23/07/2020

Mendoza: la disputa Malargüe – Nación tiene a los trabajadores como rehenes

En las últimas semanas el intendente del municipio mendocino de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ha salido a alertar ante la imposibilidad de pagar los salarios de la planta municipal. Ello se debe a una abrupta caída de las regalías petroleras, y además denuncia haber quedado por fuera del reparto de la coparticipación federal.

Ojeda remarcó que este mes van a cubrir el déficit económico (de al menos $3.500.000) con un préstamo del Banco Central, y que ello no volverá a ocurrir en agosto. De esta manera prepara un ajuste al conjunto de los municipales malargüinos, que como el resto de municipales de la provincia cobran salarios de miseria. El mismo intendente reconoció en conferencia de prensa que recortó 300 puestos de trabajo, ya que la planta pasó de 2.000 a 1.700 empleados.

En esta situación están expuestos también los trabajadores petroleros. Siendo la principal actividad del departamento y por ende su principal fuente de ingresos, la viabilidad está cuestionada con la caída de la explotación petrolera. Ojeda amenaza con ir a la Justicia a denunciar a las empresas que no paguen coparticipación por el valor del barril criollo a 45 dólares, ya que ahora la pagan a 12 dólares. Es una muestra del callejón sin salida de un Estado que subsidia por un lado pero pide cobrar impuestos sobre su mismo subsidio.

Aprovechando la crisis, el gobierno municipal ha salido a agitar el lobby de la megaminería nuevamente, insistiendo con el planteo de derogar la ley 7722 en su departamento y así poder habilitar la explotación de los recursos naturales por multinacionales mineras. Deberá para eso quebrar la resistencia popular que hizo retroceder ese intento en la provincia a principio de año.

Para dar una salida a la crisis actual del departamento es necesario medidas que reorganicen de pies a cabeza el municipio, sobre nuevas bases sociales, partiendo de la nacionalización de la industria petrolera, bajo control de los trabajadores.

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