Políticas
5/8/2026
Milei empuja a 800.000 nuevos trabajadores a la pobreza
Una tendencia que amenaza con crecer de la mano de los despidos, la precarización laboral, los tarifazos y el ajuste.
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Los datos difundidos por el Indec confirman el fracaso social del programa económico de Javier Milei, con el crecimiento de la pobreza trepando al 30% y la indigencia al 6,5%, por encima de los registros de los dos trimestres anteriores. Se trata de la segunda suba consecutiva y de un dato que desmiente el relato oficial sobre una supuesta recuperación económica, cuando golpean los despidos, la precarización laboral, el ajuste y aún falta considerar el impacto de la reforma laboral antiobrera.
Se trata de información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que da cuenta que en relación con el segundo semestre de 2025 hoy existen unos 800.000 pobres más en la Argentina, de los cuales casi 100.000 son nuevos indigentes. Detrás de estas cifras se encuentran millones de familias cuya situación se deteriora mientras el gobierno protege las ganancias de los banqueros, especuladores financieros y grandes capitalistas.
La política de Milei licuó los ingresos populares mediante el cepo a las paritarias y los tarifazos permanentes en electricidad, gas, agua y transporte. Mientras los salarios son pisados, los servicios esenciales absorben una parte cada vez mayor del ingreso de los trabajadores, con tarifazos y aumentos sistemáticos, al tiempo que las patronales gozan de todo tipo de beneficios, regímenes especiales y privilegios.
A este cuadro se suma la destrucción sistemática del empleo registrado, con una tasa de desempleo que pasó del 6,9% en el primer trimestre de 2023 al 7,8% en igual período de 2026. Esto se da al mismo tiempo que la informalidad escaló del 40,8% al 44,2%, mientras se perdieron más de 235.000 puestos de trabajo registrados.
Los trabajadores expulsados del empleo formal encontraron como único refugio el cuentapropismo o el trabajo informal, es decir, formas de ocupación marcadas por la precariedad, la ausencia de derechos y remuneraciones de miseria. Lejos de representar una salida, el autoempleo se convirtió en una expresión más de la degradación laboral.
Los datos de C-P Consultora dan cuenta que quienes perdieron un empleo registrado y consiguieron otro en la informalidad sufrieron una caída real cercana al 14% de sus ingresos. Los que pasaron al empleo público perdieron alrededor del 5%. Sin embargo, el golpe más brutal recayó sobre quienes debieron autoemplearse, cuyos ingresos reales se desplomaron cerca del 30%.
Este vínculo entre pobreza y precarización constituye uno de los rasgos centrales de la etapa. El crecimiento del trabajo por cuenta propia, las changas y las aplicaciones de reparto no expresa un supuesto espíritu emprendedor, como pregona el gobierno, sino la ausencia de empleo genuino y el derrumbe de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora.
Como señaló el dirigente del Partido Obrero y el FIT-U Gabriel Solano, “Milei lo hizo: en 2026 hay 800.000 pobres más en la Argentina”, responsabilizando al gobierno por la caída de salarios, la destrucción de puestos de trabajo y el avance de la precarización, agravados por las negociaciones salariales a la baja –cuando el gobierno impone a rediscusión de cientos de convenios colectivos de trabajo- mientras continúan los aumentos de tarifas y servicios. A ello se suma la eliminación de 1.000.000 de programas sociales, una decisión que amenaza con profundizar todavía más la crisis social.
Este escenario puede agravarse dramáticamente si el Congreso aprueba la reaccionaria ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el oficialismo. Bajo la defensa abstracta de la propiedad privada se pretende reforzar los desalojos, facilitar la expulsión de comunidades originarias y profundizar la entrega de tierras al capital extranjero, en un país donde la crisis habitacional y la pobreza no dejan de crecer.
Mientras millones de trabajadores pierden derechos, empleo e ingresos, el gobierno responde con una agenda destinada a blindar los intereses de los grandes propietarios y criminalizar las luchas populares. La ofensiva contra las condiciones de vida de la población trabajadora se combina así con una ofensiva política contra quienes enfrentan el ajuste.
Frente a este cuadro social crítico, la única salida pasa por reforzar la movilización independiente de los trabajadores y los sectores populares. La convocatoria a movilizar al Congreso el 6 de agosto, contra la ley del oficialismo, y el 7 de agosto contra la eliminación de los programas sociales debe transformarse en una gran demostración de fuerza para enfrentar el ajuste de Milei, derrotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y abrir paso a una respuesta de conjunto de la clase obrera frente a un gobierno que multiplica la pobreza para garantizar las ganancias del gran capital.
