El Senado dictaminó sobre ley de movilidad jubilatoria modificando el proyecto enviado la semana anterior, y lo presenta como un verdadero beneficio para los jubilados de todo el país.

En realidad, el anuncio de que el aumento del 5% del decreto de diciembre sería absorbido por el incremento de marzo generó un enorme malestar en el seno de las organizaciones de jubilados y en la clase obrera de conjunto, lo que ponía en riesgo la aprobación del proyecto elaborado a medida del FMI. En el marco del impacto de la represión en Guernica, de la eliminación del IFE, de los tarifazos y la espiral inflacionaria, el texto definitivo cayó como una bomba en la propia base de apoyo del gobierno y del kirchnerismo.

Empezaron a aparecer signos de dificultad para hacerla votar en su propia bancada mayoritaria y entre los aliados que les dan las mayorías ajustadas a sus leyes. Tengamos en cuenta que Juntos por el Cambio, compartiendo la orientación el rumbo fondomonetarista, tiene la excusa de defender su movilidad, por lo que su voto será contrario a pura demagogia.

El robo a los jubilados era tan explícito que debieron maquillarlo. Los cambios introducidos al proyecto son referidos a la periodicidad de la aplicación de la movilidad, que volvería a ser trimestral y no semestral como en la presentación original, que había sido anunciada con bombos y platillos por Fernanda Raverta, titular de la Anses, y el propio Alberto Fernández.

Quedó sin efecto el descuento del 5% otorgado en diciembre, pero el cálculo de marzo no se hará tomando los seis meses anteriores, sino solo tres, lo que reducirá el aumento de marzo de todos modos. El otro cambio es en el 50% de la fórmula que tomaba como base la actualización salarial. Plantean ahora que se considere sobre lo mejor entre el Ripte (promedio de los sueldos en blanco) y la variación salarial del Indec que promedia todos los sueldos.

El otro 50% seguirá calculándose sobre la recaudación, pero bajo el concepto de recaudación tributaria sin referencia alguna a los aportes, lo que generó una controversia en el seno de la Comisión Previsional del Senado porque de un plumazo se estarían soslayando los aportes previsionales, con la consecuencia de una disociación total de las jubilaciones del concepto de salario diferido. Ese es, justamente, el espíritu de la ley.

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La esencia se mantiene: desindexar las jubilaciones

La fórmula presentada y corregida por el gobierno se basa en la desindexación de las jubilaciones, ya que no toma en cuenta la inflación, cuando esta es galopante. En eso consiste el mecanismo de licuación del “gasto”, como prefieren llamar a las jubilaciones.

El slogan de la desindexación de la economía solo se aplica para jubilaciones y sueldos. En el caso de las primeras por partida doble, ya que caerán a su vez por las paritarias a la baja.

La fórmula en discusión es una garantía de desvalorización jubilatoria, ya que se continúa el cálculo de la movilidad tomando los índices de seis meses atrás, de manera que el jubilado nunca recupera lo perdido. Paulatinamente se va retrayendo su haber y su poder adquisitivo.

Tampoco se establece la devolución del 19,5% perdido durante el gobierno de Macri, aunque el staff de Fernández se la pasa hablando de eso. Esto, mientras acuerdan el rescate del endeudamiento fraudulento del macrismo con el FMI y los bonistas. Además, la deuda en pesos está siendo renovada con bonos atados al dólar o indexados por CER -asociado a la inflación-, es decir que para el capital financiero sí hay indexación.

A pesar de estos cambios, entonces, la fórmula jubilatoria mantiene su esencia de robarle a los jubilados como garantía al capital financiero. No recomponen los haberes jubilatorios de la mayoría, que cobrará la mínima de $19.035 -por debajo de la línea de indigencia. Tampoco devuelven lo que perdieron los jubilados por la suspensión de la fórmula anterior, que fue una de las primeras medidas de gobierno de Fernández y que ha sido declarada inconstitucional y agraviante por la Corte de Paraná.

Los decretos presidenciales de suspensión de la movilidad -cuyo último golpe es el 5% de diciembre, con sus $903 mensuales o $30 por día para la mínima- son la culminación de una política de avasallamiento de las jubilaciones que ha significado una confiscación de más de 98.000 millones de pesos en el año(La Nación, 3/12), en favor del Tesoro Nacional para avanzar en las negociaciones con el FMI.

Queda por verse el efecto que la modificación introducida produce en el plan que el gobierno nacional está diseñando con los acreedores, y que quiere presentar ante Biden para ver si lo apaña ante los Black Rock y el FMI. El retroceso puede ser el comienzo de una crisis mayúscula, porque el gobierno depende del visto bueno y el monitoreo del gendarme financiero mundial.

La enmienda al proyecto, presentada en los medios como una mejora sustancial a los jubilados, encubre su propia crisis y la necesidad de disfrazar tanto la fórmula como el miserable 5% de diciembre; el cual que ha sido criticado por todas las organizaciones de jubilados, obligando a tomar distancia a miembros de la propia coalición gobernante como la burocracia de la CGT, Claudio Lozano o Mirta Tundis.

Ninguno de ellos, sin embargo, habla de defender el Anses y las cajas provinciales y especiales, de reponer los aportes patronales, acabando con el trabajo precario y en negro, ni de devolver todos los fondos jubilatorios usados por Fernández y los gobiernos anteriores con fines ajenos a los trabajadores y jubilados.

En la reunión de senadores con Raverta y otros funcionarios tuvieron el descaro de sostener que la nueva fórmula no toma la inflación porque apuesta al desarrollo económico de la Argentina, una cuestión de por sí absurda. Es el razonamiento de Espert, sobre bajar el gasto público para frenar la inflación. Las jubilaciones serían el principal “gasto público”.

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Rechacemos la reforma previsional: plan de lucha y paro general

Mientras el gobierno quiere hacer pasar su fórmula antijubilatoria con enmiendas mínimas, las organizaciones de jubilados participaban de la audiencia pública convocada por Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, del bloque del Frente de Izquierda, junto al Plenario de Trabajadores Jubilados y otras organizaciones de todo el país, a Eugenio Semino y a la especialista Andrea Falcone. También se realizó un acto frente al Congreso y acciones en todo el país.

La audiencia fue el terreno para desarrollar fuertemente la campaña por el rechazo a esta reforma antijubilatoria, de exigencia de un paro general y un plan de lucha a la CGT y a la CTA, y reclamar que rompan con el gobierno que ejecuta el ajuste.

El acto frente al Congreso contó con la presencia del Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilados de Izquierda, la Mesa Coordinadora y UTJel, delegaciones sindicales de docentes, judiciales, aeronáuticos, estatales, gráficos y docentes universitarios. Allí Miguel Bravetti, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, planteó el escenario “caliente” de los diciembres y la necesidad de ganar las calles como el 14 y 18 del 2017. Marta Rosendo, de la Comisión de Jubilaciones de Ademys, denunció cómo el gobierno usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad continuando el vaciamiento de Macri.

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados mencionamos las medidas desarrolladas en Chaco, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Río Gallegos, Rosario y otros puntos del país en el marco del plan de lucha para denunciar que los jubilados financian al Estado y no al revés, rechazar a la reforma antijubilatoria del gobierno, defender la movilidad automática sobre la base de la inflación o de los sueldos (la más alta), la recuperación de lo robado por Macri y Fernández, y la recomposición de las jubilaciones llevando la mínima a $50.000.

Se planteó también el enorme valor de la resolución del Plenario Sindical Combativo de marchar sobre Congreso el día que se trate la ley y la exigencia de paro nacional y plan de lucha a la CGT y a la CTA. Vamos por ello.

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