Políticas

19/5/2022

Editorial

Los trabajadores, víctimas de la bancarrota del gobierno

Macri, Milei, Larreta o Cristina son parte del problema.

Collage Prensa Obrera

Las mismas consultoras privadas que hace unos meses estimaban una inflación anual del 50% ahora ya hablan de una variación de entre el 65 y el 75%, incluso algunas llegan al 80%. A su vez alertan que son solo “estimaciones”, condicionadas por la evolución de la situación, con el agregado de en cuánto repercutirá la inflación internacional y cuánto durará la misma. Lo del 75% ha pasado de ser una estimación a ser una aspiración, un deseo.

A esto se suma que, contra los anuncios oficiales, está en marcha un freno en la actividad económica. ¿Las razones? Por un lado la falta de divisas (reservas) para comprar insumos y bienes de capital para la industria, por el otro la caída del consumo como resultado de la retracción en los ingresos como consecuencia de la inflación, en tercer lugar el alza de tasas de interés, impulsada por la inflación y la huelga de inversiones que continúa en un cuadro de desorganización económica. A esto se suma el reclamo de los grupos exportadores por el retraso cambiario (el dólar oficial no acompaña la inflación), es decir por una mayor devaluación y la presión de las empresas de servicios, sobre todo de energía, para que se “dolaricen” las tarifas (llevarlas a precios internacionales) vía un aumento o el sostenimiento de subsidios (que chocan con la reducción del déficit fiscal que se firmó con el FMI y que ha sido un reclamo de toda la clase capitalista).

En concreto, luego de la firma del acuerdo con el FMI, la economía argentina muestra un agudo desequilibrio que provoca y multiplica los reclamos sectoriales entre los capitalistas y actúa incentivando lo que los encuestadores llaman “malestar social”, o sea, cómo los trabajadores y la llamada clase media viven la situación.

Así y todo el gobierno no logra cumplir los objetivos comprometidos en ese acuerdo, el nivel de reservas no crece a pesar de los ingresos de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, el tema tarifario y de los subsidios no está aún resuelto lo cual pone la atención sobre el déficit fiscal, etc. Los “técnicos” del Fondo que están revisando las cuentas públicas darán su veredicto en los próximos días. Más allá del resultado de la revisión, lo que es seguro es que se redoblarán las presiones para que se avance en un ajuste más pronunciado. Es decir que el “malestar social” pegará un nuevo salto.

Crisis por acá, crisis por allá

El acuerdo con el Fondo lejos de estabilizar la situación del país está actuando como un revulsivo, y esto se expresa no solo en lo económico sino también, y gravemente, en la situación política.

La división del gobierno es la consecuencia de esta situación. Luego de la derrota electoral, la idea de que van camino a perder las elecciones del 2023 y que el acuerdo con el FMI no resuelve las razones de esa derrota, ya que la base electoral del oficialismo es una de las más golpeadas por la crisis, han provocado una quiebra de la coalición de gobierno. El kirchnerismo pretende desligarse de las consecuencias de la política oficial explotando el rechazo que hoy tiene el gobierno que ellos aún integran. CFK en Chaco trató de aparecer como una opositora a los “poderes establecidos” explotando el rechazo que la población tiene a la presión del Estado en función de imponer un ajuste que afecta las condiciones de vida. Sin embargo no pudo ofrecer un planteo de salida ya que propuso parte de las acciones que llevaron a que bajo su gobierno se perdieran las elecciones de 2015.

El apoyo que el “círculo rojo” está ofreciendo al ministro Guzmán refleja también el empantanamiento de la situación. Es que no al no estar armado un relevo de un gobierno fracasado, empujar a Guzmán (y a AF) al abismo implicaría un agravamiento de la crisis sin una salida a la vista, y avalar un recambio kirchnerista. En el curso de todo esto está la propia división de la burguesía que no quiere pagar los costos del derrumbe de la economía.

La expresión concentrada de esta situación está en la división de la derecha. Juntos por el Cambio se ve vapuleado por el fracaso del gobierno de Macri y, como expresión de ello, por la aparición de Milei. Sin una estructura propia, el “liberfacho” explota a fondo el hartazgo del conjunto de la población por el derrumbe del país que ya lleva décadas. Milei se concentra en atacar a la “casta política” para unir a los capitalistas y a los trabajadores como víctimas de un staff que dirige los asuntos públicos. Es una maniobra para absolver a la clase capitalista que es responsable de haber vaciado al Estado y llevado al país a una bancarrota. Con ello propone lo que los capitalistas requieren: ir a fondo contra los trabajadores, liquidando conquistas que son el resultado de luchas enormes de la clase obrera, poniendo en el banquillo de los culpables a los derechos conquistados, como es el caso del colectivo de mujeres. Lo de Milei es una expresión por derecha de la crisis que afecta a todo el régimen político.

La división de Juntos x el Cambio se da entre los partidarios de competir con Milei “por derecha” (Macri y Bullrich) y quienes creen (Larreta) que hay que ir a un acuerdo con un sector del peronismo para poder implementar el ajuste sosteniendo una política de contención para impedir que una intervención popular provoque un estallido como los que vivió América Latina bajo los gobiernos de derecha.

Intervengamos los trabajadores: paro nacional

Cuando se miran todos los índices y datos de la situación económica hay un hecho que aparece con absoluta nitidez: la crisis la están pagando los trabajadores. El crecimiento de la pobreza, la caída del salario real, el crecimiento de la precarización laboral, la deserción en todos los niveles de la educación, el deterioro de los servicios de salud, la crisis habitacional por el aumento del costo de las viviendas y los alquileres, el deterioro del ambiente, etc. sobran como muestra.

La marcha federal de la Unidad Piquetera fue una respuesta a esta situación, y las organizaciones piqueteras que la llevaron adelante ahora se aprestan a avanzar hacia un plenario de trabajadores ocupados y desocupados.

Esta situación empuja conflictos y luchas en el movimiento obrero como es el caso del paro de los trabajadores del neumático exigiendo una recomposición salarial superior a la inflación, y los sábados y domingo a la tarde al 200%, o luchas contra despidos u otros atropellos.

La intervención de la clase obrera en esta crisis política se ve, en parte, condicionada por el papel de la burocracia de los sindicatos y de las organizaciones sociales. Mientras la Unidad Piquetera movilizaba al país reclamando por trabajo genuino y contra el ajuste, las organizaciones oficialistas le hacían un “agasajo” a Guzmán, que es el que lleva adelante el ajuste.

Otro tanto cuenta para las organizaciones sindicales dirigidas por la burocracia. Gerardo Martínez (de la construcción) amenazó con una movilización “contra la inflación” y terminó armando un acto con Guzmán de invitado. Los “gordos” hablan de convocar a alguna medida por el mismo motivo “contra los empresarios”. La CTA Autónoma convoca a un paro y movilización para este 24 de mayo. La medida reclama por aumentos de salarios por encima de la inflación pero lo hace en el terreno de los planteos del kirchnerismo de reconocimiento de la deuda (“que la paguen los fugadores”), de un salario universal (asistencial) y del control de precios (sin abrir los libros de las empresas).

La intervención de los trabajadores no puede estar dominada por el programa de los partidos de los capitalistas. En los planteos de los opositores al gobierno no hay una salida popular a la crisis. Todos, desde Milei a Cristina, reconocen una deuda usuraria que condena cualquier posibilidad de revertir la situación. Tampoco se disponen a impedir la fuga de capitales, ni la evaporación de las riquezas del país por distintas vías.

Y ninguno levanta las reivindicaciones populares que son las razones que impulsan la campaña por un paro nacional y un plan de lucha que hemos propuesto en la multitudinaria Plaza de Mayo el día de llegada de la Marcha Federal: $100 mil de mínimo, vital y móvil, por convenios equivalente a la verdadera canasta familiar de $180 mil. Por cláusulas gatillo de garantía frente a la inflación, cualquiera sea su nivel. Por el 82% móvil.

Sobre este programa de reivindicaciones ponemos en marcha una campaña de agitación, propaganda y movilización para impulsar asambleas en los lugares de trabajo, reuniones de delegados, plenarios de ocupados y desocupados, para superar la división que provoca la burocracia y unificar a todos los trabajadores en una salida propia.