Este jueves 13 de enero, el gobernador Rodolfo Suárez emitió el decreto 12/2022 por el cual autorizó dos aumentos en el servicio de transporte mendocino. A partir de enero, sube el boleto de $25 a $35, y a partir del 1 de julio el pasaje pasará a costar $40.

El aumento, que representa en total un 60% en el boleto de colectivo, es un duro golpe al bolsillo de los trabajadores que también verán este mes un incremento en sus tarifas de luz y agua que aumentan un 20% y 45% respectivamente. Si tomamos el salario mínimo, vital y móvil, el costo del transporte público mensual de un trabajador alcanza el 4,5% del salario, porcentaje que se multiplica si consideramos el grupo familiar y el ajuste brutal en curso.

Miles de trabajadores se movilizan diariamente para ir a sus lugares de trabajo: albañiles con herramientas; gastronómicos que deben recorrer largas distancias diariamente para cubrir la temporada vacacional; enfermeros; trabajadores del comercio; trabajadoras de casas particulares. El grueso de una población que lejos está de superar la línea de la pobreza y aún más lejos de afrontar un nuevo ajuste en las tarifas.

El gobierno de Mendoza impuso #tarifazo en agua, transporte público y electricidad, ¿el pueblo que paga accede a la contabilidad de esas empresas públicas? Apertura de los libros contables de estas empresas de servicios públicos e investigación popular para que dejen de robar!

— Sole Sosa (@solesosa_mza) January 14, 2022

La suba, que responde a los intereses de quienes lucran con el transporte en Mendoza, contrasta con la calidad del servicio que prestan, principalmente en las barriadas obreras, y con la realidad de una provincia que tiene más de un 45% de pobreza y donde 6 de cada 10 niños son pobres, dificultando aún más sus condiciones de vida con este aumento.

Este aumento se otorgó a pesar del incremento de los subsidios provinciales que en 2022 alcanzarán los 13 mil millones de pesos por parte de la provincia más 3,5 mil millones por parte de Nación.

Quienes exigen más subsidios y aumentos de boleto se rehúsan a blanquear a dónde van los fondos provinciales y nacionales que reciben mensualmente. Tampoco explican dónde fueron los millones que acumularon las empresas durante años de concesión del servicio. Esto es una manifestación del carácter parasitario de estas empresas que son de los principales vividores del Estado.

Según Natalio Mema el 80%, o mas, del costo del boleto es costeado por el estado. El otro 20% es el lucro de un grupo selecto de familias.
El boletazo es para aumentar la "rentabilidad empresarial" que no corre ningún riesgo.
Capitalismo de amigos a costa del pueblo trabajador. pic.twitter.com/0GhYoKjrcL

— Víctor da Vila (@VictordaVilaPO) January 14, 2022

Ante esta nueva avanzada, desde el Partido Obrero exigimos la inmediata anulación de este tarifazo. Es necesario que las empresas concesionarias del servicio abran los libros contables y rindan cuentas.

Es evidente que un servicio esencial y estratégico como el transporte no puede continuar en manos privadas, siendo una fuente más de acumulación para unos pocos que ni siquiera tienen riesgo de pérdida porque su rentabilidad está asegurada por ley. Es necesario proceder a la estatización del transporte y colocarlo en manos de los propios trabajadores y sus necesidades.

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