Acompañados por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, pueblos originarios de distintos puntos del país se movilizaron hoy al Senado para exigir la prórroga de la ley 26.160, que suspende los desalojos a las comunidades indígenas mientras se sustancia su relevamiento social y territorial. Fue sancionada en 2006 y prorrogada en dos ocasiones, dado que se alcanzó apenas un 30% de los relevamientos. La suspensión de los desalojos vence en noviembre de este año y el macrismo pretende acotar la suspensión de los desalojos.

 

El debate en la Cámara Alta tiene lugar en una coyuntura en la que se multiplica el hostigamiento estatal hacia los pueblos originarios. A la causa armada contra Agustín Santillán y otros referentes de  la comunidad wichí de Formosa siguió la avanzada de Gendarmería contra el pueblo mapuche de Cushamen, con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y luego el desalojo policial contra los mapuche de Vaca Muerta, en Neuquén. La proliferación de estos ataques muestra una política de Estado que es común al gobierno nacional y a los gobernadores de la oposición, tributarios de las mineras, petroleras y latifundistas.

 

El diputado salteño @pablosebalopez del @PartidoObrero FIT, apoyando el reclamo de los pueblos originarios por la prórroga de la ley 26.160 pic.twitter.com/0BCyP2dCPG

— Prensa Obrera (@prensaobrera) 27 de septiembre de 2017

 

Un caso testigo es el de Salta: allí, Juan Manuel Urtubey, gobernador pejotista de Salta, celebró como “el fin de los obstáculos al desarrollo“ la resolución del parlamento provincial de dejar caer en diciembre una ley provincial que establece la suspensión de desalojos campesinos. El Chaco Salteño es, por lo demás, la muestra de un más que limitado cumplimiento de la Ley Nacional hoy en debate: como en la Patagonia y en otras áreas, tanto bajo presidencia K como macrista se arrasó allí con territorios ancestrales en pos de los negocios empresarios.

 

Entrevistado en la movilización por Prensa Obrera, el werkén mapuche Orlando Carriqueo señaló que la prórroga de la 26.160 constituye un “deber del gobierno nacional y de la oposición”. Lo cierto es que a principios de este mes tanto el macrismo como el Frente Para la Victoria rechazaron tratar esta prórroga, y –como lo confesó una senadora radical por escrito en Télam– el interés de la coalición gobernante es limitar la prórroga a su mínima expresión: “Debería ser por un año y contemplar el cierre del Registro al término de ese plazo, porque en los últimos tiempos se han producido ocupaciones motivadas por cuestiones políticas” (26/9)

 

 

Contra estas tentativas, el diputado nacional por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, Pablo López, señaló que la prórroga debe ser aprobada, por un mínimo de 4 años como las anteriores. López, al igual que Carriqueo y que el delegado diaguita David Pastrana –quien, también presente en la movilización, conversó con nuestro medio– coincidieron en que la extensión de la norma constituye una necesaria salida de emergencia, pero que la salida de fondo implica la entrega de los títulos comunitarios a los pueblos originarios, actualmente en un impasse.

 

 

Para avanzar en esa dirección, es menester que se progrese en el relevamiento de las tierras. Sin embargo, como denuncia Carriqueo, “en 12 años de vigencia de la ley solo se ha cumplido con el relevamiento del 30% de los territorios”. Este derrotero, sumado a su actual accionar parlamentario, revela la impostura del kirchnerismo, que en la movilización del día de hoy desplegó una toda una verborrea demagógica en favor de los pueblos originarios.

Está planteado reforzar la pelea por la prórroga de la Ley 26.160, con independencia de los partidos que han gobernado en beneficio de los empresarios. En esta lucha, ligada a una perspectiva integral de transformación social, los aliados naturales de las comunidades nativas son los trabajadores.