Políticas
11/12/2025
Neuquén toma nueva deuda mediante “ingeniería” legislativa
Seguir
Endeudamiento.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y la de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura aprobaron por mayoría (el FITU rechazó) lo que se va a constituir en una autorización al Poder Ejecutivo para que manipule el proceso de endeudamiento en dólares.
El nivel de “justificaciones” de los diputados oficialistas y del MPN para autorizar esa manipulación, además de ridículos, son una prueba de la continuidad de la política estatal de toma de deuda sostenida. En esta oportunidad se trata de modificar otra ley sancionada hace apenas un mes en sesión especial (el pasado 13 de noviembre). Se pega un viraje respecto a lo votado. Todo a pedido del gobernador y sus manipulaciones con la deuda provincial.
Los U$S 500 millones y sus bemoles
En abril del año pasado la misma Legislatura sancionó la ley Nº 3434 por la cual autorizaba al Poder Ejecutivo a una operación “de crédito público” por 500 millones de dólares (USS 350 millones para obras y U$S 150 millones para amortizar deuda anterior) mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que este determine, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Ley 2141 —de Administración Financiera y Control. Es decir, se autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda pública con un plazo de hasta 15 años a partir de la fecha de su emisión con una tasa de interés que no podía superar en 5 puntos porcentuales anuales la tasa de interés de los títulos comparables emitidos por el Estado nacional. Para esa época la Argentina pagaba la deuda con el FMI a una tasa de alrededor del 8%, es decir, que se habilitaba a tomar deuda a tasas del 13% ….¡en dólares!. Aunque no había un acceso al mercado mundial de divisas, algunas empresas como YPF Luz emitió deuda en dólares al 9,5% y el propio Banco Provincia del Neuquén lo hizo a una tasa del 9,45% y el préstamos de la CAF fue al 7%, aunque más hacia fines del 2024.
El gobierno optó por acudir a un organismo multilateral de crédito, ante el imposible acceso a la banca privada, ya que la ley Nº 3434 le otorgaba esa opción.
Como puede apreciarse se autoriza la toma de deuda con un plazo de hasta 15 años, por lo que no puede decirse que sea cortoplacista. Sin embargo, uno de los diputados del MPN que ahora impulsa votar la ley que modifica la anterior, lo justificó diciendo que la anterior “se limitaba al corto plazo” y por lo tanto la nueva ley que se aprestan a votar ahora apenas es “aclaratoria”.
La ley que debería ser “aclarada” es la N.º 3540 votada el pasada 13 de noviembre. Por la misma se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir, según la opción concedida, una operación de crédito público con el BID por un monto de U$S 150 millones, con un plazo de hasta 32 años de los cuales 7 años corresponden al período de gracia (no se paga ni un dólar en ese lapso). La tasa de interés sería la de los criterios usuales utilizados y publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la línea de crédito correspondiente.
Este préstamo con el BID y su extenso plazo, contrasta notablemente con el préstamo que en octubre de 2024 se había contraído con la CAF cuyo plazo era de 4 años y medio. Este préstamo de la CAF no se trató en Legislatura, y fue directamente autorizado por decreto provincial, recibió la garantía del Estado nacional (Dcto. 898/2024) y tuvo una contragarantía de parte de la provincia hacia el Estado nacional. Para el gobernador Figueroa, este préstamos tomado en el marco de negociaciones del gobernador con el ministro Caputo, luego un año de paralización casi total de la obra pública, era parte de aquella autorización de endeudamiento por U$S 500 millones.
Allí nace el intríngulis que en estos días se trata de “aclarar” en la Legislatura.
Se incrementa el monto de deuda autorizado
Es por eso que en el artículo 9º de la ley Nº 3540 (votada el mes pasado) “se incrementa en la suma de cien millones de dólares estadounidenses (USD 100 000 000) la autorización de endeudamiento dispuesta por el artículo 1.o de la Ley 3434, a fin de restituir el monto utilizado de ella para la operación de crédito público concertada con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado por el Decreto DECTO 2024-932-E-NEU-GPN, quedando su límite máximo nuevamente fijado en quinientos millones de dólares estadounidenses (USD 500 000 000)”. Nada transparente y más difícil de justificar porque se trata en realidad de una ampliación de la deuda en dólares.
El préstamo con la CAF
En julio del año 2024, según la información oficial de la CAF, su directorio “aprobó un préstamo de USD 100 millones para financiar parcialmente el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén, en Argentina”. Lo cual fue suscripto por el propio gobernador en la sede de CAF en España. En octubre cuando se formalizó la operación el propio gobernador afirmó que “se trata de un crédito que ofrece condiciones ventajosas para la provincia, ya que otorga 54 meses de plazo para la devolución, con una tasa aproximada del 7%”. (MinutoNqn 22/10/2024)
O sea habiendo recibido una autorización a inicios de abril del año 2024 para contraer deuda con hasta 15 años de plazo por U$S 500 millones, el gobierno lo hizo en un plazo mucho más corto que el otorgado.
Figueroa usó con ese préstamo un 20% de la autorización de deuda recibida en abril del año 2024 y lo hizo con un préstamo a cortísimo plazo. Por lo que cuando se autoriza el mes pasado a contraer deuda con el BID por U$S 150 millones a 25 años con 7 años de gracia, el préstamo con la CAF era recontracortoplacista por lo que para recomponer la primigenia autorización de endeudamiento y no mutilar el monto original con lo ya utilizado con la CAF, surgió para el gobierno la necesidad de “aclarar” una ley y ampliar la autorización de deuda, además de sacar al préstamo ya tomado con CAF del monto estipulado en la ley Nº 3434.
Un juego de pases “magicos” parlamentarios, para tapar decisiones financieras acicateadas por la urgencia del nuevo gobierno de “La Neuquinidad” de mostrar obras en curso. Ya analizamos en otro artículo reciente, como esas obras y sus contratistas gozan de la “redeterminación de precios” en forma mensual y acumulativa.
Esta es la madre del borrego, no la supuesta “aclaración” ni la excusa de “encuadrar la autorización otorgada por el artículo 9° de la ley 3540 y adecuarla a la ley 2141, de Administración Financiera y Control”, como dice el comunicado de prensa de la Legislatura.
Esto es una excusa taparrabos. Porque dicha ley autoriza en el artículo 36º inciso 3) a la “contratación de préstamos con instituciones financieras”. Eso es precisamente lo que hizo el gobernador con la CAF.
Tras la derrota electoral de octubre pasado, ahora las/os diputadas y diputados de “La Neuquinidad” y los del MPN se deshacen en explicaciones infundadas.
Las leyes post derrota electoral
A mediados de noviembre pasado, la Legislatura por sendas iniciativas del Poder Ejecutivo votó las leyes Nº 3536 y 3540. Por la primera se autoriza a una operación de crédito público con el BIRF por U$S 150 millones para financiar el “Proyecto de infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo- Fase I”. O sea, cientos de dólares para posibles crisis. No por casualidad para este préstamo con el BIRF la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo que pueda “modificar su destino…para responder a crisis o emergencias”. O sea el creativo nombre del Proyecto a financiar es un taparrabos.
La otra ley votada hace un mes autoriza a otra operación de crédito público con el BID también por U$S 150 millones para financiar el “Programa de desarrollo urbano y mejora del hábitat”. Es esta la ley que quieren “aclarar” ahora. Más que una aclaración se trata de un cambio sustancial. Porque votada la ley como un préstamo del BID, ahora se habilita al gobierno a tomar esa deuda pero no como un préstamo de un organismo multilateral (con años de gracia y tasas muy beneficiosas, como decían), sino a través de la “emisión y colocación de títulos, bonos y otras obligaciones de mediano y largo plazo, constitutivos de un empréstito”.
El “mediano y largo plazo” ya estaba en la redacción de la ley: siete años de gracia y 25 años para pagarse a partir de terminar el plazo de gracia. Eso es largo plazo.
La “aclaración” que se vota es para “ampliar el acceso a fuentes de financiamiento internacional para obtener recursos en condiciones más beneficiosas”, o sea, es un cambio para tomar un endeudamiento emitiendo títulos en el mercado internacional. Ya no sería entonces un préstamo del BID.
En resumen, la provincia amplió su deuda en U$S 100 millones y el Poder Ejecutivo tiene U$S 150 millones para destinar a su antojo y los fondos buitres y bancos intermediarios tienen su negocio con la colocación de los títulos habilitados por la “aclaración”.
Esto sí que es un curro financiero y legislativo entre “La Neuquinidad” y el MPN.
Las deudas contraídas o que se tomen, se deben destinar a los proyectos o programas que le dieron origen. No a la discrecionalidad de un gobierno que lo hace para las petroleras, la patria contratista y los empresarios locales.
