La decisión del gobierno de derogar la Ley de Emergencia Territorial Indígena despertó un inmediato repudio entre las comunidades originarias. El Frente de Resistencia Indígena de Chaco, integrado por el pueblo Qom, emitió un comunicado al respecto, denunciando que esta medida “constituye un ataque directo contra nuestros derechos, nuestra cultura y nuestra existencia como pueblos originarios”.

En ese sentido, resaltan que con este atropello al derecho indígena sobre sus tierras ancestrales, el Ejecutivo busca pavimentar el avance de proyectos extractivistas de la mano del Rigi, “habilitando desalojos violentos, el saqueo de nuestros recursos naturales y la extranjerización de nuestras tierras”. Recordemos que la ley en cuestión planteaba la “suspensión de desalojos hasta la finalización del relevamiento territorial” que, si bien fue incumplida en varias oportunidades a lo largo de los años, funcionaba como una herramienta jurídica para las comunidades en los casos de disputa territorial.

A partir de ahora, los privados que poseen títulos de propiedad irregulares sobre los territorios ocupados tradicionalmente por pueblos originarios tendrán el camino allanado para conseguir fallos judiciales a su favor. Una ofrenda de Milei a los pulpos mineros, petroleros, inmobiliarios, agrarios, entre otros capitalistas que ven en la resistencia indígena un escollo para avanzar con sus emprendimientos contaminantes.

Por lo tanto, el comunicado llama a las “organizaciones sociales, de derechos humanos y a todos los sectores solidarios a acompañar nuestra lucha por la dignidad, la justicia y la defensa de nuestras tierras”. A la vez, establece un programa que consiste en “la derogación inmediata del Régimen de Inversiones para Grandes Inversiones (RIGI), que prioriza los intereses del capital privado por sobre los derechos colectivos de nuestras comunidades; la restauración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas; la participación directa de nuestras comunidades en todas las decisiones que nos afectan; el respeto y cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que garantizan nuestros derechos como pueblos originarios; y la protección integral para nuestras comunidades y el fin de la violencia estructural que perpetúa nuestra vulnerabilidad”.

Todo el pueblo trabajador debe rechazar esta afrenta, que, además de profundizar la expulsión de los pueblos originarios, supone una mayor primarización y atraso de la economía nacional y depredación del ambiente.

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