Políticas
6/8/2026
Misiones: se efectiviza el proyecto de ley de extranjerización y expropiación de la tierra
El desalojo evidencia cómo avanza el saqueo territorial contra las comunidades originarias misioneras.
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El 28 de julio, en la aldea Mbya guaraní de Puente Quemado II, de la localidad de Garuhapé, en Misiones, se hicieron presentes dos personas que se identificaron como juez y secretario del Juzgado de Jardín América, el comisario de Garuhapé, acompañado por un operativo de alrededor de 50 policías con vehículos y ambulancia, según denuncia un comunicado de la comunidad citada.
Este operativo se realizó a raíz de una denuncia del empresario forestal Ruff, quien se autotitula propietario de las tierras. Se procedió al desalojo de la aldea, desarmando sus viviendas, cargando sus pertenencias en un camión jaula y ahuyentando y destruyendo sus animales domésticos y sus huertas familiares.
Esto no comenzó ahora. El 5 de mayo de este año, sin orden judicial, detienen al cacique de esta comunidad y desalojan a más de 12 personas por presunta usurpación. En esa oportunidad, la policía actuó bajo las órdenes telefónicas del secretario del Juzgado de Puerto Rico, el señor Isidoro Duarte, exabogado del empresario forestal Alfredo Ruff.
Antes del desalojo, la comunidad se comunicó con otras comunidades, con organizaciones que los apoyan, denunciando este atropello. La abogada de Emipa, entidad que apoya a la comunidad, había presentado un recurso de amparo cuando ocurrió el atropello del mes de mayo, que está vigente; por lo tanto, no corresponde hacer este desalojo hasta que el ente superior no se haya pronunciado.
Además, las tierras que habita la comunidad de Puente Quemado II, como otras comunidades ancestrales, han sido relevadas en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la posesión territorial. Y también existe el Convenio 169 de la OIT, el cual obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Violando todos los procedimientos, se hace el desalojo en los términos que ya lo planteamos y el empresario Ruff dice ser el dueño desde hace mucho tiempo.
Estas comunidades habitualmente sufren la presión de la multinacional Arauco, una productora de pasta de celulosa, con miles de hectáreas en el norte misionero, que ha ocupado tierras de las comunidades originarias y ha eliminado la selva para plantar pinos.
El fiscal dice que queda sin efecto el desalojo porque es una situación mucho más compleja y no puede resolverse solo con la denuncia de un particular sobre tierras que tienen distintas leyes que las protegen, y la comunidad resolvió volver. El domingo 2 volvieron con apoyo de personas de otras comunidades que vienen a solidarizarse y a quedarse con ellos, y con distintas agrupaciones que los acompañan desde hace tiempo.
Ocuparon sus casitas semidestruidas, se pusieron a reconstruirlas y, a su vez, en el mismo predio está el empresario con una casilla rodante, con sus matones en vehículos con las patentes tapadas; está también la policía. El empresario Ruff amenazó con pasar por encima de ellos con las maquinarias y otro patotero, ladero de Ruff, Roberto Bonnetti, amenazó desde sus redes sociales con usar armas de fuego, diciendo “que tienen derecho a armarse para defender su propiedad”. Ante esto, la policía permaneció pasiva y las autoridades, tanto judiciales como ejecutivas y legislativas, son cómplices de estas amenazas.
Denunciamos la complicidad del gobierno misionero con el despojo de las tierras a los pueblos originarios, aunque el gobernador Passalacqua les reclame a los senadores que voten en contra de la ley de extranjerización de la tierra. Ellos han permitido la contaminación de los arroyos y la destrucción de gran parte de la selva, y en este desalojo, la intervención de la policía misionera.
Que se garantice el derecho de las comunidades originarias a vivir de acuerdo a su estilo de vida, en comunión con la naturaleza. ¡Fuera Arauco, Ruff y todos los expropiadores!
Basta de persecución a las comunidades Mbya guaraní, que se les provea de agua potable y de accesos transitables a sus aldeas.
¡Fuera Milei y su proyecto de saqueo de nuestras tierras! Toda la solidaridad con los reclamos de las comunidades originarias.
