El saldo de la crisis abierta con la derrota electoral y el retiro de los ministros kirchneristas del gabinete se cerró, provisionalmente, con el anuncio de un nuevo gabinete cuya figura dominante es el anti-derechos gobernador de Tucumán Juan Manzur. El nuevo gabinete se caracteriza, además, por la permanencia de Martín Guzmán, el hombre clave de las negociaciones con el Fondo Monetario. Ingresa Aníbal Fernández en Seguridad, para actuar en tándem con Sergio Berni, y Julián Domínguez en Agricultura, para garantizar las buenas relaciones con el consejo agroindustrial y con la Iglesia.

La designación del nuevo gabinete fue producto de una transacción política en donde todas las fracciones mostraron su incapacidad de imponerse por sí mismas, y terminaron encumbrando a los personeros del aparato de gobernadores e intendentes. El cuestionado Santiago Cafiero continúa pero en Relaciones Exteriores, lo mismo que Wado de Pedro, que seguirá a cargo del Ministerio del Interior. Sergio Massa, protagonista silencioso en la crisis, se reserva para un recambio de gabinete posterior a noviembre, sin exponerse a una eventual derrota electoral.

Manzur asume la Jefatura de Gabinete en representación del aparato de los gobernadores del PJ. Pugna por conservar el gobierno provincial llevando a su vice Osvaldo Jaldo, con quien está enfrentado, a un cargo nacional. Cristina Fernández impulsó públicamente su postulación en la carta abierta del día jueves. Durante el macrismo, Manzur pactó la reforma previsional (y el esbozo de reforma laboral abortado por las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre) y fue clave en el armado del PJ sin Cristina Fernández. La designación de Manzur no recibió ningún repudio de parte del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades, a pesar de que el Tucumán de Manzur es la provincia donde se fuerza a niñas de 11 años a parir como ocurrió con Lucía, y donde se encarcela por un aborto espontáneo como ocurrió con Belén.

El cambio de gabinete sigue al pie de la letra la carta de “Tucho” Fernández, el arzobispo de La Plata y agente de Jorge Bergoglio, quien criticó al presidente diciendo: “Lo hemos visto muy entretenido con el aborto, la marihuana y hasta la eutanasia”. Manzur es un agente del Opus Dei, en un gabinete donde el peso de la Iglesia se ha reforzado.

El nuevo Jefe de Gabinete es también un operador de primera línea en el proceso de unificación de la CGT, que salió a respaldar a Alberto Fernández pero no dice ni una palabra de la pulverización de los salarios ni de la continuidad de los despidos. La designación de este elemento por parte de Cristina desnuda el carácter reaccionario del kirchnerismo. Los gobernadores siempre formaron parte de su gobierno, pero en el período 2011 – 2015, el kirchnerismo los presentaba como parte de una necesaria “construcción de poder”, apoyando un gobierno de Cristina Fernández. Ahora, su postulación muestra que el kirchnerismo, por sí mismo, carece de peso político para gobernar.

El ingreso de Aníbal Fernández en seguridad es otro capítulo de este gabinete derechista. Fernández termina con la nula gestión de Sabina Frederic y viene a alinear en forma más decidida el Ministerio con el represor Sergio Berni. Las características represivas también son propias de Manzur, cuya policía provincial en Tucumán opera con total impunidad contra las mujeres y la juventud.

Durante la negociación por el nuevo gabinete, el gobernador pro megaminería Sergio Uñac rechazó una nominación, lo mismo que Jorge Capitanich y Gustavo Bordet. Con la continuidad del agente de la Barrick, Alberto Hensel, en la secretaría respectiva, tenemos asegurada la orientación contaminante y depredatoria en el nuevo gabinete, donde también continúa Juan Cabandié.

Otros que permanecen son Matías Kulfas y Claudio Moroni, que vienen negociando con los sectores patronales y la burocracia sindical el paquete de flexibilidad y ataque a los convenios colectivos, en un marco en el que la Unión Industrial reclama una reforma laboral de fondo y la eliminación de las indemnizaciones por despido. Una reforma que estará en debate en el marco del pacto con el Fondo Monetario.

Se mantiene el ministro de justicia y demás funcionarios afines a CFK, lo que apunta a evitar que prosperen los juicios en su contra y salvar su pellejo.

Quien sí fue reemplazado es Nicolás Trotta, una expresión del fracaso total del gobierno en materia educativa: su Ministerio dejó a millones de jóvenes sin conectividad ni dispositivos en medio de la pandemia, por fuera de toda escolarización. Su reemplazante, Jaime Perczyc, viene del riñón de las Universidades del conurbano y fue partícipe desde el Consejo Interuniversitario Nacional (organismo que dirige las universidades nacionales) de la misma política de ajuste contra la educación pública. Parece apuntar a una mayor flexibilización del sistema educativo para abordar la caída de matrícula producto de la crisis social y la pandemia, o sea, un paso más en una política de degradación de la educación pública.

El paquete y el Fondo

La cuestión de fondo es, con todo, la continuidad de Guzmán en el Ministerio de Economía. El gobierno marcha como piedra fundamental de su política a un pacto con el Fondo, que ninguna de las fracciones pone en discusión. El gobierno pagará próximamente 1800 millones de dólares al Fondo Monetario, con los ingresos de la emisión de DEG (Derechos Especiales de Giro), después de haber descartado el uso de esos fondos para abordar la emergencia social. El anuncio del nuevo presupuesto contempla el pacto con el FMI, quiere decir que el gobierno no se plantea ninguna alternativa al mismo. Negocia en condiciones de rehén. El nuevo presupuesto prevé un tarifazo del 44%, mientras dibuja una inflación del 33%, acumulan contradicciones explosivas que se descargarán contra las masas.

En estas condiciones, el gobierno deberá, si quiere pelear un relanzamiento de cara a las elecciones de noviembre, anunciar un paquete de medidas de contención social. El planteo de la carta de Cristina respecto a este punto nace rengo, porque reivindica el presupuesto 2021, que ya fue votado con un ajuste en el gasto social de pandemia. Pero además, el presupuesto 2021 preveía una inflación del 29%, que ya fue ampliamente superada. El gobierno no tiene posibilidad de endeudamiento en dólares para financiar un paquete de medidas que atenúen el ajuste. En cuanto al endeudamiento en pesos, también está condicionado por las dificultades de refinanciar los vencimientos corrientes de deuda, que están creciendo en forma de bola de nieve tanto en el Tesoro como en el Banco Central. Así las cosas, el tardío y seguramente insuficiente paquete de medidas deberá financiar las medidas con emisión monetaria, con un muy alto costo en términos inflacionarios. El supercepo no ha servido para contener la corrida al dólar y la fuga de capitales. Crece la brecha cambiaria, lo cual a su turno, prepara el terreno para una devaluación en regla, que se combina con un vuelta de tuerca en el ajuste que ya está en curso.

Toda la crisis dejó expuestos problemas de fondo. El cristinismo montó una ofensiva hablando de un ajuste al cual contribuyó y que nunca denunció en tiempo real, para terminar pactando la continuidad del Ministro de Economía artífice del mismo. Se trató de una auto-incriminación, porque dejó expuesta toda su responsabilidad en la situación. El gobierno sale de la crisis debilitado. La autoridad política presidencial está golpeada, sin haber terminado tampoco con la parcelación del gabinete. La coalición oficialista abordará quebrada el proceso que se abre.

El nuevo gabinete del Fondo Monetario, la Iglesia, la represión y los gobernadores no tendrá ninguna autoridad para enfrentar a la derecha de Juntos por el Cambio o de Javier Milei. No tiene una sola bandera popular que pueda levantar. Reforzar al Frente de Izquierda, promover que la clase obrera intervenga en la crisis abierta y abrir paso a una salida de los trabajadores, son mas que nunca necesarios frente a este desenlace.