En la previa a las audiencias públicas que discutirán el aumento que se aplicará en las tarifas del servicio de gas, se anunció un cronograma de naftazos. Se evidencia así todo un esquema que garantiza las ganancias de las petroleras, en plena estampida inflacionaria y derrumbe del consumo.

YPF comunicó que desde el martes 16 de marzo subirán los precios de los combustibles aproximadamente un 6 o 7% en promedio nacional, y seguirá un esquema de subas mensuales hasta completar un 18% hacia mayo. Esas cifras refieren al promedio para todo el país, pero según viene aplicando el gobierno serán más altas en Capital y el Conurbano bonaerense, la región de mayor consumo, en la cual desde agosto se acumulan aumentos totales del 40% en el surtidor. Como YPF concentra más de la mitad de las ventas, es la que da la señal para que detrás remarquen sus precios el resto de las empresas.

A ello se sumarán los incrementos en el GNC. Se estima que en mayo entrarán en vigencia nuevos contratos de las petroleras con las estaciones de servicio que implicarán subas de entre el 20% y el 40%, y los pulpos del sector presionan para que se fije el precio con referencia al dólar o a un porcentaje de las naftas (un 50%). Es una medida que impactará en aquellas familias de menores recursos con vehículos particulares, y que probablemente incida en las tarifas de taxis y remisses.

También en mayo se renuevan los contratos de unas 3.000 industrias que compran gas en el mercado mayorista, para las cuales se calcula que subirá un 100% (para alinear con el precio fijado por el Plan Gas). Este incremento, al igual que el que fuera definido en febrero para el costo de la energía eléctrica, será trasladado por los capitalistas a los consumidores, el eslabón final que carga con todos los aumentos. Esto último es más claro aún en materia impositiva, como se evidencia en el hecho de que una porción de los naftazos responde a subas en el gravamen al consumo de combustibles.

Todo lo dicho permite demostrar el verso oficial acerca de una apuesta por recomponer el bolsillo popular como medio para reactivar la economía. Mientras se fijan topes paritarios en línea con el 29% presupuestado por Martín Guzmán, los naftazos y tarifazos alimentarán la aceleración inflacionaria.

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La cuestión suscitó una crisis al interior del gobierno que preside Alberto Fernández, ya que un desmadre inflacionario complicaría seriamente las chances electorales del Frente de Todos, y a su vez haría volar por los aires todo el operativo de contención de los reclamos populares que desplegaron la CGT, las CTAs y la burocracia piquetera de la UTEP. Por eso el kirchnerismo -a través del titular del Enargas, Federico Bernal- sacó a relucir de manera pública diferencias con el ministro Martín Guzmán acerca de los porcentajes de los tarifazos a aplicar en el gas, de cara a la audiencia pública. Pero nadie debe dejarse engañar.

En primer lugar, el ala que responde a la vicepresidenta no cuestiona el Plan Gas que garantiza a las petroleras un precio del gas en boca de pozo (en dólares) un 50% por encima de lo que vendían el año pasado. De esta manera, la única vía de morigerar los aumentos sería destinando mayores subsidios estatales. Este afán por blindar las ganancias de los pulpos del sector es coherente con los incesantes naftazos -de fuerte incidencia en todos los precios porque encarece el transporte-, ejecutados por la dupla K que conduce YPF, el CEO Sergio Affronti y el presidente Pablo González.

Como sucedió con el desembarco de Fernanda Raverta en la Anses, tras el cual siguió el robo a los jubilados, o de Jorge Ferraresi en el área de Vivienda, donde perduran los desalojos y el abandono de las familias sin techo, el copamiento de puestos por parte de funcionarios del kirchnerismo no reporta ningún beneficio a la población trabajadora. En definitiva, comparten el rumbo general del gobierno, dirigido a lograr un acuerdo con el FMI -con el ajuste que ello requiere. Por lo demás, el margen para compensar las contradicciones de la política económica con la caja del Estado es extremadamente reducido, y por eso en el mejor de los casos la apuesta es aguantar con un esquema “de transición” hasta después de las elecciones, para consumar entonces un zarpazo en regla al bolsillo popular.

Agreguemos finalmente que todo este régimen de incentivos a las petroleras no revierte la huelga de inversiones y la caída de la producción, motivo por el cual deberán importarse grandes cantidades de gas en invierno. Por lo tanto, tiene un costo enorme para el Estado y los consumidores, pero ninguna ventaja. Para romper con este círculo vicioso es necesaria una nacionalización integral de toda la industria energética bajo control obrero, de manera de fijar los precios internos en función de los costos locales de producción, y terminar con la fuga de dividendos para reinvertir los recursos en un desarrollo energético, como parte de un plan de desarrollo nacional bajo la dirección de la clase obrera.

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