Políticas
31/5/2024
Mendoza: el programa “Enlazados” destapa la corruptela del gobierno y empresarios
Corrupción provincial y patronal, sobre la base de la precarización laboral.
Seguir
Negociados con el programa "Enlazados".
Hace algunas semanas, tras una investigación periodística de un medio local mendocino, saltó a la luz un escandaloso fraude de más de $26 millones por el programa “Enlazados”, destinado a generar puestos de trabajo en el sector privado y que corresponde al Ministerio de Trabajo provincial.
El robo salió a la luz porque Afip empezó a investigar las cuentas e ingresos de una empleada administrativa de la cartera que registraba transferencias millonarias. Luego de haber tratado de impedir que la noticia trascendiera, una vez que tomó estado público desde el Ministerio buscaron difundir que habían sido ellos quienes descubrieron la irregularidad en lugar del organismo nacional y que se respetaron los tiempos de los procesos internos para llevar adelante la denuncia, e intentaron hacer recaer todo el peso del delito sobre la empleada y otros 31 cómplices.
Lo que puso en el foco a los responsables del área vinculados a Rodolfo Vargas Arizu -principal referente del sector empresarial- que se sumaron a la actual gestión de Alfredo Cornejo, es el modus operandi de una empleada que “descubrió” que existía una brecha que podía aprovechar: daba de alta los supuestos empleados los días 28, cuyos programas se liquidaban los 29, para luego ingresar el último día del mes y darle de baja nuevamente. Este accionar lo realizó por más de cuatro meses sin que nadie sospechara absolutamente nada, ya que asignaba a sus 31 “cómplices de forma aleatoria”, hasta que el quinto mes los asignó todos a una sola empresa y fue ese descuido el que llamó la atención de los funcionarios que Arizu y Cornejo.
No era la excepción, sino la regla. También los empresarios cometieron fraudes en el programa del gobierno. La transportista Expreso Luján, la constructora Cartellone, el grupo Broda -conocido por tener varios negocios con la provincia y que hace poco se hizo del diario Los Andes– y otras siete empresas; están siendo investigadas por truchar facturas de pago de impuestos (automotor, inmobiliarios, etc.), que eran requisitos para poder ser parte del beneficio de promoción de empleo, consistente en el pago de un salario mínimo, vital y móvil por parte del gobierno por cuatro meses. Desde la cartera también trataron de evitar que se hiciera público, pero que se filtró desde ATM (Administración Tributaria Mendoza) por el pedido de investigación de la situación tributaria de estas empresas.
En este contexto se emitió el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo ordenando que el gobierno sea querellante en la causa contra la empleada sindicada por el desvío de los $26 millones y sus supuestos 31 cómplices, a pesar de que aún no pesa imputación sobre los 32 señalados en la causa. Es un acting reclamando que se los impute y se recupere el dinero, después de haber dejado correr casi un mes del conocimiento de las irregularidades para que las empresas “acomoden” sus papeles en función de presentar que no existió daño patrimonial para la provincia.
El caso deja expuesto cómo las arcas se vacían en pos de mantener negocios de grandes empresarios, sostenidos sobre la base de precarizar trabajadores sin ningún tipo de estabilidad laboral. Esto en una provincia con algunos de los salarios más bajos del país: una maestra con dos turnos cobra $650 mil, en momentos que la canasta básica supera los $800 mil.
Esta casta es para la que gestionan los Alfredo Cornejo y Javier Milei, mientras para el conjunto de la clase obrera “no hay plata”. Para terminar con esta situación es necesario sacarse de encima a los capitalistas y sus gobiernos, profundizar la organización en cada lugar de trabajo, barrio y estudio preparando las bases para una intervención de los trabajadores por todo los reclamos postergados y por una perspectiva a la crisis actual.
