Políticas
5/2/2026
Obligado por la Justicia Milei reglamentó una Emergencia en Discapacidad que no responde a los reclamos
Un triunfo parcial, volvamos a las calles.
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Tribuna Disca
Movilización ante el Congreso.
Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso, el Poder Ejecutivo había emitido un decreto inicial que suspendía su aplicación y devolvía la norma al Parlamento para que se definieran las fuentes de financiamiento. Esta maniobra fue calificada de inconstitucional, utilizando como excusa un superávit fiscal atado con alambre. Se excusaba por el impacto de una ley que costaría entre el 0,28% y el 0,55% del PBI (El Auditor, 20/08/2025), un porcentaje irrisorio cuando Estado resigna este año hasta un 3,5% del PBI en exenciones impositivas y regímenes de promoción económica (El Heraldo, 18/09/2025).
El juez Adrian Gonzalez Carvay había anulado el artículo del decreto que frisaba la aplicación de la ley y ordenaba la aplicación. Es así que el gobierno tuvo que reglamentar la ley a través del decreto 84/2026.
Se establece la nueva Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, y se designa a Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hasta el cierre de la misma, como su titular. Esta secretaría estaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, medida que cuando se anunció fue ampliamente criticada por subordinar todas las áreas que conciernen a las personas con discapacidad (educación, transporte, trabajo, asistencia) a una cuestión meramente sanitaria. Vilches fue quien comandó el despido de trabajadores de la Andis, el cierre de decenas de centros categorizados y la quita de cientos de miles de pensiones. De hecho, tuvo que restituir casi 120.000 pensiones por orden judicial debido a auditorías arbitrarias y violentas, realizadas sin personal calificado y sin considerar criterios básicos de accesibilidad.
El decreto crea la “Pensión No Contributiva Por Discapacidad para Protección Social”, la cual es compatible con el trabajo formal siempre y cuando el ingreso no supere los dos salarios mínimos (un monto inferior a 700.000 pesos). Esto implica la puesta en marcha de más auditorías para verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos, quedando su aplicación a cargo del Consejo Federal de Discapacidad, que preside Vilches.
Se implementa un mecanismo de compensación de emergencia para prestadores (centros, profesionales o transportistas), el cual debe ser solicitado individualmente. El decreto no establece fechas de actualización de aranceles tal como lo indicaba la Ley de Emergencia, dejando la potestad de futuros aumentos en manos de Vilches y el Directorio de Prestaciones Básicas. Además, este Directorio operará bajo un techo presupuestario y tendrá un rol de contralor del cumplimiento de las prestaciones, cuando estas están pagadas de manera atrasada y con importes bajísimos.
Se establece un mecanismo de descentralización de la caja del Sistema Único de Reintegros (SUR), incorporando esquemas de coparticipación con las provincias y CABA. Con esto, el Estado Nacional comienza a desligarse de su responsabilidad, transfiriendo una mayor carga financiera a las cajas provinciales, que no cuentan con el mismo volumen de recursos que la Nación.
Si bien se logró la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya tenía muchos límites, por ejemplo deja por fuera a los talleres protegidos. A eso se suma que la reglamentación fue amañada por el gobierno de Milei, que se posiciona como el auditor de las vidas de las personas con discapacidad y de los trabajos precarizados de los profesionales del sector. Es imperativo que el movimiento de la discapacidad se movilice una vez más para luchar contra el ajuste y todos los ataques que realiza el gobierno.
