La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un informe que da cuenta de irregularidades en la distribución de alimentos a comedores populares por parte del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.

En la Justicia se vienen acumulando denuncias al respecto, pero ha venido primando, al igual que en todos los casos de corrupción gubernamental ($Libra, coimas en la Andis, chanchullos en Anses, vínculos de funcionarios con narcos), una impunidad descarada.

La investigación se enmarca en la causa por el presunto incumplimiento de una cautelar emitida por la Justicia Federal, que exigía a Capital Humano la presentación de un informe sobre el stock disponible y un plan de distribución.

La PIA advirtió sobre "la existencia de remitos sin firma de recepción de los destinatarios, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, inconsistencias en los datos de stock y falta de documentación que permitiera seguir el recorrido de los productos" –desde su compra hasta su entrega (Ámbito, 15/12).

No se sabe qué se hizo, por ejemplo, con la licitación por más de 6.700 millones de pesos hecha mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite de girasol y lentejas.

Otras irregularidades, como retrasos y entregas incompletas, falta de documentación de proveedores o la imposibilidad de saber si la mercadería que figuraba como entregada efectivamente ingresó a los depósitos, también han quedado explicitadas en el documento.

Se trata de toneladas de alimentos que fueron acaparadas por el gobierno, mientras millones de personas pasaban hambre. En una auditoría realizada el año pasado pudo verse cómo la mercadería retenida se impregnaba de olor nauseabundo y se veía afectada por excremento de gato.

Ni bien asumió, Milei y su banda le declararon la guerra a las organizaciones sociales y piqueteras, en un intento por disciplinar y agredir al conjunto de los trabajadores. Como parte de esta política, que también incluyó la persecución judicial de sus dirigentes, decretó el no envío de alimentos a los comedores populares con el objetivo de hacerlos desaparecer de la escena política.

Es que los comedores populares son verdaderos centros de organización y lucha de importantísimas franjas de trabajadores y jóvenes, sobre todo de los más golpeados por la política de ajuste en beneficio de los capitalistas y por la propia crisis económica.

Mientras golpeaba a las organizaciones sociales, firmó convenios con instituciones reaccionarias que operan como un freno a esa lucha, como la Fundación Conin, ligada al Opus Dei, para la organización de la entrega de alimentos.

El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, presentó el documento en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello –con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. Fue este juez quien, a su vez, lo remitió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción, dos instituciones controladas por el gobierno.

Casanello es el mismo que impulsa, actuando como un discípulo de Milei y Bullrich, la persecución contra el Polo Obrero, y que archivó hace un año denuncias de los negociados en Discapacidad. Por eso, la lucha contra el gobierno corrupto debe encararse a través de la organización independiente de los trabajadores.

La pelea contra la persecución hacia los luchadores debe ir de la mano de la pelea contra todo el plan de guerra capitalista que el gobierno impulsa contra la clase obrera. Si pasa, la reforma laboral golpeará muy duro a los desocupados y precarizados que se organizan en los barrios y los comedores, ya que legaliza formas ultra precarizantes y explotadoras del trabajo.

Pettovello, Milei y todos los responsables de semejante agravio contra los trabajadores deben estar tras las rejas.

Presupuesto 2026: la ruta de la catástrofe social y la entrega colonial

-

prensaobrera.com