Finalmente, siete meses después de que fuera anunciado, casi tres meses después de presentado en el Congreso y casi dos de contar con dictamen favorable, Diputados convocó a una sesión especial para dar media sanción al devaluado “impuesto a la riqueza“, denominado amigablemente por sus mentores como un aporte solidario. La iniciativa que lleva las firmas de Máximo Kirchner y Carlos Heller llega así depreciada y deshilachada, como un parche para contener el descontento popular creciente por el ajuste fondomonetarista que en estos días cobró cuerpo con el proyecto contra la movilidad jubilatoria y la eliminación del IFE y el ATP.

Su recaudación, en caso de aprobarse sin nuevos recortes, no pasaría los 300.000 millones de pesos. Una suma que desde que fuera concebido el proyecto, en abril, se habrá depreciado en un cuarto de su valor frente a la inflación para fin de año. Medido según la cotización oficial del dólar se devaluó un 30%, y cayó a menos de la mitad según los tipos de cambio paralelos.

 

El banquero Heller demoró cuatro meses en presentar el proyecto en el Congreso, durante los cuales el gobierno “mejoraba” unos 16.000 millones de dólares la oferta para cerrar el canje de deuda con los bonistas. En todo este tiempo transcurrido desde abril, los capitalistas -cuyas riquezas reales están exentas del “aporte”, porque no se toca a las empresas- fueron asistidos con todo tipo de beneficios. Desde la liberación del pago del 95% de los aportes patronales al sistema previsional, la posibilidad de recortar el 25% de los salarios (con otro 50% subsidiado por el ATP), una moratoria impositiva y hasta una baja en las retenciones a la exportación. Solo con la ganancia de haber especulado en dólares los últimos meses los ricos ya podrían cubrir con creces este aporte solidario.

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En paralelo, los trabajadores sufrieron los recortes salariales y los jubilados el congelamiento de la movilidad. En el mejor de los casos, quienes se quedaron sin ingresos recibieron 5.000 pesos por mes, y todo en medio de un tendal de despidos y suspensiones. A su vez, mientras cada vez más trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, cada vez más asalariados pagan el impuesto a las Ganancias. Son estas mismas familias las que cargan con el peso de la recaudación tributaria en el país, empezando por el IVA y siguiendo por Ingresos Brutos -que cobran las provincias. De hecho, los gobernadores estarían acordando con Guzmán que la ley de Consenso Fiscal no reduzca la alícuota de este gravamen -como parte de la reforma tributaria regresiva que delinea con la misión del Fondo.

Si llegara a convertirse en ley, este proyecto de aporte solidario por única vez no solo no modificaría un ápice este esquema impositivo regresivo, sino que solo tendría la finalidad práctica de oficiar de taparrabos del programa de ajuste que se pacta con el FMI. El mejor indicador de ello es que un cuarto de lo recaudado iría a parar a las cuentas de los pulpos petroleros, en el marco de la montaña de subsidios del Plan Gas -que será costeada principalmente con tarifazos a los usuarios y naftazos. Las partidas menores que se destinarían en abstracto al sistema sanitario y al Renabap (registro de barrios populares) no pueden engañar a nadie, en manos de los desalojadores de Guernica y decenas de tomas en todo el país, y de los que proyectan un fenomenal ajuste a la salud en el Presupuesto 2021.

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La citación a sesión especial de Diputados para el martes 17 pretende mostrar que el gobierno mantiene un margen para “políticas progresistas”, luego de votar un Presupuesto 2021 que hasta los ajustadores de Juntos por el Cambio denunciaron como una ley de ajuste. La presunta ala izquierda del Frente de Todos, que ya se había tenido que tragar la brutal represión de Guernica, quedó tan en offside que debió salir a desmarcarse de estas medidas, como si las mismas no formaran parte troncal de la orientación del gobierno de Alberto Fernández.

Desde los afiches de Patria Grande y los tuits de Itai Hagman para reclamar que se trate el aporte solidario, a las quejas de Juan Carlos Alderete (del PCR-CCC) acerca de que “la salida es sin ajuste”, hasta las afirmaciones de referentes de Barrios de Pie y del MTE de que en estas condiciones se ven obligados a volver a manifestarse en las calles; todos los llamados movimientos sociales que fueron cooptados por el gobierno han acusado recibo del creciente malestar de los trabajadores y del reforzamiento de una línea clásica de ajuste a lo FMI. Hasta la burocracia de la CGT salió a cuestionar el proyecto antijubilatorio, aunque acto seguido respaldó las gestiones por un acuerdo “sustentable” con el Fondo.

El falso impuesto a la riqueza tenía dictamen desde fines de septiembre, y el Frente de Todos cuenta desde entonces con los votos necesarios para darle media sanción en Diputados. Fue por decisión del propio oficialismo que se mantuvo cajoneado hasta ahora -al filo del cierre del período de sesiones ordinarias-, y ello por pedido del “empoderado” Martín Guzmán. En ese lapso de tiempo el gobierno se reunió con los popes de la burguesía nacional y se comprometió a otorgarles exenciones varias y subsidios, y comenzó la negociación con la misión del Fondo Monetario declarando que tanto en los dos últimos meses del año como en 2021 el ajuste fiscal será mayor al previsto.

Esto ilustra lo penoso de la campaña de Patria Grande, que monta una campaña con el lema “que no la pongan los pobres ni la clase media…” mientras el gobierno de Alberto Fernández consuma un robo a los jubilados que en los primeros nueve meses del año fue de 72.000 millones de pesos, a la par que pagó a los bancos más 500.000 millones de pesos por intereses de Leliqs y pases pasivos -y por la suba de las tasas pagará el año que viene ¡más de un billón! El “aporte solidario” lo hicimos todo el año los trabajadores, compulsivamente.

El proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda se ubica en las antípodas del “aporte solidario” no solo porque grava de verdad a los capitalistas y pone la recaudación, diez veces mayor, bajo control popular para asistir realmente a la población trabajadora, a la salud, a los sin techo y a los desocupados; sino sobre todo porque se formula como parte de un programa de lucha contra este rumbo de ajuste y saqueo del país, empezando por el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

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