Políticas
24/9/2024
Milei y los gobernadores, concentrar “hasta el último peso” para pagar la deuda
La coparticipación y el ajuste en las provincias.
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Entre las cosas que dijo Milei en su discurso de presentación del Presupuesto 2025 llamó la atención que haya pedido a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares, “una cifra que, según los analistas, equivaldría al total del gasto anual de los gobiernos subnacionales” (Ámbito Financiero, 16/9). ¿A qué viene entonces esta sobreactuación en los recortes que exige a los gobernadores?
En términos políticos el presidente acostumbra a exagerar sus choques con la oposición para acusarla de pretender tumbar el programa del gobierno nacional. En realidad cuesta imaginar mayor colaboración con el “ajuste más grande de la historia” por parte de peronistas, radicales y macristas, algo que vale en primer lugar para los mandatarios provinciales, como vamos a ver en este artículo. En clave económica, sin embargo, expresa una verdadera política de Estado de todos los gobiernos: la concentración de los recursos en las arcas nacionales para el pago de la deuda.
Una para vos, dos para mí
Milei hizo una bandera de los recortes en los giros a las provincias, con la eliminación del Fonid que es un robo salarial a la docencia, del Fondo de Compensación al Transporte que implicó boletazos en el interior, la cancelación de la obra pública de Nación con miles de despidos, la derogación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, partidas de salud y la virtual supresión de las transferencias no automáticas. De todas maneras, la parte más gruesa del ajuste está en la caída de la coparticipación, la parte de la torta de los impuestos nacionales que se redistribuyen a las provincias.
La Coparticipación Federal de Impuestos es la expresión de un régimen político cuyo pilar es el intento por garantizar el pago de la deuda (algo que demuestra la falta de originalidad del presidente, quien considera un hito histórico fijarlo en la ley de presupuesto). Es que desde fines de los ’80 quedó establecido el actual reparto de la recaudación fiscal que deja en manos de Nación la porción más grande, mientras que fueron transfiriendo a las provincias la totalidad del sistema educativo y de salud sin asignar recursos para sostenerlos.
En concreto, el Estado nacional reparte en concepto de coparticipación un porcentaje de lo que recauda, pero solo por algunos impuestos: Ganancias e IVA (juntos representan el 86% de la masa coparticipable). El resto no se comparte. De lo que ingresa por esos tributos el 42,34% queda para el gobierno nacional y el 56,66% se gira las provincias de forma automática (el 1% va a un fondo del Tesoro que es lo que se distribuye en las transferencias discrecionales). Se suma a ese esquema de base un laberinto de leyes y fondos de uso discrecional que se negocian con cada gobierno de turno con los clásicos métodos de la casta (los cargos y asados de Milei tampoco son nada nuevo bajo el sol).
Como el resto de los impuestos no entra en el reparto, se estima en las últimas décadas dos tercios de los ingresos por gravámenes nacionales queda en la caja del Tesoro nacional. Se entiende fácilmente por qué las escuelas y hospitales están cada vez peor, mientras el país paga billonadas en intereses de deuda. Los gobernadores lo compensan en parte con numerosos impuestos provinciales (inmobiliario, automotor, sellos), e incluso con tasas municipales, que cargan sobre la población. De ahí la llamada “presión tributaria”.
Este esquema, a la vez que concentra los recursos en las arcas nacionales como garantía a los acreedores, traslada a la población en forma directa las consecuencias de la caída de la recaudación por el derrumbe del consumo y la recesión, ya que los tributos coparticipables son los que más dependen de la actividad económica interna. Así, si los ingresos totales de los primeros ocho meses se contrajeron un 8%, la baja es de 14% si no se cuentan las retenciones y el impuesto País (que no entran en el reparto), según estimación de Iaraf. Cepa calcula que en agosto la coparticipación cayó 18,8% interanual, y para Politikon Chaco las pérdidas reales en lo que recibieron los 24 distritos supera los 4 billones de pesos.
Un tema adicional es que el Presupuesto 2025 -que, según los análisis, incrementa la presión impositiva total en proporción al PBI- aumenta las exenciones a los capitalistas. Eso también lo vamos a pagar “con la nuestra” a fuerza de menores giros por coparticipación, ya que se resignarán $9,9 billones por IVA y $5,2 billones por Ganancias. Esto cuando vienen de reponer el impuesto al salario, en acuerdo con los gobernadores que embolsarán su parte. El colmo es que mientras tanto los mandatarios se sumaron a promover ventajas económicas a las grandes multinacionales para complementar el Rigi. Un doble vara con nítido contenido de clase.
¿Quién tiene la motosierra más grande?
A pesar de semejante desplome en lo que reciben de Nación, las provincias mantienen un superávit fiscal. A la luz de esto se comprende la reacción de los mandatarios ante el discurso presidencial. Raúl Jalil, de Catamarca, dijo que les piden superávit fiscal pero es “lo que los gobernadores hacemos todos los días”. “Jujuy ya hizo todos los ajustes que se tenían que hacer, todo lo que había que achicar ya lo achicamos”, afirmó Raúl Sadir. “No hay mucho más que recortar”, según el ministro de Economía salteño Roberto Dib Ashur. Esto es lo que pasa cuando se ordena el gasto público en función del pago de una deuda que no para de crecer.
Algunos peronistas optaron por un tono más confrontativo para diferenciarse de la motosierra “libertaria”, pero la demagogia tiene patas cortas. El formoseño Insfrán denunció que Milei “le saca a las clases medias, a los humildes, a los jubilados” para el pago de la deuda y beneficiar a un grupo de empresarios, pero comanda la provincia que más recortó el gasto en el primer semestre del año (-42,8%), según releva la consultora Politikon Chaco. Vale lo mismo para el kirchnerista Gustavo Mellela en Tierra del Fuego (-38,6%), Ricardo Quintela en La Rioja (-36,6%) e incluso Kicillof en Buenos Aires (-19,1%).
Al tipo de cambio oficial, el ajuste del gasto público de las provincias sumó en el primer semestre 9.650 millones de dólares. ¿Sobre qué partidas cayó la poda? De cada $100 de recorte, $37 se hizo en salarios públicos provinciales (con una variación de -17,7% interanual).
Un caso ilustrativo es el de Neuquén, la única jurisdicción que registra un aumento en su recaudación. Su gobernador, Rolando Figueroa, se mostró más mileísta que el propio Milei cuando respondió al pedido de ajuste que “si sacamos el coeficiente de coparticipación nos da que los neuquinos tenemos que ordenarnos en 341 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos vamos a ordenar este año? En 850 millones de dólares, casi el triple de lo que está pidiendo el señor presidente”. Palabras que explican la tenacidad con que se opuso al enérgico reclamo salarial de la docencia de su provincia.
Los otros que cargan con el peso de este esquema de centralización de recursos son los jubilados. La mitad de las provincias ejecutaron la “armonización” de los regímenes provinciales con la Anses, que en resumen barre con toda relación de los haberes y la movilidad respecto de los salarios en actividad. Allí donde no pudieron concretarlo impulsan reformas antijubilatorias que incrementan la edad de retiro, los aportes de los trabajadores en actividad, modifican a la baja el cálculo de los haberes; hoy lo hace Maximiliano Pullaro en Santa Fe, represión mediante, igual que antes lo hizo el peronismo en Córdoba. El robo a las cajas previsionales es otro de los frentes de la motosierra “federal”.
Nada de esto va a resolver ni uno de los problemas que atraviesa la economía argentina. Más bien al revés, simplemente profundiza el mismo camino de hundimiento en la pobreza del país para cumplir compromisos que más tarde o más temprano nos van a llevar otra vez al default. La única salida para que no siga cayendo el ajuste sobre nuestros salarios, jubilaciones, escuelas y hospitales es enfrentando la motosierra de Milei y los gobernadores, como lo hicieron las enormes huelgas docentes de Misiones y Neuquén, de los trabajadores de la salud en Río Negro, del Hospital Garrahan o la nueva movilización universitaria que se prepara para el 2 de octubre.
Lo que es inviable en Argentina es seguir concentrando los recursos con el único fin de cumplir con una deuda fraudulenta que cuanto más pagamos más crece. Solo los trabajadores podemos romper este círculo vicioso partiendo del repudio de la deuda usuraria, con una reorganización económica que incluya el reemplazo de los impuestos al consumo por gravámenes a las grandes riquezas y ganancias capitalistas, poniendo las prioridades en la satisfacción de las necesidades populares y del país.
