En un rapto de sinceridad, el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo se sacó la mano del pecho y, desde una actividad proselitista en el departamento de Las Heras, declaró: “Modificar la legislación laboral es imprescindible. Todos hablan de lo que se viene, pero nadie menciona esto. Hay un montón de empresas que, la verdad, tomarían más empleo con otra legislación laboral”. La interpretación no admite debate: con una reforma que destruya las protecciones laborales las empresas podrían contratar más trabajadores de forma precarizada y con menores costos.

Sin embargo, lo único que asegura la reforma laboral de Cornejo es profundizar la miseria del pueblo trabajador, pero no garantiza la creación de empleo. De hecho, la débil reactivación tras el párate de la cuarentena de 2020 se llevó a cabo con menos personal que antes, como sucede con los récord de productividad en Vaca Muerta, lo que muestra una intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo. Además, la inflación imparable ha licuado fuertemente los salarios y eso no se expresa en inversiones ni repunte económico alguno. La capacidad ociosa de la industria sigue promediando el 40%.

La destrucción de las precarias condiciones de trabajo puede recomponer la tasa de ganancia de las patronales, pero las inversiones están atadas también a otros factores. Por eso las cámaras empresarias exigen reducciones impositivas, mientras cobran subsidios millonarios como las energéticas, es decir que tiene como contrapartida un mayor ajuste del gasto público, pero en salarios, jubilaciones, salud y educación. La reforma de Cornejo en primer lugar beneficiaría al Estado como patrón.

En este cuadro el Frente de Todos, y particularmente su ministro Martín Guzmán, están negociando los términos del acuerdo con el FMI que tiene como uno de los pilares la reforma de la legislación laboral. Por este motivo la CGT, la CTA y los movimientos sociales afines al gobierno les garantizan la paz social, incluso en Mendoza con el derechista de Rodolfo Suárez.

La depreciación de la fuerza laboral es entonces un punto clave del nuevo programa que se negocia con el FMI, por lo tanto de la subordinación colonial del país al imperialismo. El saqueo de las divisas para pagar la deuda es un obstáculo para cualquier perspectiva de desarrollo y crecimiento económico, con la consecuente creación de puestos de trabajo.

Seamos conscientes que esto enfrentamos el personal de salud, estatales y judiciales en nuestra lucha. Con la plata del Estado financiaron barrios privados, para obra pública tomaron deuda, a las empresas amigas les pagan en dólares. Eso es lo que quieren cuidar con el voto. pic.twitter.com/LX1ckoTaY1

— Sole Sosa (@solesosa_mza) August 26, 2021

En los reclamos populares está la salida a la crisis

Desde el Frente de Izquierda rechazamos que sean los trabajadores quienes tengan que pagar la crisis. Lo que el pueblo necesita es que los recursos de la nación y la provincia sean orientados a inversión productiva, empezando por reabrir las fábricas cerradas en el último tiempo. En lugar de rescatar a las patronales a libro cerrado, cuyo extremo es el salvataje de Rodolfo Suárez y Alberto Fernández a Impsa, planteamos la apertura de las cuentas al control obrero.

Lo mismo vale para la obra pública, fuente importante para la generación de trabajo genuino. Debe ponerse fin al festival de las grandes constructoras y proceder a un plan de infraestructura, de urbanización de las barriadas populares y de construcción de miles de viviendas. Estas medidas atacarían directamente el problema del desempleo, el hambre y la vivienda.

Rechazamos a su vez el saqueo que significa la megaminería y defendemos la preservación del agua, contra la orientación de los gobiernos nacional y provincial (incluyendo a la mendocina Sagasti del Frente de Todos) que lo presentan como una vía de desarrollo. Estamos en las antípodas de lo que pretende el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien justifica la contaminación como vía para obtener los dólares para pagarle la deuda al FMI.

Estas medidas sólo pueden ser llevadas adelante con la movilización y el control por parte de los trabajadores de los recursos disponibles, nacionalizado la banca y el comercio exterior, planificando la economía para satisfacer las necesidades sociales y no la rentabilidad de los grandes grupos económicos que son los protagonistas de la fuga de capitales.

Con este planteo, el Frente de Izquierda enfrenta cotidianamente el ajuste en las calles. Por esto importa que el próximo 12 de septiembre seamos miles los que llevemos esta lucha a las urnas votando a los candidatos de la izquierda en las Paso.

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