decretado medidas de fuerza, entre ellas un paro de 48 hs para el 9 y 10 de octubre.
Argumentando la herencia recibida, la intendenta también viene ajustando a la población mediante un incremento del 300% y del 500% respectivamente de los impuestos a los vecinos y comerciantes, y mediante el cobro implacable del monotributo incluso a pequeños contribuyentes en crisis.
Amparándose en tener mayoría en el Consejo Deliberante, Arning ha decretado una emergencia económica, con la cual viene asfixiando a la población sin presentar pruebas de nada, ni rendir cuentas de su gestión. Claro está que, al mejor estilo del gobierno nacional al cual tributa su padrino Mauricio Macri, la gestión se ha llenado de ñoquis VIP.
El “no hay plata” no fue aplicado a la hora de pasar de 15 a 40 los cargos políticos que cobran entre 2,5 y 3,5 millones de pesos, es decir, diez veces más que buena parte de los trabajadores municipales. Quizás para disminuir el obsceno número de los privilegiados a dedo, casi una decena de estos funcionarios pasaron luego a revistar como monotributistas pero conservando sus elevados honorarios.
A la intendenta, ya mudada al Terrón -el más renombrado barrio privado de la zona-, no parecen preocuparle los gastos de remodelación de su despacho ni que la planta política –la mayoría importada de otras ciudades y provincias- se lleve cerca del 40 % del presupuesto del municipio mientras a los empleados les faltan elementos y condiciones de trabajo dignas.
Tampoco parece importarle que la ciudad retroceda al compás de sus políticas: cierre de comercios y locales gastronómicos, empobrecimiento de los vecinos, retroceso en eventos culturales y sociales a escala de Sierras Chicas, etc.
Para Arning todo se reduce a recaudar -aunque nadie sepa ni el destino ni el monto de lo recaudado vista la falta de rendición de cuentas- y a ajustar por abajo sin eliminar los gastos políticos de sus seguidores y colaboradores, aunque eso implique dejar sin trabajo o reducir sueldos a decenas de trabajadores que son vecinos de la ciudad agravando con ello la crisis social.
Hay que dar vuelta la tortilla y las prioridades
Para los trabajadores y vecinos de Mendiolaza, está planteada la necesidad de poner punto final a esta situación y enfrentar el empeoramiento de la situación.
Desde ya, para los trabajadores municipales la tarea es derrotar los planes de hambre y ajuste y la extorsión de la intendencia. Para ello hay que cerrar filas en la comprensión de que nadie se salva solo y trabajar para lograr el apoyo de la población que también es víctima de las políticas del Ejecutivo. Es necesario construir un plan de lucha para arrancar el paro de los sindicatos que intervienen en los municipios de Sierras Chicas y acciones comunes hasta lograr los reclamos de los trabajadores de Mendiolaza.
También hay que exigir mediante una campaña pública de carteles, firmas y pronunciamientos que se den a conocer todos los números de la gestión (recaudación, gastos, deudas, etc). Es un derecho de la población, exigir rendición de cuentas y conocer en qué y cómo se gastan los recursos.
Mientras se desarrolla ese proceso y se verifica colectivamente cuáles son los gastos prioritarios, la calidad y capacidad de la gestión y los funcionarios políticos, estos y la intendenta deberían dar el ejemplo frente a la crisis que argumentan a la hora de ajustar a trabajadores y vecinos y cobrar el equivalente a una categoría 7 del personal del municipio.
Ya basta de que los platos rotos los paguen los trabajadores y la población.
