Políticas
15/12/2025
Otro golpe del movimiento Disca al gobierno de Milei
La Justicia anuló el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, dándole la razón a todo un movimiento que viene denunciado la inconstitucionalidad de la decisión del Ejecutivo.
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Redoblemos la lucha. Foto: archivo.
Un fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y ordenó su aplicación inmediata en todo el país. La resolución judicial constituye un revés para el intento del gobierno de avanzar por decreto contra una ley votada por el Congreso en 4 instancias, y confirma el carácter profundamente antidemocrático y contra todo derecho de su política hacia el colectivo de discapacidad en particular y hacia toda la clase trabajadora.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada por el Congreso tras el rechazo parlamentario al veto presidencial, lo que obligaba constitucionalmente al Ejecutivo a promulgarla y ejecutarla. Sin embargo, el gobierno dictó posteriormente un decreto -el Decreto 681/2025- mediante el cual buscó congelar su aplicación, alegando razones fiscales y la ausencia de partidas presupuestarias específicas.
Ese intento fue cuestionado judicialmente a través de un amparo colectivo presentado por familias y organizaciones del sector, y el juez González Charvay resolvió que el Ejecutivo no puede suspender una ley vigente por decreto, ya que ello viola la división de poderes y la supremacía constitucional. En su fallo, el magistrado subrayó que los derechos de las personas con discapacidad -salud, educación, rehabilitación y apoyos para la vida independiente- no pueden quedar subordinados a criterios de ajuste fiscal.
Desde Tribuna Disca señalamos que este fallo no es un gesto aislado del Poder Judicial, sino el resultado de la lucha, la organización y la presión del sector que estuvo en las calles incansablemente, frente a un ataque que se inscribe en una política general de ajuste contra los sectores más vulnerados.
La emergencia en discapacidad es una realidad inocultable: prestaciones desfinanciadas, aranceles congelados, pagos atrasados, cierre de dispositivos, precarización laboral de profesionales y miles de personas con discapacidad que ven interrumpidos tratamientos y apoyos esenciales. Frente a este cuadro, el decreto del gobierno buscó directamente licuar una ley de emergencia ya de por sí insuficiente.
Lejos de acatar el fallo, el gobierno anunció que apelará la decisión judicial y, al mismo tiempo, continua instalando el eje de la discusión en que la ley no tiene explicitado sus fuentes de financiamiento. De este modo, pretende trasladar el conflicto nuevamente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y los bloques patronales plantearían de dónde sale el financiamiento para el cumplimiento de la ley
El debate que se abriría en Diputados es una nueva maniobra dilatoria, mientras la emergencia se profundiza. Cada mes sin actualización de aranceles, cada prestación que se cae y cada trabajador que abandona el sistema por salarios de miseria tiene consecuencias directas sobre la vida y la autonomía de las personas con discapacidad.
Este planteo es profundamente reaccionario. El financiamiento de derechos no es una cuestión optativa ni técnica: es una definición política. Recursos existen, pero el gobierno elige destinarlos al pago de la deuda, a los beneficios impositivos al gran capital y al sostenimiento de un régimen de privilegios, mientras no solo descarga el ajuste sobre las personas con discapacidad y quienes trabajan en el sector, sino que aparte toma a la Agencia Nacional de Discapacidad como una caja para engrosar las billeteras ya bastante abultadas de los “empresarios de la salud”. Por eso continuamos planteando la exigencia de que investiguen a fondo las responsabilidades en ese entramado de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno, como lo es la mismísima Karina Milei.
Desde Tribuna Disca advertimos que ninguna discusión parlamentaria puede darse a espaldas del movimiento de personas con discapacidad. La vigencia formal de la ley no alcanza si no se ejecuta, y ningún fallo judicial se sostiene sin organización y lucha.
La defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad está íntimamente ligada a la pelea contra el ajuste general que golpea a trabajadores, jubilados y sectores populares. La discapacidad no puede seguir siendo la variable de ajuste de un gobierno que gobierna para los mercados. Por eso este 18/12 nos sumamos y te invitamos a sumarte a la movilización contra la reforma laboral esclavista que quieren implementar, porque el movimiento Disca es parte de la clase obrera a la que este gobierno no para de atacar.
Llamamos a reforzar la organización independiente, a impulsar la movilización y a intervenir activamente en el debate que se abriría en el Congreso, para imponer que la emergencia en discapacidad se financie con recursos reales y suficientes.
El fallo judicial es una victoria parcial, arrancada con lucha. La pelea de fondo continúa: por presupuesto, por derechos efectivos y por una vida digna para todas las personas con discapacidad.
