Javier Milei anunció que presentará en el Congreso su proyecto de ley de Presupuesto 2025 como si fuese un hito histórico. Eso por la introducción de una cláusula de déficit fiscal cero, que fija que el Estado no podrá gastar más de lo que recaude. La realidad es que, como todas sus grandes innovaciones, no son la antesala de una nueva era sino las mismas recetas recalentadas que hundieron a la Argentina en la pobreza para intentar garantizar el pago de la deuda. De la Rúa sancionó su ley de déficit cero, con apoyo de los gobernadores del PJ, seis meses antes de tener que salir de la Casa Rosada en helicóptero rodeado por una rebelión popular; al año siguiente la norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

El planteo de Milei es bastante básico: el problema de la inflación, el tipo de cambio y de la economía argentina en general es el déficit fiscal, y quedaría resuelto con una ley que limite el gasto público. Así, aspira a “marcar un antes y un después” en la historia nacional. Fue lo que logró el gobierno de la Alianza en 2001, aunque no por los motivos que hubieran esperado sus integrantes. Es que esa cláusula presupuestaria preanuncia más ajuste al pueblo pero no garantiza evitar el quebranto.

Del ajuste permanente al default recurrente

La lógica del ajuste permanente es fácil de ver. Como los ingresos por aportes y contribuciones al sistema previsional van a seguir cayendo por las decenas de miles de despidos, la licuación salarial y la precarización laboral, con ellos deberán seguir hundiéndose las jubilaciones porque no tendrán “financiamiento”. Ni hablar si una reforma laboral reduce esas cargas sociales. Con el derrumbe del consumo masivo y la recesión cae la recaudación asociada a la actividad económica (que, como pasa con el IVA, carga su peso sobre el consumidor final) obligando a nuevos recortes que golpean a diferentes sectores (obra pública) y restringen el poder adquisitivo (tarifazos). Y así de seguido.

Pero, ¿ordenar las cuentas públicas no permitirá un repunte de la economía? Depende de qué estemos hablando. Puede recomponer la rentabilidad de los capitalistas, con menos impuestos, libertad para despedir y mayor explotación laboral, pero nada de eso se traduce necesariamente en inversiones y dinamismo económico. Parte de la desconfianza a la hora de proyectar negocios -además de la depresión del mercado interno, en un cuadro de baja de los precios de exportación- viene de las dudas acerca de la capacidad del gobierno para salir del cepo y evitar el default. Es lo que reflejan la resiliencia del riesgo país y las presiones devaluatorias.

Es que mientras se comprimen las partidas estatales para atender salarios y jubilaciones, para salud y educación, crece el peso de los pagos de intereses de la deuda en pesos y las reservas internacionales que deben saldar los vencimiento en dólares siguen en rojo. Lo que lleva a la quiebra a la Argentina no son los jubilados, ni los empleados públicos, ni las universidades, sino la deuda fraudulenta y la constante fuga de capitales.

Los intereses de los pasivos en moneda local son inmunes a la motosierra, y pasaron de representar el 9% del total del gasto público en 2023 al 14% entre enero y agosto de este año. Pero eso es solo una parte: el agravante es que una enorme masa de vencimientos se acumula este año para pagarse el que viene (especialmente las letras del Tesoro que dieron a los bancos a cambio de las leliq y pases), lo cual convierte al superávit en un dibujo contable con costos usurarios.

¿Para qué dibujar la realidad? Para intentar despejar temores y bajar así el riesgo país, de manera que cuando llegue el momento de gatillar los vencimientos el gobierno pueda acceder a nuevos préstamos internacionales para refinanciarlos. En conclusión, es un verso que esa regla fiscal sirva para terminar con las crisis de deuda. Y ya sabemos cómo termina la práctica de saldar vieja deuda tomando nueva, al costo de capitalizar intereses y hacer crecer la hipoteca.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Rebobinemos al 2001, donde las similitudes con la actualidad no son mera coincidencia. De la Rúa transitaba la mitad de su segundo año de mandato habiendo dictado ya siete recortes presupuestarios, pero iba por más con la esperanza de evitar el default y sostener la convertibilidad de Menem y Cavallo. Una tarea para la cual este último, el ideólogo del uno a uno, había vuelto al Ministerio de Economía. Él refinanció la deuda con el “megacanje” -a tasas delirantes-, y la carta de garantía era la norma del “déficit cero”.

Primero por decreto y después por ley, se estableció que si los recursos del Estado eran menores a lo previsto debían reducirse proporcionalmente todas las partidas, incluyendo salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares. En ese marco se dictaban recortes del 13% a sueldos y haberes, el arancelamiento de las universidades, la postergación de la devolución de Ganancias a los asalariados. Semanas después de sancionada la ley la respuesta popular se llevó puesta a la ministra de Trabajo que implementó los descuentos salariales, Patricia Bullrich.

Cuando se votó la ley de déficit cero el riesgo país promediaba, como hoy, los 1.500 puntos. Cuatro meses después se duplicó hasta los 3.000 puntos. En el medio se fugaron unos 10.000 millones de dólares del “blindaje” del FMI, y agigantaron la deuda usuraria gracias los canjes de Cavallo y Sturzenegger. Cuando el Estado quebró vino la corrida cambiaria y el corralito, porque en las bóvedas de los bancos solamente quedaban bonos públicos defaulteados. Sobran paralelismos con el cuadro actual.

Digamos uno más. Milei y varios alcahuetes dicen que los problemas que enfrenta el programa oficial vienen de las trabas que le pone la casta política. No es cierto. En plena motosierra de los envíos de fondos nacionales, casi todas las provincias tienen superávit a fuerza de licuar salarios; y según la Fundación Mediterránea el 40% del “ajuste más grande de la historia” lo hicieron gobernadores e intendentes. Así fue también en su momento.

La ley de déficit cero de De la Rúa fue sancionada el 30 de julio de 2001 gracias a la colaboración explícita del PJ en el Senado, que anunció que retiraría la cantidad suficiente de legisladores para que saliera favorable la votación, sin dejar que caiga la sesión por falta de quórum. Para entonces ya le habían votado al gobierno de la Alianza dos presupuestos de ajuste, una reforma jubilatoria, la reforma laboral recordaba como “la Ley Banelco” por las coimas de por medio, y toda la agenda que marcaba el Fondo. Todavía el 6 de diciembre los gobernadores peronistas firmaban el compromiso de “adoptar en todas las administraciones del país el principio presupuestario de déficit cero”.

Que se vayan todos

Moraleja: el ajuste fiscal, aún feroz, no es garantía de evitar el default. Por lo demás, ninguna cláusula de una ley presupuestaria va a clausurar la lucha popular por el salario, las jubilaciones, la educación; el partido se va a resolver en la cancha de la lucha de clases. Así fue que, un año después de votada aquella ley de déficit cero, la Corte Suprema de Justicia dictaba su inconstitucionalidad por violar la legislación laboral y el derecho de propiedad; ecos del Argentinazo que había echado a De la Rúa, Cavallo y Sturzenegger.

Bueno. Conocemos el camino. Luchemos por la huelga general hasta “que se vayan todos” y poner fin al saqueo del país con un gobierno de trabajadores. No queremos un nuevo default, queremos el repudio de la deuda usuraria y fraudulenta, para reorganizar el país en función del interés de las mayorías trabajadoras.

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