El gobierno presentará un proyecto de ley que busca adelantar al 1 de julio, fecha de aplicación de la recategorización semestral, el ajuste de los montos máximos de facturación para monotributistas que se actualiza de manera anual y que estaba previsto para enero. La propuesta eleva los topes de cada categoría del monotributo en solo un 29% respecto de los valores actuales. Con una inflación proyectada en un 80% anual, muchos trabajadores serán recategorizados y una gran parte pasará al Régimen General de autónomos, que estipula el pago de IVA y Ganancias, por lo que se acrecentará la carga impositiva que confisca sus ingresos.

Este porcentaje de aumento en los topes de facturación se basa en el coeficiente acumulado a junio de este año que combina los dos incrementos paupérrimos que otorgó Anses a las jubilaciones, de 12,28% en marzo y un 15% para junio, que ni siquiera logró que estas superen la línea de indigencia.

En aquellos que figuran ante la Afip como monotributistas, se engloban contingentes enteros de precarizados y, en muchos casos, trabajadores sobre los que las patronales evaden la relación de dependencia. La facturación bruta, sobre la que se calculan las categorías, muchas veces corresponde a ingresos que aún el trabajador no ha percibido y que factura con anticipación por exigencia de la patronal. De esta forma, es muy sencillo cumplir con el tope estipulado y caer en una recategorización de oficio que, además de acercar cada vez más la posibilidad de integrar el Régimen General, también aumenta el monto mensual a pagar por la nueva categoría.

Para los autónomos aún no hay anuncios, pero son quienes deben tributar ganancias si facturan mensualmente un monto superior a los $64.141, cuando estamos hablando de una cifra inferior a la línea de pobreza, hoy en $ 83.807. Esta categoría corresponde al Régimen General, el más afectado por la carga impositiva y al que le incluyeron una especie de “puente” para atizar el incremento de la presión fiscal que recae sobre los ingresos de quienes se ven incluidos. Este “puente” representa algunos escuetos beneficios para los monotributistas que ingresen a la categoría de “autónomo”, como la reducción de un porcentaje mínimo en el pago del IVA, lo que no modifica en absoluto la enorme presión fiscal que recae sobre las espaldas de los trabajadores que la integran.

Tanto es así que un trabajador autónomo que cobre una suma idéntica al Mínimo No Imponible, estipulado para Ganancias de los asalariados en relación de dependencia, terminará pagando, al final del año fiscal, más de tres sueldos ($724.974 pesos, equivalente al 22% de los ingresos facturados) (Clarín, 28/5).

El aumento del MNI de Ganancias y el incremento del tope de facturación para monotributistas son presentados como un hecho de justicia, pero es una medida que perpetúa la confiscación de los ingresos de la masa laboriosa del país. El gobierno busca recaudar, para cumplir con las metas fiscales que impone el acuerdo con el FMI, a costa de los ingresos de los trabajadores, que ya son víctima de la constante pulverización del poder adquisitivo, producto de la inflación y las paritarias de hambre, mientras se tienta a los pulpos petroleros o agroindustriales con regímenes excepcionales de exenciones impositivas.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario y a las jubilaciones, con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, se ha convertido en una reivindicación inmediata. Y, naturalmente, debe estar asociada a la lucha general del movimiento obrero por paritarias libres, un mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.

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