No es casual que, después que YPF anunció nuevas concesiones a sus acreedores para que ingresen al canje de su deuda, hayan aumentado los combustibles por tercera vez en el año para sumar un 8% de incremento en un mes. Salta a la vista que la garantía para la leonina reestructuración de los 6.600 millones de dólares que negocia la petrolera es un ataque al bolsillo de los consumidores, vía naftazos e inflación. YPF arranca el 2021 con aumentos por encima (el doble) de los altos índices inflacionarios que se estiman de enero.

La nueva concesión -la segunda- consiste en comprometer un mayor pago de dólares en efectivo en la oferta de canje de los bonos que vencen en marzo por unos 415 millones de dólares, imposible de afrontar por la sequía de las reservas internacionales del Banco Central. También acorta los plazos de repago en la propuesta general.

Esta sangría, que se traslada al bolsillo popular, ni siquiera garantiza un mayor volumen de inversiones en la producción de hidrocarburos. En Vaca Muerta YPF promete para el presente año (si logra zafar del default) la inversión unos 1.300 millones para revertir el declive, pero es una suma muy por detrás de la ejecutada en años anteriores a la pandemia. Es, además, un factor de crisis de todo el esquema de incentivos a las petroleras para poner fin con la huelga de inversiones y evita la pérdida de divisas por la importación de gas en el invierno.

Esta perspectiva golpea de lleno a las provincias cuyos presupuestos dependen de las regalías petroleras, como es el caso de Neuquén, y redobla la política de ajuste mediante el congelamiento salarial de los trabajadores del Estado y los recortes en salud y educación. Además, echa leña al fuego de la crisis cambiaria. Esto, en medio de un cuadro internacional desolador para el sector, lo cual descarta perspectivas de recuperación ancladas en la exportación petrolera con la que se ilusionaba Alberto Fernández antes de asumir.

La situación de YPF es un testimonio inapelable de los resultados de la trucha reestatización de la que se jactó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Siguió siendo una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York, por lo cual es rehén de los lobos de Wall Street, como se expresa con el desplome de su valor en estos días. La política de la petrolera se fija en acuerdo con los poseedores del 49% del capital social, o sea los fondos de inversión y los grandes especuladores internacionales -algunos de los cuales son también acreedores.

La salida de la nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética, sin indemnización, como parte de un plan económico de los trabajadores que comience por pasar la factura a los responsables de la decadencia económica y el empobrecimiento del país.

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