En estos días el Consejo de la Magistratura dará a conocer el orden provisorio de los postulantes para cubrir los juzgados de primera instancia 6 y 11, que solían ser presididos por Canicoba Corral (quien renunció en 2020) y Claudio Bonadío (murió en 2020).

Estos juzgados federales, en conjunto con otros diez, llevan adelante las causas de corrupción política y empresarial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas algunas muy polémicas y de alto impacto político. El Nº6 lleva, entre otras, la causa Amia y la causa “peajes” de Macri, mientras que en el N°11 tramitan las causas sobre los cuadernos de Centeno y el expediente sobre los 500.000 dólares en el extranjero que tenía el fiscal Nisman.

La elección

La dinámica de elección es completamente antidemocrática y a dedo: implica un examen y tener un bagaje de carrera en el ámbito académico y laboral, y, luego, los mejores puntajes son volcados en un “pliego de mérito”. Después de eso viene la etapa de “impugnaciones”, que consta de entrevistas con candidatos, y, finalmente, el consejo envia la terna al Poder Ejecutivo y este elige los pliegos y luego se remite al Senado de la Nación para la aprobación final. Como queda expuesto es un mecanismo de selección para designar al personal del régimen capitalista.

La designación de los jueces depende de 2/3 de la cámara alta, con lo cual se desprende que gobierne quien gobierne tiene que haber consenso entre los partidos patronales. Bajo el gobierno de Macri se realizó la designación de Rosatti, ministro de Justicia en el gobierno de Néstor, y de Rosenkratz, cuyo estudio defendía a Clarín y las grandes corporaciones del país, lo cual muestra cómo son acomodados a dedo. Otro ejemplo lo vemos con la Procuración General de la Nación, en la cual aún no se pudo designar un nuevo procurador porque hace meses están buscando generar consensos entre el gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio para designar un procurador que les devuelva los favores.

Lawfare

En el debate por la designación de los jueces volvió a emerger el concepto del “lawfare” (persecución judicial) dado que algunos jurados quisieron incorporar la temática al examen pero fue rechazada por el Consejo. No es nuevo que el kirchnerismo se justifique con la “judicialización de la política” por las numerosas causas que se le atribuyen relacionadas a la corrupción, que estarían avanzando derechito a juicio oral con mal pronóstico para Cristina (como ocurrió con Lázaro Báez).

Para el macrismo, con todas las causas que ya tiene (a lo que se le suma el tráfico de armas a los golpistas Bolivianos) se cierra más el cerco judicial sobre ellos, lo cual refuerza la perspectiva de un pacto de impunidad compartida entre los mismos bloques que se disputan (y también reparten) el aparato de administración de Justicia del Estado. El punto acá es que estas camarillas se disputan el control de la Justicia y el Estado para garantizar su impunidad y el desarrollo del programa del FMI en detrimento de los trabajadores.

Revocabilidad y elección popular de los jueces

El desmantelamiento del actual sistema judicial capitalista que opera con servicios de inteligencia, y la mafia en general, es esencial para la clase obrera. Con la perspectiva más general de que gobiernen los trabajadores hay que luchar de forma transicional por la elección popular de los jueces y la revocabilidad de los mismos.

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