Sindicales
9/10/2024
El gobierno porteño quiere una Justicia laboral propia para proteger a las patronales
Plantean limitar aún más las indemnizaciones laborales y procesos “exprés” donde se vulneren derechos de los trabajadores.
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Cámara Nacional del Trabajo.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a la carga contra los trabajadores con un proyecto para crear un fuero laboral local, sacando los conflictos de la actual órbita de la Justicia Nacional, con el propósito de intervenir sobre el cálculo de las indemnizaciones laborales a la baja y “agilizar” los procesos vulnerando derechos y garantías de los trabajadores.
El proyecto oficial prevé la creación de 10 juzgados laborales de CABA y dos Cámaras de Apelaciones dependientes de la jurisdicción porteña. Algo que difícilmente pueda suplir los actuales 80 juzgados laborales nacionales con sus respetivas 10 Cámaras de Apelación.
La medida del gobierno de la ciudad se inscribe entonces en las presiones patronales para la morigeración de las sentencias contra los empresarios en los conflictos laborales: una historia que ya acumula varios capítulos, con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de los capitalistas.
Uno de los principales puntos de la contienda es el respectivo al cálculo de los intereses de los montos indemnizatorios al término de procesos que suelen extenderse durante varios años, y donde el capital reclamado termina siendo licuado por efecto de las sucesivas devaluaciones y la inflación.
La Corte ya intervino varias veces en defensa de las patronales y contra los antecedentes y acordadas de la Cámara del Trabajo que estipulan mecanismos para la indexación de los montos indemnizatorios contenidos en las sentencias.
Entre las principales intervenciones del máximo tribunal se encuentra un reciente fallo contra una sentencia de Cámara que había establecido la capitalización anual sucesiva de intereses para el cálculo final de una indemnización por despido.
Luego de esto la Cámara tuvo que modificar el criterio estableciendo por otro con el reajuste de los créditos laborales de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual, que también fue rechazada por la Corte por considerarla no ajustada a lo que dispone supletoriamente el Código Civil y Comercial e “igualmente irrazonable”.
El criterio de la Corte se ha mostrado más que antojadizo en esta materia. En otro fallo donde se discutía la “razonabilidad” de un monto indemnizatorio en favor de un trabajador, en razón de la aplicación taxativa del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el máximo tribunal dispuso que este debía revisarse debido a la “evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal”.
La discusión sobre los métodos para el cálculo de los interese de las indemnizaciones se vuelve vital en un cuadro donde las patronales extienden los plazos de los procesos para licuar el pago del capital reclamado por el trabajador. Cuando se aplican los intereses correspondientes, las patronales patalean para que la Justicia los recorte, perjudicando a los trabajadores cuyos procesos siguen abiertos y sin posibilidad de acceder al pago. Esta dinámica implica que muchos juicios no prosperen debido a la necesidad del trabajador de ingresar algo de dinero para sobrevivir.
El gobierno de la ciudad no esconde sus intenciones como gestor de los intereses patronales, señalando que apuntan avanzar con un esquema de cálculo para indemnizaciones fijo, para evitar “fallos desproporcionados”. Además de proceder en la precarización laboral de trabajadores de la Justicia con distintos mecanismos que vulneran los derechos adquiridos en el fuero nacional.
El reflote de este proyecto de traspaso de la Justicia laboral a CABA representa una nueva presión para ajustar los criterios jurídicos a las pretensiones e intereses capitalistas: un interés reaccionario y antiobrero que, sumado a la reforma laboral antiobrera que habilita los despidos baratos, representa un nuevo ataque contra los trabajadores.
