Durante tres años, evitó citarlo a declarar por la desaparición del conscripto Agapito Ledo. Ahora que la Cámara de Casación resolvió a favor de un planteo de la querella de la familia Ledo y lo conminó a tomarle indagatoria, el juez decidió apartarse de la causa en vez de convocarlo.

El ex general César Milani le debe al juez tucumano unos cuantos favores por los servicios prestados. Durante todo este tiempo, lo preservó de tener que dar la cara por su participación en el genocidio de la dictadura y su comparecencia continuará dilatándose, hasta que el nuevo juez, Fernando Poviña, decida si acepta continuar el caso.

Milani declaró antes en la causa que se le sigue por “enriquecimiento ilícito” a partir de un informe del programa de Jorge Lanata, que reveló que vivía en una mansión de 1.150 metros cuadrados, que en las dos causas en las que se le imputan delitos de lesa humanidad.

El ex jefe del Ejército carga con acusaciones muy pesadas sobre sus espaldas. Se le atribuye haber estado involucrado en la desaparición de Ledo y en los secuestros y torturas que sufrieron Alfredo Olivera y Verónica Matta. Las primeras denuncias por su participación en la represión genocida datan de los años 80. Hizo carrera militar en el arma de Inteligencia. Con estos antecedentes a cuestas, el gobierno de CFK lo designó a la cabeza del Ejército cuando se produjo la ruptura definitiva de la camarilla K con “Jaime” Stiuso.

Semanas atrás, un senador oficialista denunció que Milani había gastado más de 500 millones de pesos en “gastos de Inteligencia” sin rendir cuentas, pero del tema no se habló más.

El macrismo está dispuesto a escarbar en la corruptela K, pero no a agitar aguas que involucren al aparato militar, en momentos que busca disponer de las fuerzas armadas para intervenir en la represión interior.