YPF subió nuevamente los precios de los combustibles en surtidor. En promedio a nivel nacional el incremento es del 3,5%, pero en Capital y el Gran Buenos Aires es del 5%. Se suma a la suba de agosto, que rondó el 4,5% en el interior del país y llegó al 6% en el Área Metropolitana. Como es la que marca los precios de referencia en surtidor, detrás vienen los aumentos del resto de las compañías: Shell ya aumentó en Buenos Aires un 4,8%.

Estamos ante un cronograma de naftazos, que es la antesala de un tarifazo en toda la cadena energética. Tras abandonar el congelamiento que regía desde fines del gobierno de Macri, los combustibles vienen aumentando por encima de la inflación. Y, por supuesto, repercuten en mayores remarcaciones de precios sobre el resto de los productos, sobre un universo de consumidores ya golpeados.

El encarecimiento de las naftas forma parte del plan que se trazó el directorio de YPF, en medio de una aguda crisis de la petrolera de mayoría accionaria estatal. Dentro del esquema figura también la intención de reducir los costos un 30%, esencialmente en base a aumentar la productividad, barriendo con los derechos laborales de los petroleros. Parte de ello fue plasmado en el preacuerdo “para la sustentabilidad y el empleo” firmado por las cámaras patronales y la burocracia sindical petrolera. Tras esta avanzada, las empresas se envalentonaron y desconocen las cláusulas ya pactadas de actualización salarial. La empresa San Antonio, mientras tanto, se jacta de batir récords en la velocidad de perforación en Vaca Muerta.

Los pulpos del sector presionan a su vez por mayores subsidios, en medio de las disputas en torno a un nuevo esquema tras el fin del barril criollo (instrumentado cuando los precios internacionales se hundieron). De hecho, las compañías refinadoras se quejan de que las productoras están exportando todo el crudo, estimuladas por la acentuada baja de las retenciones establecida por el gobierno. En julio y agosto, las exportaciones de Vaca Muerta se ubicaron por encima de los dos millones de barriles al mes. La cámara de los propietarios de estaciones de servicio advierte que por este camino se terminará necesitando importar combustibles refinados.

La otra arista de la cuestión es el gas. El anunciado Plan Gas 4 sería un esquema de jugosos subsidios al sector para revertir la huelga de inversiones, el cual de perpetuarse obligaría a importar grandes cantidades de gas en el próximo invierno (lo que implicaría que se fuguen las divisas que el gobierno quiere conservar para el repago de la deuda). Según trascendió, la fórmula de cálculo de los subsidios podría llevar al precio establecido para la compra del gas hasta un 60% de lo que cotiza actualmente (llegando a los 3,9 dólares por millón de BTU). A la cabeza del lobby se encuentra la propia YPF, cuya menor actividad explica dos tercios de la caída de la producción de gas.

El Plan Gas se complementa con un esquema de tarifazos sobre los hogares. Un fuerte disputa se vive en estos días por la decisión de Metrogas (la mayor distribuidora) de suspender el pago de 7.500 millones de pesos a las productoras, amparándose en que si el Enargas no habilita una suba de tarifas no cuenta con caja para para cumplir con sus obligaciones comerciales. Metrogas es propiedad de YPF.

El gobierno de Alberto Fernández, en suma, aplica el libreto de los pulpos petroleros, que tienen en YPF su vocera. El Presupuesto 2021, de hecho, contempla que desde diciembre se implementen tarifazos “para acompañar el ritmo de la inflación”. Sin embargo, los naftazos y tarifazos con un acicate a la espiral inflacionaria. Los platos rotos los pagan los trabajadores. Las compañías, por el contrario, declararon en medio de las tensiones por el supercepo que ellas no están teniendo inconvenientes al girar sus ganancias la exterior.

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