En los últimos dos meses, con la inflación y los ajustes paritarios, ya son más de 100.000 trabajadores los que no pagaban el Impuesto a las Ganancias y ahora deben hacerlo, incluso a pesar de que los aumentos salariales ni siquiera se asemejen a los índices inflacionarios. El Ministerio de Economía señaló que adelantará el aumento del piso de Ganancias pero la actualización se hará recién en julio. De aumentarse el piso, se les reintegrará el descuento a los trabajadores pero de manera diferida y devaluada, sobre todo en un contexto donde los altísimos niveles de inflación presionan sobre el dólar, y también se gravará el medio aguinaldo que cobrarán los empleados en relación de dependencia. El gobierno busca incrementar la recaudación fiscal que exige el FMI a costa de los asalariados.

Según datos oficiales “surge de las bases de datos que a febrero de 2022 la cantidad de trabajadores y jubilados “retenidos” en el impuesto a las ganancias era de 742.964 y dicha cantidad se elevó a 847.878 al mes de abril del corriente año, un 14% de incremento en solo dos meses”.

Es que el carácter regresivo y confiscatorio de este impuesto queda manifiesto en que el mínimo no imponible que rige en la actualidad se acerca mucho al valor de la canasta familiar, sin contar alquiler, expensas y ABL y que el impuesto se aplica sobre la remuneración bruta, es decir un monto al que aún no se le han aplicado las deducciones (aportes jubilatorios, obra social, etc.). También los que figuran ante la Afip como autónomos, en lo que se engloban contingentes enteros de precarizados y las patronales evaden la relación de dependencia, deben tributar ganancias si facturan mensualmente un monto superior a los $64.141, cuando estamos hablando de una cifra inferior a la línea de pobreza, hoy en $ 83.807.

En un capítulo más de la interna oficial, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, reclamó que el piso sea incrementado ahora y que sea retroactivo a febrero, alegando que “se dará sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.

Massa posa como un férreo defensor del poder adquisitivo, en contraposición a Martín Guzmán, el ministro que debe llevar adelante las políticas fondomonetaristas. Pero la realidad es que la diferencia entre el monto mínimo no imponible anterior y el actual es de tan solo un 17% frente a una inflación del 23% en lo que va del año y a paritarias por encima del 40%, lo que muestra a las claras cómo se amplía progresivamente el espectro de trabajadores alcanzados por el gravamen y que se irá acrecentando durante el resto del año.

Tanto Guzmán como Massa, y todo el arco político, apoyan la confiscación al salario que significa este impuesto y promueven que la mayor carga impositiva recaiga sobre las espaldas de los trabajadores, para cumplir con las metas del FMI, y que sean éstos quienes paguen la crisis. Mientras tanto, le otorgan prebendas impositivas a las patronales, que son las que sostienen a trabajadores en negro y precarizados, entre otros mecanismos de evasión, y las que trasladan la carga fiscal a los precios para que la pague el consumidor. A Milei y compañía, por su parte, no les interesa eliminar este tipo de impuestos que ataca brutalmente el bolsillo popular, lo único que quieren es eliminar las cargas impositivas que afectan a las grandes patronales y especuladores.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. Y, naturalmente, debe estar asociada a la lucha general del movimiento obrero por paritarias libres y un mínimo equivalente a la canasta familiar, 82% móvil para los jubilados e impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas capitalistas.

Por eso, Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), volvió a presentar un proyecto de ley, ya presentado en 2016 y cajoneado por los bloques mayoritarios, que propone eliminar el impuesto a las ganancias de los sueldos y jubilaciones (a excepción de las jubilaciones de privilegio), entendiendo que el salario no es ganancia y que el impuesto debe gravar a los empresarios, los bancos y la especulación financiera, pero no a los trabajadores y trabajadoras.

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