Políticas

6/6/2024

Milei le allana el camino a las prepagas para avanzar sobre las obras sociales

El gobierno da marcha atrás a la retención del 20% de los aportes a la medicina prepaga para el Fondo Solidario de Redistribución.

Prepagas.

El gobierno volvió a darle una vuelta de tuerca a su acercamiento a las empresas de medicina prepaga dando marcha atrás a la retención del 20% en los aportes de las cuotas de los afiliados para el financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Por esta vía, Milei le allana el camino a las prepagas para que avancen de una vez por todas sobre las obras sociales sindicales.

Esta retención del 20% surge del Decreto 70/23 con el cual el gobierno habilitó a las prepagas a proceder a la afiliación directa de trabajadores registrados, sin intermediación de las obras sociales.

Hasta ahora, las obras sociales aportan un 15% del total de los aportes de sus afiliados al FSR, para la cobertura general de tratamientos complejos y de alto costo. La única condición impuesta por Milei para que las prepagas se adueñen del mercado de las obras sociales fue que para el caso de que las cuotas excedan los descuentos regulados se aplique una retención superior, del 20%.

Esto no agradó mucho a las empresas de medicina prepaga, las cuales señalaron que de ser así trasladarían el costo de dicha retención a los afiliados, con nuevos aumentos, en un cuadro donde en tan solo cuatro meses las prepagas impusieron aumentos superiores al 160%, desatando una crisis con el gobierno, con sus idas y vueltas.

Ahora el gobierno, que viene de acordar con la prepagas la liberación de tarifas desde el mes de julio y un esquema de “devoluciones” de lo mal cobrado que perjudica a los afiliados, decide ceder nuevamente ante las patronales del sector.

Entre las razones que deslizaron se encuentra el hecho de que a pesar de que el gobierno respalde con fuerza el ingreso de las prepagas en el terreno de las obras sociales, estas casi que no se han inscripto en el registro de entidades habilitadas para realizar descuentos directos sobre los salarios de los trabajadores registrados.

Con esta modificación, las prepagas pagarán lo mismo que las obras sociales, a pesar de poder fijar precios y cuotas superiores a los de la cobertura social de los trabajadores, siendo este otro diferencial para favorecer al sector privado contra las organizaciones sindicales.

El FSR se encarga de compensar las asimetrías económicas entre las obras sociales a la hora de cubrir tratamientos y medicamentos de alto costo, siendo una de las cajas sobre la cual se ejerce mayor presión por parte de las obras sociales y que el Estado dispone discrecionalmente a través de la Subsecretaría de Servicios de Salud. Todos los gobiernos se han valido de esta “discrecionalidad” para negociar y disciplinar a la burocracia sindical, que en la mayoría de los casos a subordinado los intereses de los trabajadores al acceso a la caja.

El entendimiento de Milei con los “cartels” de la medicina privada no podría ser mejor, habiéndoles facilitado todo para que las prepagas vayan a la caza de un mercado de millones de trabajadores registrados.

De prosperar esta colonización sobre las obras sociales tendremos la supervivencia de un contado número de las mismas, con estructura nacional y capacidad autónoma, con prestaciones básicas y aportantes con menor capacidad económica, por un lado, y una medicina privada altamente costosa, financiada con los aportes salariales más elevados.

Esto rompería el carácter solidario del sistema y ampliaría la diferenciación social respecto al acceso a la salud, con obras sociales vaciadas y al borde del colapso y prepagas holgadas, con grandes beneficios.

Hay que terminar con la política privatista en la salud y de grandes negocios para un puñado de capitalistas, comenzando por la intervención del sector y la apertura de los libros de las empresas bajo control de sus afiliados y trabajadores, y el establecimiento de un plan universal e integral de acceso a todos los trabajadores, junto al garantizamiento de los fondos para el funcionamiento del sistema de salud público y el envió de los fondos del FSR a las obras sociales, controladas por comisiones electas por sus aliados.

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