Políticas
22/11/2024
Milei y Caputo, con Indec a lo Moreno y tarifazos a discreción
La prórroga de la emergencia energética y el bloqueo al nuevo cálculo del IPC.
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El peso cada vez mayor de las tarifas.
Mientras Milei se celebraba a sí mismo en una entrevista diciendo que logró bajar la inflación “al mismo tiempo que (implementó) la recomposición tarifaria”, el gobierno prorrogaba la emergencia energética hasta julio. ¿Por qué el supuesto libertario mantiene la intervención estatal sobre toda la cadena de generación, transporte y distribución de electricidad y gas natural? Porque el problema de las tarifas no solo no está resuelto, sino que golpea en el corazón del “plan antiinflacionario”.
La prórroga de la emergencia consagra formalmente el abandono del objetivo oficial de completar la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para que entrara en vigencia en 2025. Antes ya habían archivado el llamado a audiencias públicas anunciado para este último bimestre del año, y rajado a Eduardo Rodríguez Chirillo de Energía. Se mantiene, así, el poder discrecional del gobierno para fijar los valores de los distintos componentes de la boleta. La preocupación central es no detonar tarifazos en el verano que vuelvan a acelerar el alza de precios y -cuando se esperan altas temperaturas y apagones– aumente la bronca a comienzos del año electoral. Milei y Caputo optaron seguir la regulación estatal con incrementos controlados; reminiscencias de la “sintonía fina” de Cristina y Kicillof.
El tema preocupa en el elenco “libertario” porque es justamente el golpe que significaron las subas de tarifas sobre las familias trabajadoras lo que explica la magnitud de la caída del consumo, y por qué nadie siente alivio en sus bolsillos a pesar que los índices oficiales muestren que la inflación desciende y los ingresos mejoran.
Según la consultora Empiria (del exministro macrista Sebastián Lacunza) el ingreso disponible de un hogar promedio del AMBA, una vez que se restan los gastos fijos, cayó un 13,9% real entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024; la pérdida más que duplica la que expresa la medición de la evolución de los salarios versus el IPC. El peso de esos gastos fijos como proporción de los ingresos creció un 43,7%, hasta representar casi una cuarta parte -y cerca de un tercio si solo se toman los hogares de inquilinos, en los que se agrega el alquiler.
Para ocultar esta realidad Milei y Caputo vienen rememorando también los tiempos de la intervención de Guillermo Moreno en el Indec, recordado por distorsionar el IPC. Ahora los “libertarios” bloquean la aplicación de la nueva fórmula para calcular la inflación mensual, que actualiza la ponderación de los distintos bienes y servicios en la canasta de consumos. Eso es lo que explica que los laburantes no percibamos la baja de la inflación que festejan desde el gobierno.
El ente de estadística confeccionó un nuevo índice en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 (el actual se basa en la de 2004-2005), en el cual el ítem vivienda y servicios pasa de incidir un 9,4% a un 14,5% en el IPC general. Esto cuando el rubro “electricidad, gas y otros combustibles” acumula en el año un alza de 393,7% en el Gran Buenos Aires, más que triplicando el nivel general. Lo mismo aplica para los gastos en transporte y comunicación. El gobierno frenó en seco la implementación del nuevo cálculo, para evitar que quede en evidencia la precariedad de su “triunfo sobre la inflación” tanto ante el electorado como ante el mercado. Quieren margen para seguir ajustando en salarios y jubilaciones, y sostener las expectativas del carry trade.
No es un destalle estadístico, a la luz de la decisión de prorrogar la emergencia energética. De hecho, comunicaron que estos meses seguirán aplicando subas mensuales en línea con el IPC, pero ya no basadas en la inflación pasada sino en la futura, lo cual quiere decir buscan anclar las tarifas y confían más en las proyecciones actuales que en la realidad por venir. No sorprende, cuando en el semestre que llevan usando este esquema suspendieron más de una vez las actualizaciones cuando los números dieron altos.
Según declaraciones en off de un alto directivo de una empresa gasífera al portal especializado EconoJournal: “Nuestro objetivo es recuperar el valor real de las tarifas que nos habían autorizado en abril. Como el gobierno pisó la actualización por IPC durante algunos meses del año, desde marzo a noviembre perdimos cerca de un 15% de nuestros ingresos reales” (12/11). Las distribuidoras de gas y electricidad venían negociando con Rodríguez Chirillo la puesta en vigencia de la RQT en enero de 2025 con tarifazos del 30%, hasta que el funcionario fue eyectado.
Claro que las privatizadas tienen recursos para salirse con la suya. Es lo que hacen las distribuidoras eléctricas, que no le pagan a Cammesa los despachos de la energía que distribuyen. Desde enero la deuda de estas empresas creció de poco menos de 400.000 millones a más de un billón de pesos, con Edesur y Edenor concentrando casi la mitad de los impagos (EconoJournal, 18/11). Esto a pesar de los tarifazos, que tomando el caso de Edesur le permitieron mejorar sus resultados operativos un 41% en un contexto de menor consumo de electricidad (Ámbito Financiero, 30/10). Como sea, toda esta situación agrava la huelga de inversiones de las empresas, y lo vamos a sufrir ni bien llegue el verano.
Con todos estos inconvenientes de por medio, los tarifazos siguen siendo el programa del gobierno. La nueva conducción de la Secretaría de Energía, María Tettamanti, que responde a Daniel González y Caputo, declaró que ahora la idea “es eliminar la segmentación y que haya solo usuarios con subsidio y sin subsidio”. Entre líneas, está anunciando que planean eliminar en masa las subvenciones en las boletas del sector medio (N3); ese es el mazazo que buscan postergar para después de las elecciones legislativas.
Para que no nos estafen hablando de la baja de la inflación, ni sigamos teniendo que resignar la compra de comida para pagar las boletas, tenemos que enfrentar ahora a este gobierno capitalista que se sirve del intervencionismo estatal para que seamos los trabajadores los que pagamos la crisis, con una enorme transferencia de ingresos hacia el capital. Mientras el pueblo pasa hambre, las energéticas están de fiesta en los mercados de especulación bursátil.
Que se abran los libros de las empresas de energía al control obrero y de los usuarios, para terminar con los subsidios al gran capital y las tarifas impagables. ¡Fuera Milei!
