El gobierno anunció que a partir de junio aumentará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, fijando un piso de $280.792 brutos. Es una suba del 24%, frente a paritarias del 40% en el caso de las más bajas y con una inflación que algunos proyectan en un 80% anual, por lo que el salario de decenas de miles de trabajadores quedará percibido por el tributo confiscando sus ingresos, lo que se irá acrecentando a lo largo del año y se agravará si el gobierno no cumple en exceptuar el aguinaldo. El gobierno busca incrementar la recaudación fiscal que exige el FMI a costa de los asalariados.

De hecho, un trabajador que en enero ganaba $225.000 brutos, no tributaba Ganancias. Si de febrero a junio recibió un aumento de salarios del 26% (tres cuotas del 8%), inferior a la inflación esperada (30% o más), por la falta de actualización del “piso” salarial, tendrá un descuento de Ganancias en el semestre de $69.649 (Clarín 27/5). La canasta de consumos mensuales mínimos de una familia actualmente ronda los $154.134 al 30 de abril (según la junta interna de Ate Indec), si a eso le sumamos que este gravamen se impone sobre la remuneración bruta, es decir sobre la que aún no se han aplicado las deducciones (aportes jubilatorios, obra social, etc.), es sencillo que muchísimos asalariados queden incorporados al impuesto. De esta forma, sufrirán una doble pérdida en el poder adquisitivo salarial: con relación a la inflación y por el descuento de Ganancias.

Esta situación incluyó a más de 100.000 trabajadores en el trayecto de los últimos dos meses, que pasaron a pagar el impuesto por haberse postergado el aumento del mínimo no imponible. En este caso la retención les será devuelta luego del ajuste del MNI. De esta forma, el gobierno se embolsa una parte importante del salario que luego retorna en forma devaluada, sobre todo en un contexto de atraso cambiario donde el dólar se encuentra permanentemente presionado por la inflación.

También los que figuran ante la Afip como autónomos, en lo que se engloban contingentes enteros de precarizados y las patronales evaden la relación de dependencia, deben tributar ganancias si facturan mensualmente un monto superior a los $64.141, cuando estamos hablando de una cifra inferior a la línea de pobreza, hoy en $ 83.807. Los monotributistas que facturan entre $ 150.000 y $ 173.000 brutos mensuales también se ven alcanzados por el gravamen. Ninguno de los dos casos fue incluido dentro del anuncio, bajo la promesa de que serán revisados los alcances del tributo para estos casos la semana que viene.

Además, tampoco se actualizarán las alícuotas, lo que quiere decir que a medida que el salario de los trabajadores aumente, también lo hará el porcentaje retenido, llevando a una percepción de casi el 35% del salario. Si bien la miseria salarial es la norma, en el caso de que un colectivo obrero logre acceder a un aumento que se asemeje al costo de vida, la posibilidad de ahorrar queda rápidamente descartada ya que debe destinar gran parte de su ingreso al pago de Ganancias. De esta forma, se acrecienta la ya enorme carga impositiva que recae sobre las espaldas de los trabajadores, que ya son víctima de la constante pulverización del poder adquisitivo, producto de la inflación y las paritarias de hambre, mientras se tienta a los pulpos petroleros o agroindustriales con regímenes excepcionales de exenciones impositivas.

El aumento es presentado como un hecho de justicia, cuando la confiscación de un sector de asalariados es resultado de la política del propio gobierno. Sin ir más lejos, reclamando públicamente esta medida Sergio Massa trató de aparecer con una impronta propia dentro de la crisis que envuelve a la coalición oficial producto del descontento con el ajuste en curso, pero es él el autor de la ley promulgada en abril del año pasado que deriva en el gravamen recurrente de asalariados. Hoy realizó los anuncios para manifestar su alineamiento con Alberto Fernández y Guzmán porque, finalmente, Massa es un elemento explícito con el FMI y del imperialismo yanqui.

Quienes también acompañaron la resolución oficial dentro del panel que llevó adelante el anuncio fueron Héctor Daer, Acuña y Pablo Moyano, el triunvirato que dirige CGT, en línea con el respaldo de las centrales sindicales al ajuste que lleva adelante el gobierno para cumplir con las metas pactadas con el fondo y en un intento por descomprimir el descontento de los trabajadores. Los mismos que negocian paritarias a la baja, refrendan el pacto inflacionario y recesivo con el FMI y vacían las medidas de lucha del colectivo obrero para enfrentar el ataque al salario y a sus condiciones de vida, ahora propulsan el sostenimiento de un gravamen confiscatorio de los ingresos de los trabajadores para que sean ellos quienes continúen pagando la crisis.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario y a las jubilaciones, con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. Y, naturalmente, debe estar asociada a la lucha general del movimiento obrero por paritarias libres, un mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.

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